Unión Estadounidense para las Libertades Civiles: EE.UU. se comporta como un régimen autoritario al prohibirles a los funcionarios de la Corte Penal Internacional que investiguen crímenes de guerra

AMY GOODMAN: Esto es Democracy Now! Somos Amy Goodman y Juan González.

JUAN GONZÁLEZ: Vamos a hablar ahora de la decisión del Gobierno de Trump de prohibir el ingreso a Estados Unidos a investigadores de la Corte Penal Internacional (CPI). En septiembre de 2018, el asesor de seguridad nacional de EE.UU. John Bolton había amenazado con imponer sanciones a los jueces de la CPI si seguían investigando presuntos crímenes de guerra cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán. En un informe de la CPI de 2016 se acusaba al ejército estadounidense de torturar al menos a 61 presos durante la guerra en Afganistán. En el informe también se acusaba a la CIA de someter al menos A 27 presos a prácticas de tortura, entre ellas la violación, en los centros de detención de la CIA en Afganistán, Polonia, Rumania y Lituania. El secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció el viernes que Estados Unidos comenzará a negar visados a miembros de la CPI que puedan estar investigando presuntos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas armadas de Estados Unidos en Afganistán.

SECRETARIO DE ESTADO MIKE POMPEO: Estados Unidos se viene negando desde 1998 a unirse a la CPI, organismo que tiene poderes procesales extensos por los cuales no tiene que rendir cuentas y eso representa una amenaza para la soberanía nacional estadounidense. Tenemos la firme decisión de proteger al personal militar y civil estadounidense y de las fuerzas aliadas, y evitar que vivan con temor a las acusaciones injustas por acciones que se tomaron para defender a nuestra gran nación. Temíamos que dicha corte pudiera, en algún momento, iniciar juicios contra estadounidenses por motivos políticos, y nuestros temores se vieron justificados.

En noviembre de 2017 la fiscal de la CPI solicitó aprobación para iniciar una investigación sobre “la situación en Afganistán”, la cual podría dar lugar a procesamientos y sentencias ilegítimas contra personal estadounidense. En septiembre de 2018 el gobierno de Trump advirtió a la CPI que si intentaba realizar una investigación sobre personas estadounidenses habría consecuencias. Tengo entendido que la solicitud de la fiscal para llevar a cabo una investigación continúa pendiente.

Por lo tanto, en el día de hoy, de acuerdo con la autoridad legal existente para emitir restricciones a los visados de cualquier persona extranjera “cuya entrada o actividades en Estados Unidos pudieran tener, potencialmente, graves consecuencias adversas para la política exterior”, anuncio la implementación de una política de restricción de visados estadounidenses para aquellos individuos directamente responsables de cualquier investigación de la CPI sobre el personal de Estados Unidos. Esto afecta a las personas que inicien o hayan iniciado acciones para solicitar o ampliar dicha investigación. Estas restricciones a los visados también pueden ser útiles para disuadir iniciativas de la CPI de investigar al personal de las fuerzas aliadas, como ser el personal israelí, sin el consentimiento de los países aliados.

AMY GOODMAN: Escuchábamos al secretario de Estado, Mike Pompeo. Para ampliar la información sobre la decisión de Estados Unidos de negar visados a las personas involucradas en la investigación de la Corte Penal Internacional, nos acompaña Jamil Dakwar, director del Programa de Derechos Humanos de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). Bienvenido de nuevo a Democracy Now! Es un gusto tenerte en el programa. ¿Qué opinas de este anuncio?

JAMIL DAKWAR: Bueno, creo que esto no tiene precedentes. Es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos impone una prohibición de ingreso a jueces y fiscales extranjeros, integrantes de uno de los organismos judiciales internacionales más respetados del mundo. No encontramos ningún precedente en el pasado de una acción de este tipo. Y no se queda solo en eso. También están diciendo que cualquier persona que haya colaborado con la CPI, que haya trabajado o vaya a trabajar con la CPI para que se investigue, para que no quede impune la situación de Afganistán, en particular respecto a la perpetración de crímenes de guerra por parte de Estados Unidos, esa persona estará sujeta a las mismas restricciones para solicitar un visado. Bueno, ésta es una medida de un país que actúa como un régimen autoritario. Es lo que se hace al acallar la disidencia, al perseguir a quienes no están de acuerdo contigo, al tratar de castigar, tomar represalias e intimidar a quienes tratan de hacer que rindas cuentas por tus actos, al usar tus poderes para limitar su capacidad de actuar. Y eso es realmente muy indignante y muy preocupante para nosotros, que se esté llegando a este nivel.

