En Dakota del Norte, el principal campamento de resistencia de los protectores lakota del agua que luchan contra el oleoducto Dakota Access, un proyecto valuado en 3.800 millones de dólares, fue prácticamente evacuado en su totalidad luego de que el miércoles se ordenara a los manifestantes abandonar el campamento. La Policía arrestó aproximadamente a diez personas. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y el gobernador de Dakota del Norte habían impuesto una fecha límite para los cientos de protectores del agua que aún viven en el campamento de resistencia. Las siguientes son las palabras expresadas por el gobernador Doug Burgum el miércoles.
El gobernador Doug Burgum afirmó: “Lo que pedimos para mañana es que todas las personas que permanecen en el campamento…, queremos asegurarnos de que sepan que tienen la oportunidad de irse voluntariamente, que pueden tomar sus pertenencias y llevarse todo lo que crean que puede ser culturalmente significativo, y que los ayudaremos a seguir su camino si lo necesitan”.
El miércoles se celebraron ceremonias de plegaria y parte del campamento fue incendiado antes de que comenzara el desalojo. Una adolescente de 17 años resultó gravemente herida por las llamas. Los protectores del agua argumentan que el campamento de resistencia está ubicado en territorio sioux no cedido en el marco del Tratado de Fort Laramie, de 1851, y que tienen derecho a permanecer en sus tierras ancestrales. Todavía permanecen en el campamento un par de decenas de personas.
Un manifestante expresó: “Tengo miedo porque es posible que me arresten y por las consecuencias que pueda conllevar esto, pero creo con todo mi corazón en este movimiento y me arriesgo”.
A comienzos de este mes, los equipos de construcción retomaron las obras en el último tramo del oleoducto, luego de que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgara una servidumbre para permitirle a la empresa encargada de los trabajos, Energy Transfer Partners, perforar por debajo del río Missouri.
El gobierno de Donald Trump revirtió las medidas de protección dirigidas a estudiantes transgénero en las escuelas públicas de Estados Unidos. Esta decisión significa un paso atrás respecto de la decisión sin precedentes de su antecesor, el presidente Barack Obama, de mayo pasado, mediante la cual ordenó a las escuelas públicas que permitieran que los estudiantes transgénero usaran los baños que coinciden con su identidad de género. El miércoles, cientos de manifestantes se congregaron frente a la Casa Blanca para pedirle a Trump que proteja a los estudiantes transgénero. Entre los participantes se encontraba Mara Keisling, del Centro Nacional de Derechos de las Personas Transgénero.
Mara Keisling afirmó: “Ya está sucediendo lo peor. Este hombre está asustando a los niños de todo el país. Realmente están preocupados por ir a la escuela mañana, por ser acosados. Estos niños tienen que ir a la escuela todos los días con la preocupación de que serán acosados por otros niños e incluso por algunos educadores. ¿Y ahora deben preocuparse por ser acosados por el fiscal general de Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos? No está bien”.
Según informes de prensa, en un comienzo hubo diferencias de opiniones sobre el tema en el Despacho Oval, entre el fiscal general, Jeff Sessions, y la secretaria de Educación, Betsy DeVos. El periódico The New York Times informó que inicialmente Devos se negó a aprobar la medida y le dijo a Trump que no se sentía cómoda debido al posible daño que podría causarles la rescisión de las medidas de protección a los estudiantes transgénero. El presidente estuvo de acuerdo con Sessions y presionó a DeVos para que abandonara su posición, que fue lo que hizo posteriormente.
La Casa Blanca afirma que el presidente Donald Trump esperará hasta la semana que viene para anunciar una nueva prohibición contra los refugiados y viajeros procedentes de algunos países con mayoría musulmana. La orden ejecutiva impuesta por el presidente de Estados Unidos el 27 de enero significó la cancelación de miles de visas, lo que dejó varados a muchos pasajeros en todas partes del mundo y suscitó protestas masivas en los aeropuertos antes de que un tribunal de apelaciones federal impugnara la orden. Trump había prometido anunciar una nueva orden esta semana.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, visitaron Ciudad de México el miércoles, en la primera visita de altos funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump desde que su par mexicano, Enrique Peña Nieto, cancelara una reunión prevista con Trump el mes pasado. Tanto Tillerson como Kelly viajaron para intentar mejorar las relaciones con México, luego de que Trump prometiera obligar a ese país a pagar por la expansión del muro fronterizo y luego de que su gobierno anunciara los planes de deportación masiva de inmigrantes hacia México, incluso de personas que no son ciudadanas mexicanas. El ministro de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, rechazó duramente estos planes el miércoles.
El ministro Luis Videgaray sostuvo: “Quiero dejar claro, de la manera más enfática, que el gobierno de México y el pueblo de México no tienen por qué aceptar disposiciones que de manera unilateral un gobierno le quiera imponer a otro. Eso no lo vamos a aceptar porque no tenemos por qué hacerlo y porque no es en el interés de México”.
El ministro de Relaciones Exteriores agregó que México pedirá a las Naciones Unidas que ayude a proteger los derechos de los inmigrantes dentro de Estados Unidos.
