El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley bipartidista que revertirá las sentencias de prisioneros federales, entre ellas las cadenas perpetuas obligatorias para las personas que hayan sido halladas culpables de un delito grave después de haber sido condenados previamente por dos o más crímenes violentos o delitos graves. También se anulan las sentencias obligatorias para consumidores de drogas no violentos y personas condenadas por delitos relacionados con armas de fuego. Los senadores aprobaron el martes la “Ley del Primer Paso” con 87 votos a favor y 12 en contra, luego de que el proyecto recibiera el apoyo de agrupaciones de todo el espectro político, desde los conservadores hermanos Koch hasta la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). La Cámara de Representantes está preparada para votar un proyecto de ley sobre el mismo asunto, que probablemente será aprobado; el presidente Donald Trump prometió convertirlo en ley. Por otra parte, la “Ley del Primer Paso” pone fin a las disparidades entre las condenas relacionadas con la cocaína en crack y las relacionadas con la cocaína en polvo, una distinción que durante mucho tiempo ha resultado en profundas desigualdades raciales en las sentencias. El proyecto solo afecta a los prisioneros federales, que constituyen menos de 10% de los más de dos millones de prisioneros en todo Estados Unidos. Es una importante prioridad para el asesor principal de la Casa Blanca y yerno del presidente, Jared Kushner, cuyo padre estuvo preso en una prisión federal.
En Washington DC, Estados Unidos, un juez federal postergó la sentencia de Michael Flynn, ex asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, tras expresar indignación ante las mentiras que dijo Flynn a los investigadores federales. Flynn reconoció que mintió sobre la reunión que mantuvo con el embajador de Rusia durante la campaña presidencial de 2016, y admitió que trabajó como agente extranjero no registrado para el gobierno de Turquía. En una audiencia extraordinaria de dos horas de duración, el juez de distrito federal Emmet Sullivan criticó el martes a Flynn por su conducta, señalando la bandera estadounidense en el tribunal mientras decía: “Podría decirse que usted vendió a su país”. El juez Sullivan ofreció postergar la sentencia de Flynn si accedía a continuar colaborando con la fiscalía federal en la investigación del fiscal especial Robert Mueller y en otras investigaciones penales. Flynn accedió al acuerdo, postergando su sentencia al menos hasta marzo. El tribunal retuvo el pasaporte de Flynn y le ordenó que se mantuviera dentro de un radio de 80 kilómetros de Washington DC. En la Casa Blanca, la secretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders eludió las preguntas sobre la comparecencia de Flynn ante el tribunal y se limitó a afirmar que a la Casa Blanca le “preocupa” que Flynn le haya mentido al FBI.
Sarah Huckabee Sanders expresó: “Ciertamente nos preocupa el asunto, pero vamos a dejar que lo determine el tribunal”.
La fundación de caridad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será disuelta bajo la supervisión de un tribunal, en virtud de un acuerdo alcanzado el martes con el fiscal general de Nueva York, quien sostiene que la familia de Trump utilizó la fundación de caridad como alcancía para beneficio propio. La fiscalía sostiene que la Fundación Donald J. Trump brindó muy poco o nada de dinero a la caridad y en lugar de ello fue utilizada como plataforma para impulsar los negocios y las ambiciones políticas de Trump, entre otras cosas mediante una coordinación ilegal con la campaña presidencial en 2016. La fundación de caridad también fue utilizada para alcanzar acuerdos en demandas contra los negocios de la familia Trump, e incluso para comprar un retrato de Donald Trump, valuado en 10.000 dólares, que fue colgado en uno de los complejos de golf de su propiedad. Entre aquellos que brindaron dinero a la fundación de Trump se encuentran los magnates de lucha libre Vince y Linda McMahon, quienes se convirtieron en los mayores donantes de la fundación tras aportar cinco millones de dólares. Más adelante, Trump designó a Linda McMahon directora de la Administración de Pequeñas Empresas. El acuerdo alcanzado el martes prohíbe también que Trump gestione una organización sin fines de lucro durante diez años; sus tres hijos mayores tendrán prohibido trabajar en cualquier organización de caridad durante un año.
