Titulares10 de julio de 2018

El presidente Donald Trump nominó al juez federal Brett Kavanaugh para reemplazar al magistrado saliente de la Corte Suprema estadounidense, Anthony Kennedy. Si se confirma a Kavanaugh se crearía un bloque de cinco jueces de derecha, convirtiéndola en la Corte Suprema más conservadora desde la década de 1930. Los críticos advierten que esto podría conducir a importantes retrocesos en los derechos civiles, las regulaciones ambientales, las medidas de control de armas de fuego, los derechos electorales y los reproductivos, como la posible anulación de la jurisprudencia de Roe vs. Wade, el caso de 1973 por el cual Estados Unidos despenalizó el aborto inducido. El juez nominado para la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, emitió declaraciones el lunes por la noche.

Brett Kavanaugh dijo: “Mi filosofía judicial es clara: los jueces deben ser independientes y deben interpretar la ley, no hacer la ley. Los jueces deben interpretar los estatutos tal como están escritos. Y deben interpretar la Constitución como está escrita, informados por la historia, la tradición y los precedentes”.

Visite democracynow.org/es para ver más información sobre las declaraciones de Brett Kavanaugh.

En materia de inmigración, el gobierno de Trump no cumplirá con el plazo de hoy para reunir a todos los niños menores de cinco años de edad que fueron separados de sus padres en la frontera de Estados Unidos y México por los funcionarios de inmigración, y posteriormente enviados a cárceles y centros de detención de todo el país. El Departamento de Justicia indica que reunirá hoy a casi la mitad de los más de cien niños inmigrantes menores de cinco años, luego de que un juez federal en San Diego aceptara extender el plazo que ordena la reunificación de todos los niños más pequeños. La operación secreta de reunificación de hoy será supervisada por el Departamento de Seguridad Nacional, e implicará el transporte de los niños a cientos de kilómetros en todo el país a lugares no revelados. En total, aproximadamente 3.000 niños siguen separados de sus padres.

Mientras tanto, la jueza federal Dolly Gee, de la ciudad de Los Ángeles, propinó un duro golpe a los esfuerzos del gobierno de Trump para encarcelar de forma indefinida a las familias de inmigrantes, incluidos los solicitantes de asilo. La jueza dictaminó que el gobierno de Trump no puede enmendar el acuerdo de Flores de 1997, que indica que los niños no pueden ser encarcelados por más de 20 días. Todo esto se produce a medida que las protestas a favor de la inmigración continúan en todo el país; como en Ohio, donde 12 activistas fueron arrestados por bloquear una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), en el centro de la ciudad de Columbus.

El presidente Trump volará a Bruselas hoy para la cumbre de la OTAN. Miles de personas se congregaron durante el fin de semana en Bruselas para oponerse a la visita de Trump, y muchos portaban pancartas en las que se leía “Pro-Estados Unidos, Anti-Trump” y “Haz la paz grande de nuevo”. La apertura de la cumbre de la OTAN el martes acontece en momentos en que el Partido Conservador, al que pertenece la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, está en crisis luego de que dos altos funcionarios –el secretario de Relaciones Exteriores Boris Johnson y el secretario del brexit, David Davis– renunciaran el lunes.

En África oriental, las históricas acciones de paz entre Etiopía y Eritrea continuaron el lunes, con los líderes de los países vecinos firmando una “Declaración conjunta de paz y amistad” y declarando el fin del “estado de guerra” de casi dos décadas. Entre 1998 y 2000, Etiopía y Eritrea lucharon en una guerra fronteriza en la que murieron 70.000 personas. Desde entonces, las disputas fronterizas en curso han mantenido a los dos países en un estado de conflicto. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, celebró la noticia de la histórica declaración de paz.

António Guterres expresó: “Creo que la evolución de las relaciones recientes entre Eritrea y Etiopía es una señal de esperanza muy importante; no solo para los dos países y no solo para África, sino para todo el mundo”.

En Afganistán, un atentado suicida con bomba en la ciudad oriental de Jalalabad causó la muerte de al menos 19 personas, entre ellas diez sijs. Al menos 20 personas más resultaron heridas en el bombardeo, que se produjo horas después de que el presidente afgano Ashraf Ghani inaugurara un hospital en Jalalabad. Ningún grupo se ha adjudicado la responsabilidad del ataque hasta el momento.