En la frontera entre México y Estados Unidos, un hombre de 45 años se suicidó minutos después de ser deportado por guardias fronterizos de Estados Unidos. Los testigos afirman que Guadalupe Olivas Valencia estaba desesperado y gritó que no quería volver a México momentos antes de saltar desde un puente en el cruce fronterizo de El Chaparral, en Tijuana. La familia de Olivas afirmó que era un padre viudo de tres niños y que tenía dificultades para mantenerlos económicamente.
En Texas, funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos retiraron a una inmigrante indocumentada que buscaba refugio y que se encontraba en un hospital para tratarse por un tumor cerebral y la regresaron a un centro de detención. Los abogados de la mujer, una salvadoreña identificada como Sara, afirman que los agentes de inmigración cortaron toda comunicación con su familia y sus abogados y la ataron de manos y tobillos mientras la transferían del hospital al centro de detención con fines de lucro Prairieland, cerca de Dallas. Los abogados afirman que Sara sufre de convulsiones, sangrados nasales y fuertes dolores de cabeza, y que tiene que ser operada para poder seguir viviendo.
En las protestas llevadas a cabo por miles de votantes indignados en las reuniones municipales de todo Estados Unidos se puso en la mira nuevamente a los legisladores republicanos y se cuestionaron las políticas del presidente Donald Trump y del Congreso, de mayoría republicana. En Louisiana, los electores coreaban “¿Dónde está?”, ya que el senador Bill Cassady llegó casi media hora más tarde al foro público. Los manifestantes lo abuchearon mientras defendía sus planes de derogar la Ley de Cuidados de Salud a Bajo Precio. En Arkansas, el senador Tom Cotton fue increpado tras afirmar que Estados Unidos tiene el mejor sistema de cuidados de salud del mundo. Además, se le preguntó por los planes del presidente Trump de expandir el muro en la frontera entre México y Estados Unidos.
Esta es la pregunta de uno de los representados del senador Cotton, un niño de siete años llamado Toby.
Toby dijo: “Donald Trump hace que los mexicanos no sean importantes para las personas que están en Arkansas y que quieren a los mexicanos, como yo, mi abuela y toda la gente de mi país. Y está eliminando todos los parques y a PBS Kids simplemente para construir un muro. No debería hacerlo. No debería. No debería hacer todo esto solo por un muro”.
En Nueva Jersey, el congresista Leonard Lance fue abucheado por los electores luego de prometer recortar los fondos federales destinados a las clínicas que practican abortos. Las agitadas reuniones municipales del miércoles se suman a protestas similares en eventos llevados a cabo por los senadores republicanos Chuck Grassley y Joni Ernst, de Iowa; el congresista de Florida Dennis Ross; la congresista de Tennessee Marsha Blackburn; y el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, de Kentucky.
Miles de páginas de correos electrónicos presentados recientemente revelan que el director de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por su sigla en inglés), Scott Pruitt, colaboró estrechamente con las empresas de petróleo, carbón y gas respaldadas por los hermanos Koch, para revertir las regulaciones ambientales, durante el período en que ejerció como fiscal general de Oklahoma. Los documentos fueron presentados pocos días después de que Pruitt fuera juramentado como nuevo director de la EPA, la agencia encargada de reducir la contaminación y proteger la salud pública. El conjunto de nuevos documentos muestra cómo las empresas de energía elaboraron la redacción para que usara la oficina del fiscal general Pruitt para demandar a la EPA por las regulaciones ambientales. Visite democracynow.org/es para acceder a más información sobre los correos electrónicos de Scott Pruitt y a una entrevista con Lisa Graves, de la organización Center for Media and Democracy, quien logró, juicio mediante, que fueran presentados.
La Corte Suprema de Estados Unidos anuló la condena a muerte de un recluso de Texas el miércoles, tras decidir que su propio equipo defensor había presentado un jurado que hizo comentarios racistas. Duane Buck fue condenado por asesinar a su exnovia en 1996. En su juicio, un psicólogo estatal citado por la defensa declaró que los criminales afroestadounidenses eran más propensos a representar un peligro futuro para la población. Al escribir para la mayoría en una decisión de 6 contra 2, el juez John Roberts falló: “El testimonio apeló a un poderoso estereotipo racial: el de que los hombres negros son ‘propensos a la violencia’”.
En Anaheim, California, surgió un video que muestra a un oficial de policía de Los Ángeles fuera de servicio en el momento en que sujeta a un niño de 13 años por la capucha y lo inmoviliza; a continuación, saca una pistola y efectúa un disparo. Nadie resultó herido en este incidente, que ocurrió el martes y luego de ser capturado en video con un teléfono celular se volvió viral en las redes sociales. El video muestra a un hombre vestido de civil que sujeta a un niño contra su voluntad, que dice varias veces: “déjame ir”. El oficial está rodeado de otros niños que finalmente acuden en ayuda del niño y empujan al oficial sobre una fila de arbustos. Luego se ve al hombre sacar una pistola del cinturón antes de que se escuche un disparo. La policía de Anaheim afirma que el oficial tenía una disputa en curso contra los niños que caminaban en su césped. Tanto el niño, de 13 años de edad, como su hermano, de 15 años, fueron arrestados. El oficial, que se encontraba fuera de servicio y no ha sido identificado, fue interrogado por la policía de Anaheim y puesto en libertad. El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo hoy que se encuentra en licencia administrativa paga. Durante la noche, cientos de manifestantes se reunieron cerca de la casa del oficial, antes de marchar por las calles de Anaheim y bloquear las intersecciones.