Pero también muestra el modo en que viene actuando este gobierno. O sea, el poder ejecutivo amenazó con procesar a jueces y fiscales de la CPI por hacer su trabajo, y por hacer el trabajo que Estados Unidos debería haber hecho, es decir, investigar de una manera veraz y minuciosa, los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra en Afganistán, entre ellos el uso de centros clandestinos de detención, que no solo funcionaron en Afganistán. Un aspecto importante de la investigación —o de la investigación pendiente, porque aún no ha sido autorizada en su totalidad por la Sala de Cuestiones Preliminares— es que no solo abarcaría lo que sucedió en Afganistán, sino también en otros tres países vinculados al conflicto en Afganistán, que son Polonia, Rumania y Lituania, que son Estados miembros de la CPI. Se integraron en… están desde el año 2002, cuando este tribunal entró en funciones. Así que bueno, ya veremos cómo se desarrolla esto. Hasta el momento, estamos muy contentos por cómo han respondido en los últimos días los miembros de la CPI, en particular los países europeos, han sido muy contundentes en su condena a las medidas del gobierno de Trump, en la defensa de la independencia y legitimidad de la corte, y en afirmar que cualquier acción para disuadir el trabajo de fiscales y jueces no es aceptable y será rechazada por los aliados de EE.UU., particularmente en Europa.

JUAN GONZÁLEZ: Bueno, quisiera preguntarte: Esto refleja una tendencia general del gobierno de Trump. El año pasado, Estados Unidos se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y ha rechazado más de 20 solicitudes de reporteros especiales de dicho organismo que investigaban diferentes situaciones de violaciones de derechos humanos. Pero esto va un paso más allá. No se trata solo de negarse a cooperar. Lo que se está haciendo, de hecho, es castigar a las personas que están tratando de llegar a saber qué ha sucedido. Entonces, ¿qué se puede hacer en respuesta, por parte de la comunidad internacional, a lo que el gobierno de Estados Unidos está diciendo, que es básicamente “Nadie tiene derecho a juzgar lo que hacemos en el extranjero”?

JAMIL DAKWAR: Bueno, en primer lugar, comencemos con lo que dijo el secretario Pompeo. Dijo que es un ataque a nuestra soberanía. No veo que nadie haya atacado la soberanía estadounidense. Esta investigación está bajo la jurisdicción de la la CPI por la soberanía de Afganistán, que se unió a la CPI en mayo de 2003 y firmó el acuerdo según el cual de haber crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio (estos son los peores crímenes que se definen en el estatuto de la CPI (o su tratado) que entrarían en la jurisdicción para la corte. Entonces, esto no tiene que ver con la soberanía de Estados Unidos. Tampoco tiene que ver con proteger los derechos constitucionales de ciudadanos estadounidenses que podrían ser juzgados en el extranjero. Eso no es algo que suceda una y otra vez… Si alguien comete un crimen en el extranjero —podría suceder en cualquier parte del mundo— los países cuyas leyes penales haya violado esa persona podrían iniciar acciones legales en su contra. De modo que no hay tal cosa como un ataque o negación de la soberanía estadounidense.

Lo segundo que dijo el secretario Pompeo es que no hubo consentimiento de los gobiernos que estan… para que sus ciudadanos fueran procesados o investigados por la CPI en el futuro. ¿Desde cuándo los criminales de guerra tienen que dar su consentimiento para que se investiguen sus delitos? Eso es inaudito. Por lo tanto, este tipo de ataques, como ustedes decían, son punitivos, son usados como represalias. Están intentando enviar un mensaje claro que va más allá del personal de la CPI, a quien afecta en particular. En realidad, las consecuencias de estas medidas van más allá de la situación de Estados Unidos, de los funcionarios del gobierno de Estados Unidos que encargaron, ordenaron o ejecutaron actos de tortura en Afganistán y en otros lugares. Es realmente una seria amenaza para el sistema que hemos creado. Estados Unidos asumió la responsabilidad, después de la Segunda Guerra Mundial, tras el horror del holocausto, de crear sistemas para luchar contra la impunidad, para poder luchar contra los peores crímenes. Y ahora EE.UU. encabeza el ataque contra los jueces que llevan adelante dicho trabajo. ¿Y qué países lo alientan? Lo alientan Sudán, Burundi, Filipinas.

