Titulares26 de enero de 2017

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a implementar una serie de medidas severas de inmigración y contra los inmigrantes indocumentados que viven actualmente en Estados Unidos. El miércoles, en el Departamento de Seguridad Nacional, Trump firmó dos órdenes ejecutivas para comenzar inmediatamente las obras que tienen como fin ampliar el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Se prevé que la expansión del muro costará decenas de miles de millones de dólares. En la última década, Estados Unidos construyó 1.127 kilómetros de vallado e instaló decenas de miles de sensores de movimiento, además de torres de control, radares, drones de vigilancia Predator y miles de agentes policiales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Trump prometió que México pagaría por la construcción del muro, una promesa que fue ampliamente rechazada por las autoridades mexicanas. Estas son las palabras del presidente de México, Enrique Peña Nieto, que amenaza con suspender su visita a Estados Unidos.

Enrique Peña Nieto declaró: “Este día el presidente de los Estados Unidos firmó dos órdenes ejecutivas relacionadas con nuestro país: una para implementar medidas migratorias y otra para extender el muro en la frontera. Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro”.

Trump también ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que contrate 5.000 agentes fronterizos y 10.000 funcionarios de inmigraciones adicionales. Las órdenes firmadas el miércoles implican la reactivación de un programa denominado “Comunidades Seguras”, en el marco del cual las agencias policiales locales comparten información con autoridades federales con el fin de acelerar los procesos de deportación. El ex presidente Barack Obama desmanteló el programa tras años de resistencia por parte de grupos que trabajan por la justicia para los inmigrantes. Las órdenes también eliminan los fondos destinados a financiar las llamadas ciudades refugio. Las medidas de Trump suscitaron críticas generalizadas, no sólo en todo Estados Unidos, sino también de parte de los emigrantes que huyen de la violencia en sus países de origen. Estas son las palabras de Marisol Zamora, una mujer de El Salvador que quiere llegar a Estados Unidos como refugiada, desde un centro de inmigración en México.

Marisol Zamora dijo: “Diga lo que diga él y haga lo que haga, el muro de inmigración va a existir y van a pasar siempre, montones. Diga lo que diga él, él no es la fuerza mayor, la fuerza mayor la tenemos el pueblo”.

Está previsto que Trump firme más órdenes ejecutivas como parte de las duras medidas contra la inmigración, y posiblemente lo haga hoy mismo. El periódico The New York Times informa que un borrador de una de las inminentes órdenes ejecutivas muestra que se prohibiría indefinidamente la entrada de refugiados sirios a Estados Unidos y que se implementaría una moratoria temporal a la entrada de cualquier otro refugiado. La orden también suspendería las inmigraciones desde Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Como respuesta, el senador demócrata por el Estado de Connecticut Chis Murphy tuiteó: “Bombardeamos su país, generamos una pesadilla humanitaria y luego no los dejamos salir. Es una película de terror, no una política exterior”.

Las duras medidas de Trump contra la inmigración despertaron protestas espontáneas en todo Estados Unidos. Miles de personas inundaron el parque Washington Square Park de Nueva York el martes por la noche, portando velas y pancartas con la leyenda “Nadie es ilegal”. También se llevaron a cabo vigilias y protestas frente al edificio municipal de Los Ángeles y en Columbia Heights Civic Plaza, en Washington DC. Estas son las palabras de Debbie Almontaser, presidenta de Muslim Community Network (Red de Comunidades Musulmanas), desde Manhattan, el martes por la noche.

Debbie Almontaser expresó: “Soy una activista comunitaria de la ciudad de Nueva York. También soy una yemení-estadounidense que sigue teniendo una familia en Yemen. Poco tiempo después de la guerra, muchos miembros de mi familia pudieron huir, como mi hija y su esposo. Pero lamentablemente, en este momento, la esposa de mi cuñado permanece en Yemen. Él comenzó los trámites por ella, mientras ella está en Jordania a la espera de los documentos. Pero ahora, con esta orden ejecutiva, dudo bastante de que pueda reunirse con sus dos hijas y su esposo, que ya están aquí”.

Estas fueron las palabras de Debbie Almontaser. Las que siguen son las palabras de otro manifestante, procedente de Sudán.

Shadin Awad dijo: “Mi nombre es Shadin Awad y creo que es bastante irónico que se prohíba, o posiblemente se prohíba, el ingreso de gente de Sudán y de otros países musulmanes en general, cuando Estados Unidos influyó directamente en la privación de los derechos de la gente de esos países. Estados Unidos tuvo un papel directo incluso en el genocidio de Darfur. Creo que es irónico que ahora, muchos años después, digan ‘No los queremos. No los queremos después de que destruimos su país. No los queremos después de que privamos a la gente de sus derechos. No los queremos después de que privamos al mundo de sus derechos’. Como Estados Unidos interferimos, vamos a todas partes, Estados Unidos va a todas partes y luego dice ‘no los queremos más’”.

Tras conocerse las órdenes ejecutivas de Trump, cientos de personas marcharon por las calles de Kensington, Brooklyn –una comunidad predominantemente formada por inmigrantes de la clase trabajadora–, que convocaron a una conferencia de prensa para anunciar la creación de una “zona libre de odio”. El programa de defensa comunitaria es parte de una serie de esfuerzos de grupos de vecinos a nivel nacional que movilizan a los habitantes a organizar su propio sistema de seguridad contra los ataques de odio y la violencia policial. A la luz de la victoria de Trump, los ataques de odio verbales y físicos contra los inmigrantes, las personas LGBT, los afroestadounidenses y las minorías religiosas aumentaron drásticamente. La semana pasada, 27 centros comunitarios judíos a nivel nacional recibieron amenazas de bomba y otros 16 habían recibido amenazas de bomba la semana anterior. Entre otros ejemplos se encuentran la esvástica y la palabra “Trump” que aparecieron pintadas en una secundaria de Cincinnati, Ohio, y en una biblioteca de Northbrook, Illinois.

