Titulares07 de enero de 2016

En Guatemala, la policía arrestó y acusó a 18 ex líderes militares de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la guerra sucia contra las comunidades indígenas de Guatemala que duró décadas y contó con el apoyo de Estados Unidos. Los ex líderes militares son acusados de haber ordenado masacres y provocado desapariciones forzadas durante el conflicto, en el que murieron más de 250.000 personas. Muchos de los ex líderes militares que fueron arrestados contaron con el apoyo de Estados Unidos, entre ellos Manuel Benedicto Lucas García, un ex jefe del Ejército y el hermano del ex Presidente Romeo Lucas. García había colaborado estrechamente con oficiales militares de Estados Unidos para crear un sistema de guerra en la sierra contra las comunidades indígenas maya de Guatemala, que implicó la decapitación y crucifixión de personas. Los fiscales también levantaron la inmunidad de Edgar Justino Ovalle Maldonado, un ex líder militar que ahora es la mano derecha del Presidente entrante Jimmy Morales. Los arrestos tienen lugar seis meses después de que levantamientos masivos a raíz de un escándalo de corrupción provocaran el derrocamiento del ex Presidente Otto Pérez Molina, que ahora está en prisión. Pérez Molina es un ex líder militar que contó con el apoyo de Estados Unidos durante la guerra sucia. Los arrestos tuvieron lugar un día después de que el Presidente interino Alejandro Maldonado realizara el sorpresivo anuncio de que recortaría el salario mínimo de la industria manufacturera en determinadas áreas. En el video del anuncio el Presidente interino Maldonado parece perder el control y grita a los manifestantes de la oposición “leninistas” y “vagos”.

Un avión con pasajeros guatemaltecos que habían sido deportados de Estados Unidos llegó a la Ciudad de Guatemala, mientras que el Gobierno de Estados Unidos lleva a cabo una campaña nacional de redadas contra familias que huyeron hacia Estados Unidos en busca de asilo. Uno de los solicitantes de asilo que fue deportado, Marvin Solís, dijo que consideraba que se habían violado sus derechos.

Marvin Solís declaró: “Como dice el dicho: por pecadores pagan justos. Entonces hay personas que de verdad se merecen una oportunidad más allá. Y ellos están haciendo redadas y, a raíz de eso, ellos quiebran un poco lo que es el derecho de las personas”.

La empresa TransCanada Corporation entabló una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos por haber rechazado la construcción del oleoducto Keystone XL. El miércoles, la empresa entabló la demanda ante un tribunal federal de Estados Unidos con el argumento de que el rechazo del Presidente Obama del permiso de construcción del oleoducto excedía las facultades que le otorga la Constitución de Estados Unidos. TransCanada también entabló un juicio en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al sostener que la decisión de negar el permiso de construcción del oleoducto es “arbitraria e injustificada”. La empresa solicita una indemnización de 15.000 millones de dólares como parte de la demanda en virtud del TLCAN. En noviembre, el Presidente Obama rechazó la construcción del oleoducto que transportaría crudo de Canadá a Estados Unidos, tras años de haberlo estudiado y como resultado de una de las mayores campañas de los movimientos sociales del país en décadas. Para más información sobre el tema visite nuestra página web democracynow.org/es.

Mientras tanto, en California, el gobernador Jerry Brown declaró un estado de emergencia el miércoles en un barrio de Los Ángeles donde una fuga incontenible de gas metano lanzó más de 68.000 toneladas métricas de gas metano a la atmósfera. La declaración tuvo lugar diez semanas después de que se detectara la fuga. Defensores del medio ambiente lo califican del peor desastre ambiental desde el derrame de petróleo de BP. El metano es un potente gas de efecto invernadero que acelera el calentamiento global. La empresa responsable, Southern California Gas Company, afirma que detener la fuga podría llevar de tres a cuatro meses.

