El Senado de Brasil comenzó el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, quien fue suspendida a principios de este año en lo que muchos califican de golpe de Estado. Su suspensión se debe a acusaciones de haber manipulado las cuentas del gobierno para ocultar un déficit presupuestario. El grupo brasileño Transparencia Brasil afirma que 60% de los legisladores brasileños están actualmente bajo investigación penal, o ya han sido condenados por delitos que van desde corrupción hasta el fraude electoral. Rousseff debe testificar el lunes.
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