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En medio de una campaña electoral marcada por una retórica contra los inmigrantes, analizamos cómo las campañas nacionales afectan las políticas del estado de Arizona. Una cantidad de proyectos de ley contra la inmigración van en este momento camino a la legislatura del estado de Arizona. El jueves, los legisladores de la Cámara de Representantes aprobaron inicialmente una medida que determinaría que los inmigrantes indocumentados condenados por delitos vayan a la cárcel por las penas máximas, sin la posibilidad de libertad condicional o excarcelación anticipada. Otros proyectos de ley que están en consideración en este estado buscan retirar el dinero de las ciudades santuario [es decir, aquellas en las que no se detiene a las personas por su condición migratoria] y prohibirían el uso de fondos del estado para reubicar refugiados. El mes pasado, el gobernador de Arizona, Doug Ducey, firmó otra medida que exige a las personas indocumentadas condenadas de delitos a cumplir una mayor parte de su pena en la cárcel antes de que sean entregados a las autoridades migratorias para su deportación. Para saber más de este tema, hablamos con Isabel García, co titular de la Coalición de Derechos Humanos, con sede en Tucson. García, se jubiló como defensora legal del condado de Pima en julio del año pasado, después de más de 22 años en el cargo.
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