JUAN GONZÁLEZ: Filipinas, que también acaba de salir de la Corte Penal Internacional, hace pocos días. Pero también quisiera preguntarte otra cosa. Esto debe indicar que hay un temor real de parte del gobierno de Estados Unidos sobre esta investigación que lo lleva a tomar este tipo de medidas tan drásticas. ¿Podrías contarnos algunos de los hallazgos preliminares de la CPI en cuanto a los crímenes de guerra cometidos?

JAMIL DAKWAR: Primero, es importante resaltar que esta corte, la CPI, es un tribunal de última instancia, lo que significa que no interviene para investigar cualquier crimen definido por el Estatuto de Roma, de la CPI. En realidad lo que hace es esperar a ver qué están haciendo o qué han hecho al respecto los países que la integran en cuanto a la investigación de estos crímenes. Y ese es un punto importante, porque la gente piensa que la CPI, fue… que interviene de inmediato, que automáticamente abre una investigación. Eso no es cierto.

En el caso de Estados Unidos, la investigación sobre lo que pasó en Afganistán duró más de una década, realizándose el denominado examen preliminar. Y éste se basó en información disponible públicamente. La fiscal de la CPI no utilizó sus plenos poderes en esta investigación, sino que se basó en informes de los medios de comunicación, informes de la ONU, informes de otras ONGs, etc. Y sí, una vez que se llega a la conclusión de que hay una razón para creer que se cometieron crímenes establecidos por la CPI, y que esta corte tiene jurisdicción sobre el conflicto —así como otros requisitos, como admisibilidad e interés de la justicia— entonces se… Porque esta investigación fue iniciada por la oficina de la fiscal, para continuar necesita obtener la autorización de la Sala de Asuntos Preliminares, una cámara conformada por tres jueces de la CPI, que examinan todas las pruebas.

Las pruebas que ella ha presentado se basan en gran medida… Bueno, no tenemos acceso a esa información pero creemos que es evidencia basada en el informe del Senado de EE.UU. sobre torturas, una investigación bien documentada sobre el Programa de detención e interrogatorio de la CIA, sobre la intervención de dicha agencia en los más brutales y espantosos actos de humillación y tortura contra gente detenida. Este informe sobre tortura, presentado en diciembre de 2014, básicamente hizo que… Puso a las autoridades estadounidenses sobre aviso de qué pasaría si Estados Unidos no tomaba medidas respecto del contenido desclasificado del informe… porque el informe en sí, en su totalidad, aún está clasificado, así que ni siquiera podemos saber lo que dice en detalle, porque tanto bajo el mando de Obama como bajo el mando de Trump, el poder ejecutivo estadounidense se viene oponiendo a su desclasificación. Pero con lo que está disponible públicamente es suficiente para justificar la apertura de una investigación.

De modo que la fiscal examinó esa información. Analizó lo que Estados Unidos ha hecho para que sus funcionarios rindan cuentas por sus actos, tanto a nivel del ejército como a nivel de la CIA y de toda la cadena de mando, lo que significa tener en cuenta no solo a los funcionarios y personal militar de bajo rango, sino también a personas en cargos de toma de decisión que autorizaron estas políticas. En el gobierno de Bush hubo dirigentes del más alto nivel de la Casa Blanca que ordenaron este programa de tortura. Así que desde la CPI analizaron qué se había hecho en el gobierno de Bush y en el gobierno de Obama para investigar estos crímenes, y llegaron a la conclusión de que no había investigaciones creíbles. Y por eso que están interviniendo ahora.

Y lo están haciendo porque es importante para el estado de derecho. Es importante para defender los principios internacionales contra la impunidad. Y también es una oportunidad para que las víctimas de tortura declaren ante un tribunal. Y creo que ahí, sobre todo, es donde radica la importancia de estos procedimientos, y es algo que está dejando de lado en todo lo que se está haciendo para responder a Pompeo.

AMY GOODMAN: Los psicólogos James Mitchell y Bruce Jessen podrían estar implicados en esta investigación, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Ellos obtuvieron decenas de millones de dólares por diseñar el programa de tortura de la CIA?