En Filadelfia, más de mil personas salieron a las calles el miércoles por la noche para participar en una fiesta queer en protesta por la visita de Trump a Filadelfia prevista para hoy. La fiesta era una protesta contra el plan de los republicanos para revocar la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. La invitación a la protesta decía: “Mientras intentan quitarnos la atención médica, controlar los cuerpos de personas afroestadounidenses, queer y trans, regular nuestros cuerpos, estamos aquí para decir ‘somos queer, estamos aquí, vamos a bailar’”.

El miércoles, activistas del grupo Greenpeace colgaron una gran pancarta, de 21 por 10 metros, que decía “RESISTE”, en una grúa ubicada a pocas cuadras de la Casa Blanca. Esta es Nancy Hernández, de Greenpeace.

Nancy Hernández declaró: “Estoy parada en lo alto de una grúa de 91 metros, en el aire, sobre la Casa Blanca, donde acabamos de desplegar una pancarta, y esta pancarta es un mensaje al presente gobierno. Pero más que eso, es una carta de amor pintada a mano para ustedes. Es un mensaje para la gente”.

Un funcionario del equipo de transición de Trump anunció que los estudios científicos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés) ahora tendrán que someterse a una revisión política a cargo del gobierno de Trump antes de ser publicados. La medida es parte de una serie de ataques del gobierno de Trump contra la EPA en los últimos días, incluyendo congelar todas las subvenciones y contratos de la EPA y la imposición de un apagón mediático contra todos los funcionarios de la agencia. El gobierno también ha despojado de prácticamente toda mención del cambio climático al sitio web oficial de la Casa Blanca, WhiteHouse.gov, y se comprometió a eliminar las políticas ambientales de Obama, como el Plan de Acción para el Clima.

Una coalición de organizaciones ambientales y de justicia climática convocó a la “Marcha del Pueblo por el Clima” el 29 de abril de este año, en Washington DC y otras ciudades de todo el país.

Los legisladores republicanos cerraron la investigación sobre el envenenamiento por plomo del sistema de agua en Flint, Michigan. Las conclusiones del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno culparon a los funcionarios estatales, al Departamento de Calidad Ambiental de Michigan y a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). El cierre de la investigación se produjo al tiempo que la alcaldesa de Flint, Karen Weaver, recomendó a los residentes no beber esa agua. Las cañerías con residuos de plomo de la ciudad aún no han sido reemplazadas. En la Marcha de las Mujeres en Washington DC, Democracy Now! entrevistó a Melissa Mays, residente y organizadora comunitaria de Flint.

Melissa Mays expresó: “Tenemos un presidente que dejó muy en claro que no tiene ninguna intención de mantener a la EPA o las leyes sobre limpieza del aire o del agua, lo que nos hace sentir aún peor. El día después de las elecciones nos dijimos: ‘Tuvimos que hacer frente a una batalla cuesta arriba con un gobierno estatal republicano. Ahora tenemos un gobierno federal republicano y no llegaremos a ningún lado’”.

La crisis del agua de Flint comenzó cuando un administrador de emergencias no electo, nombrado por el gobernador de Michigan, Rick Snyder, cambió la fuente del agua potable de la ciudad al contaminado río Flint. El agua tuvo un efecto corrosivo en las cañerías antiguas de la ciudad, causando una filtración de niveles venenosos de plomo en el agua potable.

En Minnesota, los legisladores impulsan un proyecto de ley antiprotesta que permitiría a las ciudades demandar a los manifestantes con el fin de cobrarles por el costo de mantener el orden en las protestas. La legislación fue aprobada el martes por un comité de mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Minnesota y es parte de una serie de proyectos de ley contra las protestas en todo el país, que procuran criminalizar y desalentar las manifestaciones públicas.

En Somalia, dos atentados con bomba en la capital, Mogadiscio, dejaron un saldo de al menos 21 muertos. Otras 50 personas resultaron heridas en las explosiones fuera del hotel Dayah, cerca del edificio del Parlamento. Entre los heridos hay siete periodistas. El grupo militante Al Shabaab se atribuyó la responsabilidad de los ataques. Somalia es uno de los países que se verían afectados por una orden ejecutiva que se espera que Trump firme en los próximos días, con la que prohibirá toda inmigración desde Irán, Iraq, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen por al menos 30 días.

En Afganistán, el fiscal general ordenó el arresto de los guardaespaldas del vicepresidente Abdul Rashid Dostum, después de que otro político dijera que los guardias lo violaron y lo torturaron. Dostum es uno de los caudillos más notorios de Afganistán. Recibió apoyo de la CIA, que a principios de la década de 2000 le pagaba un sueldo. Participó en una masacre perpetrada en 2001 que mató a 2.000 prisioneros de guerra talibanes. Las víctimas fueron presuntamente asesinadas a tiros o asfixiadas en contenedores de camiones metálicos sellados, después de haberse entregado a Dostum y a la Alianza del Norte respaldada por Estados Unidos.