En Texas, el policía estatal Brian Encinia ha sido acusado de perjurio por mentir sobre la detención por una infracción de tránsito de Sandra Bland, la mujer afroestadounidense que fue hallada ahorcada en su celda tres días después de que Encinia la arrestara en julio presuntamente por no haber señalado un cambio de senda. Las autoridades afirman que Bland se suicidó, pero sus familiares contradicen esa versión de los hechos. El miércoles, un gran jurado acusó a Encinia al sostener que no cree su declaración escrita de que sacó a Bland del vehículo por la fuerza para realizar una investigación de tránsito más segura. En las imágenes del arresto tomadas por la cámara del vehículo patrullero se ve a Encinia sacar a Sandra Bland del vehículo por la fuerza y amenazarla con “prenderla fuego”. Más tarde, se escucha a Sandra Bland acusar al policía de golpearle la cabeza contra el suelo. Bland dice que sufre de epilepsia, a lo que el oficial Encinia responde: “bien”. La acusación de perjurio contra Encinia es un delito leve que podría implicar una pena de un año de prisión y una multa de 4.000 dólares. Tras el anuncio del gran jurado, manifestantes condenaron la decisión de solo acusar a Encinia de perjurio y no de agresión.

Una manifestante declaró: “No nos sorprende que le hayan dado un tirón de orejas, que lo hayan acusado de perjurio, pero es doloroso y una bofetada para la familia de Sandra Bland”.

El mes pasado, un gran jurado se negó a presentar acusaciones contra los guardias de prisión por la muerte de Sandra Bland. Sus familiares entablaron un juicio por homicidio culposo.

En China, se suspendió la actividad de la bolsa por segunda vez esta semana tras la caída de las acciones de un 7% en menos de media hora. Fue el día más corto de actividad de la bolsa de China en 25 años. Mientras tanto, los precios del petróleo disminuyeron a su nivel más bajo en más de diez años. Un nuevo informe del Banco Mundial advierte que la economía mundial podría afrontar una “catástrofe” en 2016, al renovarse temores sobre una nueva crisis financiera mundial.

En Libia, al menos 47 personas murieron al explotar un camión bomba frente a un centro de entrenamiento de la policía en la ciudad de Zliten, en el oeste del país. Al menos otras 100 personas resultaron heridas en la explosión en el campamento de entrenamiento al-Jahfal, que había funcionado como base militar durante el régimen del líder libio derrocado Muammar Gaddafi.

Funcionarios afganos afirman que al menos cinco personas murieron el sábado en un ataque estadounidense con avión no tripulado en la provincia oriental de Kunar. El ataque coincidió con la divulgación por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos del nombre del soldado de las Fuerzas Especiales del Ejército que fue asesinado en la provincia de Helmand esta semana. Matthew McClintock, de 30 años, oriundo de Albuquerque, Nuevo México, murió el martes durante una operación afgano estadounidense en la ciudad de Marja. McClintock es el primer soldado estadounidense que muere en Afganistán en 2016. Lo sobreviven su esposa y su hijo pequeño.

En Yemen, Human Rights Watch acusa a las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos de cometer crímenes de guerra luego de que el miércoles arrojaran bombas racimo en vecindarios residenciales de la capital, Saná. Como parte de una serie de ventas multimillonarias de armas en 2015, se informó que Estados Unidos vendió a Arabia Saudí bombas racimo prohibidas a nivel internacional, que se están utilizando en Yemen. Mientras tanto, Irán acusa a Arabia Saudí de atacar la embajada iraní en Yemen en medio de crecientes tensiones entre ambos países tras la ejecución el sábado en Arabia Saudí del clérigo chií, el jeque Nimr al-Nimr, junto a otras 46 personas. Se trató de la mayor ejecución en masa realizada en el país en décadas.

En Estados Unidos, el presidente de la Corte Suprema de Alabama, Roy Moore, ha suscitado críticas tras insistir en que los jueces estatales se nieguen a autorizar licencias de matrimonio a personas del mismo sexo, a pesar del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que legalizó el matrimonio igualitario hace más de seis meses. El miércoles, Moore sostuvo que hasta que la Corte Suprema de Alabama se pronuncie sobre el fallo de la Corte Suprema federal, los jueces del estado deben acatar un fallo judicial anterior de Alabama que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. De obedecer esta orden, en lugar del fallo de la Corte Suprema, los jueces estatales podrían incurrir en desacato. Actualmente, la mayoría de los jueces de Alabama están emitiendo licencias de matrimonio a todas las parejas, independientemente de su orientación sexual, si bien en al menos nueve condados algunos jueces han suspendido completamente los trámites para otorgar licencias de matrimonio a fin de evitar el fallo de la Corte Suprema.

