Titulares22 de junio de 2018

El ejército de Estados Unidos se prepara para albergar a unos 20.000 menores inmigrantes en bases militares ubicadas en los estados de Texas y Arkansas. Un portavoz del Pentágono declaró que las bases albergarían a “menores extranjeros sin acompañantes”, pero otras fuentes sugieren que las bases podrían ser utilizadas para retener familias enteras, siguiendo la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que puso fin a la práctica de separar a los menores inmigrantes de sus padres en la frontera con México. El jueves, el Departamento de Justicia solicitó permiso a un tribunal federal para modificar un acuerdo que limita la detención familiar a 20 días.

El gobierno estadounidense enfrenta crecientes críticas por no contar con un sistema eficiente para volver a reunir a miles de menores con sus padres tras haber sido separados en la frontera con México. Grupos como el Proyecto de Derechos Civiles de Texas se esfuerzan por localizar a los menores que han sido enviados a centros de detención en todo el país. El grupo representa a más de 300 padres, pero sólo pudo localizar a dos menores hasta ahora. Bob Carey, quien se desempeñó como jefe de la agencia de reasentamiento de refugiados durante la presidencia de Barack Obama criticó duramente al gobierno del presidente Donald Trump y expresó: “Esto es abuso infantil perpetrado por un gobierno”.

En el Capitolio de Washington DC, los legisladores republicanos pospusieron la votación de un extenso proyecto de ley de inmigración, dado que los líderes del partido reconocieron que no contaría con los votos suficientes. La líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, criticó duramente la legislación, que resultaría en la detención indefinida de los solicitantes de asilo y en el otorgamiento de 25.000 millones de dólares para construir un muro militarizado a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Nancy Pelosi* declaró: “El proyecto de ley del presidente de la cámara implementa la agenda de deportación de familias del presidente. Allana el camino para el encarcelamiento a largo plazo de las familias, en condiciones similares a las que ofrecen las cárceles, y no otorga protecciones básicas de salud y seguridad para los menores. El plan republicano es un plan de encarcelamiento familiar. Reemplaza una forma de abuso infantil con otra. Y viola descaradamente los derechos humanos de los menores. ¿Por qué los republicanos piensan que los niños pequeños, traumatizados y aterrorizados en la frontera, no merecen el mismo respeto básico que sus propios hijos?”

Esta mañana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó: “Los republicanos deberían dejar de perder el tiempo en la inmigración hasta que elijamos más senadores y congresistas en noviembre”.

El jueves, sin haberlo anunciado, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, hizo un viaje a un centro de detención para inmigrantes ubicado en el estado de Texas. Al salir de Washington DC llevaba puesta una chaqueta que decía en su espalda: “Realmente no me importa, ¿y a ti?”.

Mientras gran parte de la atención de Estados Unidos se ha enfocado en la frontera con México, esta semana las autoridades de inmigración llevaron a cabo su mayor redada en un lugar de trabajo en la historia reciente. Agentes federales arrestaron a 146 empleados en Fresh Mark, una importante distribuidora de carne en el estado de Ohio. Es la segunda gran redada que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lleva a cabo en Ohio en las últimas semanas.

Por otra parte, el jueves decenas de manifestantes, entre ellos muchos padres y madres con sus bebés, intentaron ocupar la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) en Nueva York.

Eliza Summons enunció: “Soy Eliza Summons. Estamos frente al edificio federal, cerca de Foley Square, donde está la oficina regional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas aquí en Nueva York. Hay otro grupo de padres y madres con sus hijos que han entrado al edificio. Están cantando canciones y presentando demandas”.

Otra manifestante expresó: “Los niños que están encerrados en jaulas no tienen idea de lo que está pasando. Lo menos que se puede hacer es decirles a los padres que van a ver a sus hijos. Probablemente estén consumidos por la preocupación. Aman a sus hijos y quieren saber si están bien. Éramos un refugio seguro para los necesitados, pero ya no lo somos. Espero que sean héroes, tomen medidas pacíficas y amen a los más pequeños”.

Una mujer guatemalteca que vive en Estados Unidos desde hace 13 años anunció que ha buscado refugio con dos de sus hijos en una iglesia de Nueva York, en un intento de evitar ser deportada a Guatemala. Débora Berenice Vásquez, de 32 años de edad, habló con la prensa el jueves.

Débora Berenice Vásquez declaró: “Cuando yo recibí la notificación de que debía dejar este país, se me partió el corazón. Ni siquiera podía pensar en lo que eso podría ocasionarle a mi familia y a mis hijos. Sería algo que nos destrozaría. No quiero ser una madre más que tiene que ser separada de sus hijos. Ahora entiendo lo que sienten las madres que están siendo separadas de sus hijos. Es importante que recordemos que esto no solo está sucediendo en la frontera, sino también en Nueva York, en ciudades, en estados de todo el país”.

Esas fueron las palabras de Débora Berenice Vásquez, transmitidas desde la Iglesia Metodista Unida de Saint Paul y Saint Andrew.

La actriz Cynthia Nixon, candidata a gobernadora de Nueva York, expresó su apoyo a Débora Berenice Vásquez en su búsqueda de refugio.

Cynthia Nixon expresó: “Gracias de corazón por ofrecerle refugio a Débora y sus hijos. Y gracias por darnos a todos un lugar para reunirnos y proyectar nuestra voz como neoyorquinos y decir ‘no, no en nuestro nombre’”.

Durante una entrevista en la Iglesia Metodista Unida de Saint Paul y Saint Andrew, Cynthia Nixon describió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) como una organización terrorista.

Cynthia Nixon opinó: “El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se alejó demasiado de su misión. Se supone que debe mantener seguros a los estadounidenses, pero francamente se ha convertido en una organización terrorista, que aterroriza a la gente que llega a este país”.