La Casa Blanca aparenta haber retrocedido el martes respecto de sus amenazas de paralizar los servicios no esenciales del gobierno de Estados Unidos, a menos que los legisladores otorguen al presidente Donald Trump al menos 5.000 millones de dólares para expandir el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, afirmó que Trump buscará “otras vías” para financiar la expansión del muro, luego de que miembros del propio partido de Trump se echaran atrás ante la posibilidad de que se suspendiera a cientos de miles de trabajadores justo en vísperas de Navidad. Previamente Trump había dicho que se sentiría “orgulloso” de paralizar los servicios del gobierno para que se apruebe el financiamiento del muro fronterizo. Los líderes del Congreso afirman ahora que probablemente accedan a otro aumento a corto plazo de la ley de gastos, por el cual el gobierno será financiado para el nuevo año y para la próxima sesión del Congreso, cuando los demócratas tomarán el control de la Cámara de Representantes.
La madre hondureña que fue fotografiada el mes pasado cuando huía de una nube de gases lacrimógenos lanzados por agentes fronterizos estadounidenses, cerca del paso fronterizo entre Tijuana, México y San Diego, California, solicitó asilo en Estados Unidos. María Meza, una mujer hondureña de 39 años, apareció en una fotografía de la agencia de noticias Reuters que se hizo viral en noviembre. La fotografía muestra a Meza corriendo junto a sus dos hijas a un lugar seguro mientras se esparce una nube de gases lacrimógenos. La fotografía provocó la indignación internacional y puso sobre el tapete las dificultades que enfrentan miles de migrantes que viven en campamentos precarios en Tijuana mientras esperan su turno para solicitar asilo en Estados Unidos, un derecho que está protegido por leyes internacionales. El martes, se les permitió a Meza y a sus cinco hijos solicitar asilo, pero solo después de que los congresistas demócratas Jimmy Gomez y Nanette Barragán intervinieran a su favor. Los legisladores acamparon durante la noche junto con la familia de Meza y otros migrantes sobre suelo estadounidense, cerca del punto de entrada Otay Mesa, rodeados por vallas metálicas y agentes fronterizos que llevaban equipamiento antidisturbios. Las siguientes son las palabras del congresista Gómez.
Jimmy Gómez expresó: “La política estadounidense establece que puedes ingresar por cualquier punto de entrada y ellos deben procesarte. Lo que estamos presenciando aquí es que están diciendo que no tienen capacidad suficiente. Pero ese no parece ser el caso, porque no se le ha permitido entrar a nadie para corroborarlo. De modo que estamos aquí para observar y para asegurarnos de que se estén respetando las leyes estadounidenses e internacionales”.
Mientras tanto, los legisladores demócratas en Estados Unidos exigen respuestas sobre las condiciones que llevaron al fallecimiento de Jakelin Caal Maquín, una migrante indígena guatemalteca de siete años de edad que se encontraba bajo custodia de la Patrulla Fronteriza estadounidense, luego de que fuera detenida a principios de este mes en la frontera entre Estados Unidos y México. El martes, varios legisladores recorrieron la estación de la Patrulla Fronteriza situada en la ciudad de Lordsburg, en el estado de Nuevo México, donde la niña fue detenida poco antes de que su estado de salud empeorara y acabara falleciendo, después de que le subiera la fiebre y llegara a casi 41 grados centígrados. Estas son las palabras de Al Green, congresista por la ciudad de Houston, del estado de Texas.
El congresista Al Green expresó: “Lo que vi en estas instalaciones es increíble e inconcebible. La Sociedad de Prevención de la Crueldad con los Animales no permitiría que los animales fueran tratados de la misma forma en que se trata a los seres humanos en este complejo”.
Visite democracynow.org/es para acceder a más información sobre el fallecimiento de Jakelin Caal Maquín.
El martes en el estado de California, en Estados Unidos, el Departamento de Estado otorgó una exención a la restricción de viaje impuesta por el presidente Donald Trump a la madre yemení de un niño moribundo de dos años, quien podrá ver a su hijo por última vez antes de que fallezca. El pequeño Abdullah Hassan se encuentra en un hospital infantil de la ciudad de Oakland y padece una rara enfermedad cerebral. Tanto Abdullah como su padre, Ali, son ciudadanos estadounidenses, pero la madre, Shaima Swileh, es una ciudadana yemení que reside en Egipto. Swileh es originaria de uno de los cinco países mayoritariamente musulmanes –Irán, Libia, Yemen, Siria y Somalia– cuyos ciudadanos tienen prohibido ingresar a Estados Unidos bajo la orden ejecutiva emitida por el presidente Trump. Actualmente el niño está en coma.