En Birmania, dos periodistas de Reuters fueron acusados de haber violado la Ley de Secretos Oficiales de Birmania, establecida en la era colonial, y por la que enfrentan la posibilidad de ser condenados a hasta 14 años en prisión. Wa Lone y Kyaw Soe Oo fueron arrestados el 12 de diciembre del año pasado mientras investigaban una masacre cometida en septiembre por el ejército birmano contra los musulmanes rohinyás en la aldea de Inn Din. Estas son las palabras de Wa Lone, hablando el lunes afuera del tribunal.

Wa Lone expresó: “No hemos cometido ningún crimen. Lo que me gustaría decir respecto de la decisión que tomó hoy el tribunal es que no nos rendiremos. La decisión del tribunal no decide que seamos culpables. Aunque nos acusen, no somos culpables. Tenemos la oportunidad para defendernos. En las próximas sesiones, vamos a testificar sobre nuestra inocencia. No temblaremos ante los cargos que presenten contra nosotros”.

En Haití, trabajadores iniciaron el lunes una huelga general, provocando el cierre de la capital Puerto Príncipe, en medio de protestas a nivel nacional contra las medidas de austeridad. Las protestas comenzaron el viernes, cuando el gobierno intentó aumentar significativamente el precio del combustible por orden del Fondo Monetario Internacional. Las siguientes son palabras del manifestante haitiano François Anelson.

François Anelson expresó: “Creo que el presidente de Haití, Jovenel Moïse, debería retirarse debido a su incompetencia, especialmente porque toma malas decisiones. En este caso, debería irse lo más pronto posible”.

En Tailandia, los rescatistas terminaron de evacuar a los 12 integrantes de un equipo de fútbol juvenil y a su entrenador de una cueva subterránea. El grupo estaba atrapado allí desde el 23 de junio. La peligrosa operación de rescate cautivó al mundo entero.

En India, un movimiento ambientalista generalizado en Nueva Delhi obligó al gobierno a abandonar sus planes de talar 16.000 árboles en una ciudad que ya es una de las más contaminadas del mundo. El movimiento popular, que tuvo un mes de duración, fue integrado por miles de personas que participaron en vigilias, sentadas, patrullas de protección de árboles y actividades de forestación. Los residentes también presentaron demandas legales, lo que obligó a un alto tribunal a suspender cualquier actividad de tala de árboles en la ciudad, resolviendo que “no se puede permitir la muerte de Nueva Delhi para dar lugar a proyectos de reurbanización”.

En Estados Unidos, el chofer personal desde hace tiempo del presidente Trump, Noel Cintron, demandó a la Organización Trump, sosteniendo que no recibió el pago por más de 3.000 horas extra en los últimos años. La demanda argumenta que “en una cruel demostración de privilegios y derechos infundados, el presidente Donald Trump, a través de las entidades demandadas, ha explotado y negado el pago de importantes sumas salariales a su propio chofer personal, quien le presta servicios desde hace tiempo”.

Mientras tanto, la Organización Trump busca contratar a 61 empleados hoteleros extranjeros a través del programa de visas H-2B, para realizar tareas de cocina y limpieza en el complejo turístico privado de Trump, Mar-a-Lago, ubicado en Palm Beach, Florida. Si bien Trump ha intentado reprimir significativamente cualquier forma de inmigración a Estados Unidos, durante su mandato se ha extendido el programa de visas H-2B, que beneficia a las compañías que buscan contratar empleados extranjeros para realizar trabajos de temporada y por salarios bajos.

En Virginia, un tribunal federal dio luz verde a una demanda de derechos civiles contra los neonazis y supremacistas blancos que planificaron la concentración del año pasado en Charlottesville, Virginia, en la que una persona fue asesinada. La demanda, presentada por habitantes de Charlottesville, sostiene que los organizadores de la concentración Unite the Right (“Unir a la derecha”, en español) de agosto de 2017 violaron la ley Ku Klux Klan de 1871 y la Ley de Derechos Civiles de 1866. La demanda nombra específicamente a supremacistas blancos prominentes, incluyendo a Jason Kessler, Richard Spencer y James Fields, quien mató a la manifestante antirracista Heather Heyer cuando dirigió su vehículo contra una multitud de contramanifestantes.