En Irak, hoy las fuerzas de seguridad asaltaron el aeropuerto de Mosul y una base militar cercana, en su intento de recapturar la mitad occidental de la ciudad de manos del autoproclamado Estado Islámico (ISIS). Mosul está sitiada desde octubre, cuando las fuerzas especiales estadounidenses se unieron al Ejército de Irak, milicias chiíes y combatientes kurdos en una campaña para recuperar la ciudad que ahora controla el ISIS. Un portavoz militar admitió el miércoles que hubo soldados estadounidenses heridos en los enfrentamientos, pero no dijo cuántos. Algunos grupos de ayuda afirman que prepararon alimentos y suministros básicos para hasta 400.000 civiles que se espera que huyan de estos combates.
Naciones Unidas afirma que necesita recaudar 5.600 millones de dólares –la mayor parte para fines de marzo– con el fin de evitar una hambruna que afecta a 20 millones de personas en Yemen y varios países africanos. El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo el miércoles que la guerra y el cambio climático dejaron a millones de personas en riesgo de morir de inanición en un “mundo de abundancia”.
António Guterres expresó: “Estoy aquí con mis colegas para solicitar la atención del mundo al hecho de que hoy, más de 20 millones de personas en el sur de Sudán, Somalia, Yemen y el noreste de Nigeria están pasando hambre y enfrentando niveles devastadores de inseguridad alimenticia. La hambruna ya es una realidad en algunas partes de Sudán del Sur. A menos que actuemos ahora, es solo cuestión de tiempo hasta que afecte otras áreas y otros países. Estamos enfrentando una tragedia. Debemos evitar que se convierta en una catástrofe. Esto se puede prevenir si la comunidad internacional toma medidas decisivas”.
El país más afectado es Yemen, donde una campaña de bombardeos y un bloqueo naval liderados por Arabia Saudí con el respaldo de Estados Unidos han dejado a más de 14 millones de personas con hambre. Entre ellos hay casi medio millón de niños que sufren desnutrición aguda grave.
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, procura proteger a una alta funcionaria de inteligencia de testificar sobre su papel en la tortura de prisioneros en un centro de detención clandestino de la CIA. En un archivo judicial, el Departamento de Justicia afirma que hará valer un privilegio de secretos de Estado para proteger a la directora adjunta de la CIA, Gina Haspel, de ser llamada a declarar en un juicio civil contra los psicólogos James Mitchell y Bruce Jessen. Estos psicólogos enfrentan una demanda en su contra por supervisar la tortura de cuatro hombres, uno de los cuales murió cuando estaba bajo custodia de la CIA. Haspel presuntamente estaba presente en un centro clandestino de la CIA en Tailandia, en 2002, cuando los interrogadores llevaron a cabo el programa de ahogamiento simulado, golpizas, privación del sueño, hambre y otras formas de tortura del programa de Mitchell y Jessen. Este mes, el exdirector de la CIA confirmó que en 2005 Haspel supervisó personalmente la destrucción de cintas de video que mostraban torturas realizadas en el centro clandestino.
En San José, California, más de 14.000 residentes se vieron obligados a evacuar sus hogares después de que fuertes lluvias causaran el desborde del mayor yacimiento de agua de la región. Algunos vecindarios las inundaciones fueron de tal entidad que los bomberos fueron de puerta en puerta, en botes, rescatando a los residentes atrapados. Se trata de la peor inundación en Silicon Valley en un siglo.
Y Richmond, California, se ha convertido en la primera ciudad de Estados Unidos en solicitar una investigación para determinar si corresponde llevar a cabo un juicio político contra el presidente estadounidense, Donald Trump. La resolución del martes, aprobada por el concejo municipal de Richmond, declara que Trump ha incurrido en una violación de la Cláusula de Honorarios de la Constitución, que prohíbe que las personas con cargos federales acepten pagos de gobiernos extranjeros. Las siguientes son palabras de algunos de los funcionarios de la ciudad que votaron por unanimidad a favor de la resolución de la acusación.
Jael Myrick declaró: “Normalmente, sería raro hablar de… bueno, todo acerca de este gobierno es extraño. Pero sería extraño hablar de juicio político para un presidente a tan solo un mes de haber iniciado su mandato. Lamentablemente, con este presidente, es extrañamente apropiado”.
Jovanka Beckles enunció: “Está realmente muy claro que los residentes de estos Estados Unidos no están alineados con su movimiento de odio, su movimiento de miedo, su movimiento de acoso e intimidación, y su movimiento de decir puras mentiras”.