En Nueva York, se inauguran hoy ocho dispensarios de marihuana para uso medicinal. La medida fue adoptada después de que el Gobernador del estado, Andrew Cuomo, promulgara legislación en 2014 para legalizar la marihuana con fines medicinales. Actualmente, casi la mitad de los estados de Estados Unidos permiten a los pacientes utilizar marihuana con fines médicos.

En Michigan, manifestantes continúan exigiendo el arresto del Gobernador Rick Snyder tras el anuncio de que los fiscales federales iniciaron una investigación sobre la contaminación con plomo del agua potable, que causa problemas crónicos en la salud, como pérdida de memoria y dificultades en el desarrollo. La contaminación comenzó luego de que el encargado del manejo de emergencias, que fue nombrado por el Gobernador Snyder en un intento de ahorrar dinero, cambiara la fuente de agua de la ciudad al río Flint, que está contaminado. Los investigadores de Virginia Tech que han examinado el agua del río sostienen que la ciudad podría haber corregido el problema tratando mejor el agua a un costo de tan solo 100 dólares por día. El miércoles, Rick Snyder declaró el estado de emergencia en el río Flint luego de enterarse de la investigación federal. Muchas personas están exigiendo que se inicien acciones penales contra el Gobernador Snyder, ya que lo acusan de haberse enterado del problema mucho antes y de haberse rehusado a adoptar medidas. Correos electrónicos recientemente divulgados muestran que el jefe de personal de Snyder, Dennis Muchmore, alertó al Gobernador sobre el problema de contaminación hace más de seis meses. En un mensaje escribe: “[Los habitantes de Flint] están preocupados, con razón, por los estudios de los niveles de plomo del agua que están recibiendo […] Esta gente está atemorizada y preocupada por los efectos en la salud, y básicamente los estamos ignorando (como estado, no nos estamos solidarizando con su problema)”. El miércoles, la famosa cantante Cher se unió a la multitud de personas que exige el arresto de Snyder al publicar en Twitter para sus casi tres millones de seguidores: “El Gobernador de Michigan es un asesino… #CárcelparaRick”.

En Vermont, la ciudad de Burlington se prepara para un posible caos en un acto del candidato presidencial Donald Trump que tendrá lugar esta noche, luego de que el candidato entregara más de 20.000 entradas gratuitas para un lugar en el que solo caben 1.400 personas. El Jefe de Policía de Burlington, Brandon del Pozo, declaró: “Si Phish diera un concierto en Flynn y entregara 20.000 entradas gratis, cancelaríamos el evento por razones de seguridad pública. Estamos abocados a adaptarnos a la campaña porque el discurso político es la verdadera esencia de la Primera Enmienda”.

En Oregon, la tribu Paiute del Norte ha condenado la actual ocupación de la reserva natural Malheur por parte de una milicia integrada por personas blancas de derecha. El sábado, una autoproclamada milicia de derecha contraria al gobierno, que se autodenomina “Ciudadanos por la Libertad Constitucional”, ocupó la reserva natural en apoyo a dos hacendados que fueron condenados a prisión por provocar incendios que destruyeron tierras federales. Entre los líderes de la ocupación se encuentran Ammon y Ryan Bundy, hijos del estanciero de Nevada Cliven Bundy, que se rehusó durante décadas a pagar las tarifas de pastoreo del ganado en tierras federales y provocó un enfrentamiento con guardabosques federales en 2014. La milicia exige que se “les devuelvan” las tierras de la reserva natural. Sin embargo, los líderes de la tribu Paiute del Norte dijeron que si las tierras han de devolverse a alguien es a la tribu, que tiene derechos sobre el territorio en virtud de un tratado firmado por el gobierno de Estados Unidos hace más de un siglo. El miércoles, Jarvis Kennedy, miembro del consejo tribal, comparó el tratamiento del gobierno federal a los miembros de la milicia armada con la evacuación violenta y forzosa de la tribu Paiute del Norte hace más de cien años.

Kennedy declaró: “Me llamo Jarvis Kennedy. Tengo una pregunta para el mundo, porque todas las miradas están puestas en esta pequeña tribu. ¿Qué sucedería si un puñado de indígenas estuviera ocupando estas tierras federales? No nos sacaron, nos asesinaron y nos despojaron de nuestra tierra. Nos hicieron marchar en la nieve por cientos de kilómetros. Cuando finalmente nos liberaron, no teníamos a dónde ir. Nos habían quitado nuestra tierra. Nos dieron 4 hectáreas en el vertedero de la ciudad. Piensen en eso”.