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En Carolina del Norte, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) entabló una demanda para impugnar una ley de gran alcance que permitiría a los gobiernos locales aprobar legislación discriminatoria contra personas LGTB en instalaciones públicas. La ley, denominada House Bill 2 (HB 2) y popularmente conocida como la “ley de los sanitarios”, es considerada ampliamente como la ley de mayor alcance en contra de las personas transgénero que entraría en vigor este año. La ley fue presentada después de que la ciudad de Charlotte aprobara su propio decreto que intenta proteger el derecho de las personas transgénero de utilizar el baño que corresponda con su identidad de género. En respuesta, la Legislatura de Carolina del Norte acordó realizar una sesión de emergencia de un día, al costo de $42 mil dólares, para impulsar la ley HB2 en todo el estado. A pocas horas de su presentación, el proyecto pasó tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado, a pesar de que los demócratas del Senado se retiraron del recinto en señal de protesta. El gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory, firmó la ley el miércoles a la noche. El lunes, la ACLU anunció que iba a cuestionar la constitucionalidad de la ley.
Hablamos con el abogado de ACLU Chase Strangio acerca del impacto de la ley en Carolina del Norte. “[Esta ley] significa, primero y principalmente, que las persona trans género saben que deben vivir en un estado cuyo gobierno está dispuesto a participar activamente en el acoso y la intimidación”, afirma Strangio. “Pero también significa que las personas trans género ahora están completamente impedidas de participar de la vida pública”; hablamos también con Payton McGarry, estudiante de la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro y querellante en la causa de ACLU contra la ley HB2.
Vea la segunda parte de la entrevista con McGarry y Strangio aquí.
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