En la región de East Pittsburgh, en el estado de Pensilvania, cientos de manifestantes cerraron una gran autopista durante la noche, por cinco horas seguidas, en protesta por el asesinato policial de Antwon Rose, un afroestadounidense de 17 años de edad, estudiante de secundaria. El video del tiroteo muestra que a Rose le dispararon por la espalda cuando intentaba huir de la policía, después de una detención en el tránsito. La policía admitió que Rose estaba desarmado. Este año el joven se habría graduado de la escuela secundaria. El asesinato provocó protestas que se extendieron durante dos días en la ciudad de Pittsburgh.

La manifestante Jeana Marie declaró: “Estamos hartos. Estamos cansados de que nos traten como si no nos diéramos cuenta de que existe el racismo y que estamos siendo asesinados en cantidades masivas, y de que cada vez más policías se envalentonan y matan cada vez más personas negras, y no lo vamos a permitir. Pittsburgh no es una ciudad que lo vaya a permitir”.

En una protesta anterior, un manifestante leyó un poema que Antwon había escrito en 2016 y que trata sobre la brutalidad policial.

El manifestante leyó: “Veo madres enterrando a sus hijos / Quiero que mi madre nunca sienta ese dolor / Estoy confundido y asustado / Hago de cuenta de que todo está bien / Siento que me estoy asfixiando”.

Una nueva investigación publicada en la revista médica The Lancet halló que los asesinatos de afroestadounidenses desarmados cometidos por la policía perjudican de forma directa la salud mental de la población negra en general. Uno de los autores del informe explicó: “Se trata de todas las formas insidiosas en que el racismo estructural puede enfermar a las personas”.

Reality Winner, acusada como denunciante de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, firmó un acuerdo de culpabilidad y tiene previsto cambiar formalmente su declaración, de inocente a culpable, la semana próxima. Winner está encarcelada desde el año pasado en espera del juicio por cargos relacionados con la filtración de un documento ultrasecreto a la revista electrónica The Intercept sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales celebradas en Estados Unidos en 2016. Winner enfrentaba una posible condena de hasta 10 años de prisión por violar la Ley de Espionaje. Los detalles del acuerdo de culpabilidad no se han hecho públicos.

La Casa Blanca propuso fusionar los departamentos de Trabajo y Educación de Estados Unidos en un solo organismo como parte de una reforma radical del Gobierno federal. Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Docentes, condenó la propuesta y declaró: “Estamos extremadamente escépticos ante las motivaciones presentadas, dado lo hostiles que [la secretaria de Educación] Betsy DeVos y el presidente [Donald] Trump se han mostrado con respecto a la educación pública, los trabajadores y los sindicatos. Parece que esta medida es sólo una fachada para proseguir con su agenda, que consiste en luchar contra las escuelas públicas, desmantelar los derechos civiles y las protecciones de equidad, apoyar a las empresas depredadoras de préstamos estudiantiles y explotar a los trabajadores”. La propuesta del Gobierno de Trump también plantea la reestructuración del Servicio Postal estadounidense y una potencial privatización de los servicios de control de tránsito aéreo de la Administración Federal de Aviación y del canal del río San Lorenzo.

La embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Nikki Haley, criticó el nuevo informe del relator especial de Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alston, quien recientemente hizo una gira por Estados Unidos. Haley señaló: “Es visiblemente ridículo que Naciones Unidas investigue la pobreza en Estados Unidos”. El comentario de Haley se produjo pocos días después de que Estados Unidos se retirara del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La semana pasada, Philip Alston fue entrevistado por Democracy Now! para comentar sus hallazgos.

Philip Alston enunció: “Una gran cantidad de personas vive sin contar con lo suficiente para sobrevivir; [se trata de] los 40 millones que viven en la pobreza. Se ha estimado una cifra de 5,3 millones de personas que viven en ‘condiciones del Tercer Mundo’ en este país”.

Más de cien personas fueron arrestadas el jueves en el Capitolio de Estados Unidos, en una manifestación organizada por la Campaña de los Pobres para protestar contra el maltrato que el gobierno del presidente Donald Trump dispensa a los inmigrantes. Entre los arrestados se encuentran el reverendo William Barber y David Goodman, el hermano de Andrew Goodman, un activista por los derechos civiles que fue asesinado en la década del 60. La acción del jueves tuvo lugar en el aniversario de la desaparición, en 1964, de James Chaney, Michael Schwerner y Andrew Goodman, cuyos cuerpos fueron hallados enterrados en una represa de la ciudad de Filadelfia, en el estado de Misisipi, el 4 de agosto de ese año. La Campaña de los Pobres llevará a cabo una gran manifestación frente al Capitolio de Estados Unidos este sábado.

La organización Reporteros sin Fronteras ha solicitado al Parlamento israelí que rechace un nuevo proyecto de ley que se propone penalizar el acto de tomar fotografías o grabar videos de soldados israelíes. Las violaciones de esta nueva ley podrían tener como consecuencia condenas de cinco años de cárcel si la fotografía o el video dañaran la moral de los soldados de Israel, o de 10 años de cárcel si perjudicaran la seguridad del Estado. El proyecto de ley fue presentado en abril, tras la aparición de un video que mostraba a un soldado israelí vitoreando después de dispararle a un palestino desarmado en la Franja de Gaza.

En otras noticias relacionadas con Israel, la esposa del primer ministro Benjamin Netanyahu, Sara Netanyahu, fue acusada formalmente de fraude y uso indebido de fondos estatales. Se la acusa de solicitar servicios de comida por un valor de 100.000 dólares en su residencia oficial. De ser declarada culpable, podría recibir una condena de hasta ocho años de cárcel.