JAMIL DAKWAR: Estos dos individuos, que tienen su práctica privada como psicólogos, fueron contratados por la CIA después de los ataques terroristas del 11 de septiembre para ayudar a implementar… para diseñar e implementar un programa de tortura. Ellos crearon, en base a una pseudociencia (realmente, una ciencia poco seria), una teoría sobre cómo quebrar a detenidos y a sospechosos de participar en los atentados del 9/11. Hay pruebas claras, que hemos expuesto en nuestra demanda judicial, la demanda de ACLU contra estos dos individuos que se resolvió hace un par de años, que muestran que esto, que la información en la que se basaron, su base científica estaba realmente fuera de… cualquier cuestión científica… y que su verdadero propósito era coaccionar y llevar a los detenidos a decir cosas que quizás no habían hecho. Y de hecho, creo que el… Bueno, el informe del Senado sobre el programa de tortura ha confirmado que el programa en su totalidad no solo fue costoso sino también inefectivo, pero que además fue… la forma en que se presentó fue engañosa como si esos dos individuos… Bueno, ellos dos obtuvieron más de 80 millones de dólares por este programa.

Y sus acciones, como individuos que actuaron en nombre del gobierno de los Estados Unidos, también podrían ser parte de la investigación de la CPI, si esta se autoriza. No sabemos qué investigaciones sobre individuos serán autorizadas, pero creo que ellos serían candidatos muy posibles. Esto también afectará, creo, en el futuro, a otras personas que participaron… especialmente en la peor parte del programa de tortura de la CIA. Eso no significa que la CPI se apresurará, insisto, a priorizar la investigación y procesamiento de funcionarios estadounidenses. Creo que se están investigando también otros delitos vinculados con el conflicto en Afganistán, especialmente los crímenes cometidos por el Talibán y las fuerzas armadas afganas contra la ciudadanía y la población civil afgana.

Ahora, el verdadero gran desafío para la CPI es que ninguna de las partes involucradas —ni el gobierno afgano, ni el Talibán, ni el gobierno de Estados Unidos— está dispuesta a cooperar con la investigación. Así que el verdadero desafío es cómo hara la CPI, si la investigación avanza, para realmente llevar a cabo procesos sólidos, basados en… sin ningún tipo de cooperación de parte de estos grupos, de los países.

AMY GOODMAN: Y una pregunta más, muy rápidamente. Pompeo también mencionó a Israel, qué pasaría si la CPI dice que va a investigar a Israel.

JAMIL DAKWAR: Sí. O sea, en su declaración el secretario no solo mencionó la cuestión de que funcionarios estadounidenses sean objeto de una posible investigación por parte de la CPI. También se refirió a los aliados de Estados Unidos y en particular a funcionarios israelíes. Hay una investigación aparte, llamada “La situación de Palestina”, que de hecho no fue iniciada por la fiscal. Fue una petición, referida por parte de Palestina para investigar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en el contexto de la lo sucedido en Gaza en la guerra de 2014 y los recientes ataques contra manifestantes en la frontera de Gaza, así como la situación de los asentamientos en Cisjordania y en qué medida violan el estatuto de la CPI. Así que también esta cuestión podría tener un impacto, en nuestra opinión, en defensores de derechos humanos, abogados de derechos humanos, que están trabajando para que, en este caso, funcionarios israelíes rindan cuentas ante la CPI. Aquí también se podrían aplicar restricciones en sus visados.

Entonces es un problema muy serio que debe ser tratado por el Congreso de Estados Unidos, en particular por el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Hicimos una presentación amparada en la Ley de la Libertad de Información solicitando el fundamento jurídico de esta política. El gobierno de Estados Unidos se está negando. Así que probablemente presentemos una demanda judicial para exigir que se revele esta información. Porque en realidad esta investigación no busca perseguir a cada estadounidense que haya servido en el ejército. No se trata de eso… no es lo que se está planteando. De lo que se trata, verdaderamente, es si se va a cerrar una investigación legítima sobre crímenes de guerra. Si se pretende impedir el escrutinio, de impedir que se ejerza el derecho internacional y de dar, no solo a funcionarios de Estados Unidos, si no también de otros países, la inmunidad y la impunidad de las que ya vienen gozando hace años. Y eso está alentando a otros regímenes, que en los últimos meses se han retirado felizmente de la CPI, como lo hizo Filipinas hace justo un año, cuya retirada se hizo efectiva hace un par de días.

AMY GOODMAN: Jamil Dakwar, queremos agradecerte por acompañarnos. Director del Programa de Derechos Humanos de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.

JAMIL DAKWAR: Gracias.

AMY GOODMAN: Después de la pausa, analizaremos la estrecha relación que hay entre el gobierno de Trump y la empresa Boeing.

Segmento traducido por Iván Incapié. Editado por Verónica Gelman y Democracy Now! en español.