En noticias acerca de los medios de comunicación, más de una docena de compañías retiraron sus anuncios publicitarios del programa “Tucker Carlson Tonight”, luego de que el presentador del canal de noticias Fox News afirmara que los inmigrantes hacen que Estados Unidos sea un lugar “más pobre, más sucio y más dividido”. Carlson hizo ese comentario el jueves 13 de diciembre en su programa, que se emite en el horario de máxima audiencia.
Tucker Carlson expresó: “Tenemos la obligación moral de dejar entrar a los pobres del mundo, nos dicen, incluso si eso hace que nuestro propio país sea más pobre y más sucio y más dividido”.
Tras el escándalo que causó el comentario, compañías como Land Rover, IHOP, Seguros Pacific Life, Ancestry.com y Just For Men retiraron sus anuncios del programa de Carlson. Fox News acusó a agrupaciones de izquierda de “censurar” el programa y señaló que los anunciantes solo reorientaron su patrocinio a otros programas de la cadena.
El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, emitió el martes una nueva reglamentación que prohíbe la venta de los dispositivos conocidos como “bump stocks” –accesorios que permiten convertir los rifles semiautomáticos como el AR-15 en ametralladoras totalmente automáticas–. La prohibición fue aprobada más de un año después de que el atacante armado Stephen Paddock utilizara ese tipo de dispositivos para asesinar a 58 personas y causar heridas a otras 851 en un concierto en la ciudad de Las Vegas. Bajo el cambio de reglamentación, la población estadounidense contará con 90 días para destruir sus “bump stocks” o para entregarlos a los funcionarios de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. El grupo de presión Gun Owners of America (“Propietarios Estadounidenses de Armas de Fuego”, en español) prometió que tomará acciones judiciales para evitar que la ley entre en vigencia.
Doug Ducey, el gobernador del estado de Arizona, en Estados Unidos, nombró a la congresista republicana Martha McSally para cumplir los dos años restantes del mandato del fallecido senador John McCain. McSally es una coronela y expilota de la Fuerza Aérea estadounidense cuya fallida campaña por un escaño en el Senado de principios de este año fue respaldada por el presidente Donald Trump. McSally perdió por estrecho margen con la demócrata Kyrsten Sinema en las elecciones de mitad de período celebradas en noviembre.
En el sudeste asiático, una investigación publicada por la agencia de noticias Reuters reveló que el Gobierno birmano está tomando medidas para asegurarse de que los más de 900.000 refugiados musulmanes rohingyás que huyeron al vecino Bangladesh nunca regresen a sus hogares. Reuters publicó imágenes satelitales que muestran que están construyéndose cientos de casas nuevas en aldeas donde los rohingyás residían antes de que en 2107 el Gobierno de Birmania respaldara una campaña descrita por la Organización de las Naciones Unidas como un “ejemplo claro” de limpieza étnica. Estas son las palabras del refugiado rohingyá Hussein Ahmed, entrevistado desde un extenso campamento situado en la ciudad de Bazar de Cox, en Bangladesh.
Hussein Ahmed sostuvo: “Nuestro futuro está lleno de oscuridad. No estamos seguros de si podremos regresar o no. Si el Gobierno nos devuelve nuestros derechos, entonces podemos volver. Ya hemos dejado nuestro país cuatro veces. Si regresamos y tenemos que volver aquí nuevamente, no es justo, ya que queremos recuperar nuestros derechos como ciudadanos birmanos. No queremos permanecer en este país”.
En China, una nueva investigación publicada por la agencia de noticias Associated Press reveló que el Gobierno chino está obligando a la minoría musulmana uigur a trabajar en la industria manufacturera y alimentaria. Gran parte del trabajo forzoso ocurre dentro de vastos campos de detención situados en la provincia noroccidental de Xinjiang, donde cerca de dos millones de musulmanes se encuentran cautivos. Associated Press halló que parte del trabajo forzoso consiste en la fabricación de productos para la empresa de prendas de vestir Badger Sportswear, que tiene su sede en el estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos. En octubre, China reconoció la existencia de los campamentos para la población uigur, y sostuvo que son parte de los intentos gubernamentales para contrarrestar el extremismo.
En Alemania, los trabajadores de los centros logísticos de Amazon se declararon en huelga durante la atareada temporada de compras por las festividades navideñas. Estas son las palabras del trabajador de Amazon Markus Wolf.
Markus Wolf expresó: “Queremos mejores condiciones laborales y que nuestro trabajo sea respetado, lo que significaría dinero extra para las vacaciones y la Navidad, algo que merecemos”.