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El miércoles por la noche se llevó a cabo la ejecución de Joseph Wood, en Arizona. Lo que debía demorar aproximadamente 10 minutos se extendió por casi dos horas, en las que el convicto agonizó sin aire luego de haber sido inyectado con una polémica combinación de drogas, que contiene midazolam como sedante e hidromorfona como analgésico. En medio de su agonía, sus abogados presentaron una moción de emergencia para detener la ejecución, alegando que se estaba violando la Octava Enmienda que protegía a Wood contra un castigo cruel e inusual. Esta fue una “consecuencia previsible del procedimiento de experimentación farmacológica implementado en Arizona, procedimiento que las autoridades rodean de secretismo,” dice Megan McCracken, abogada del Centro de Pena de Muerte de la Facultad de Derecho de la Universidad de California. La ejecución de Wood se llevó a cabo luego de que la Corte Suprema de EE.UU. revocara una sentencia de primera instancia que la había suspendido. Inicialmente, el tribunal de apelaciones del noveno del circuito de EE.UU. había apoyado la petición de Wood de que Arizona revelara sus métodos de inyección letal y la fuente de las drogas utilizadas.