Titulares11 de abril de 2019

El fundador de la organización WikiLeaks, Julian Assange, fue arrestado este jueves. Horas atrás, la policía británica lo sacó por la fuerza de la embajada de Ecuador en Londres, en donde había estado refugiado desde 2012. En una declaración, la policía afirmó que Assange fue arrestado “bajo la orden judicial emitida por el Tribunal de Magistrados de Westminster el 29 de junio de 2012, por no haberse entregado al tribunal”.

WikiLeaks afirmó por medio de Twitter que la policía británica ingresó a la embajada por invitación del embajador de Ecuador, y que el país sudamericano le puso fin a su asilo político “infringiendo leyes internacionales”.

El jueves de la semana pasada, WikiLeaks advirtió que Assange podría ser removido pronto del lugar y publicó en su cuenta de Twitter: “Una fuente de alto nivel del Estado ecuatoriano ha dicho a @WikiLeaks que Julian Assange será expulsado en ‘horas o días’, usando el escándalo #INApapers de empresas offshore como un pretexto, y que Ecuador ya alcanzó un acuerdo con el Reino Unido para su arresto”. A principios de esta semana, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, acusó a Assange de filtrar fotos privadas de su familia y de violar los términos del asilo, pero negó la inminente expulsión de Assange a la que hacía referencia el tuit de WikiLeaks.

Assange se refugió en la embajada ecuatoriana en 2012 para evitar ser extraditado por las autoridades británicas a Estados Unidos, donde podría ser procesado en el marco de la Ley de Espionaje. Las autoridades británicas afirman que el arresto está vinculado a la solicitud de extradición de Estados Unidos y confirmaron la cooperación de Ecuador, pero también prometieron que Assange no sería extraditado a un país en donde rija la pena de muerte. Visite democracynow.org/es para obtener más información sobre el arresto.

En Sudán, los manifestantes estallaron en celebraciones luego de que se diera a conocer la noticia de que el presidente Omar al-Bashir fue obligado a renunciar, presuntamente destituido por las fuerzas militares y puesto bajo arresto domiciliario, poniendo fin a sus tres décadas de gobierno autoritario. Esto ocurrió tras meses de protestas que exigían la renuncia de Al-Bashir. Desde el sábado los manifestantes llevaban a cabo una masiva protesta pacífica en la capital, Jartum.

Además, durante el fin de semana se congregaron frente al cuartel militar, que es también la residencia de Al-Bashir, en medio de informes de ataques con gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento lanzados por las fuerzas de seguridad. Informes realizados en el lugar señalan que algunos soldados se alinearon con los manifestantes, lo que restó apoyo militar a Al-Bashir. Agrupaciones de defensa de los derechos humanos sostienen que más de 50 personas han sido asesinadas desde diciembre, y el Gobierno ha sido acusado de encarcelar a cientos de activistas y críticos del presidente, así como de cerrar las oficinas de prensa y prohibir a los periodistas extranjeros la cobertura del levantamiento.

Según una declaración del ministro de Defensa de Sudán, transmitida por televisión en la mañana del jueves, el Ejército sudanés instaló un consejo militar de transición que gobernará durante dos años.

En una audiencia ante el Senado de Estados Unidos que tuvo lugar el miércoles, el fiscal general, William Barr, dijo a los legisladores que cree que las agencias de inteligencia espiaron a la campaña presidencial de Donald Trump en las elecciones que se celebraron en 2016, y que ordenará una revisión de cómo se condujo la investigación de contrainteligencia sobre la campaña de Trump y la posible intervención de Rusia. Legisladores demócratas afirmaron que las declaraciones de Barr demostraron partidismo y lealtad hacia el presidente, y que debería brindar evidencia para respaldar sus afirmaciones. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmó ante reporteros que no confía en Barr.

Nancy Pelosi expresó: “Solo quiero decir que es muy desalentador y decepcionante que el primer oficial de orden público de nuestro país se haya descarrilado de esa manera ayer y hoy. Es el fiscal general de Estados Unidos, no el fiscal general de Donald Trump”.

Ronald Vitiello, el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), se sumó a la lista de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional que han dejado la agencia en los últimos días. El anuncio tuvo lugar el miércoles, luego de una serie de partidas de funcionarios de alto rango que comenzó el domingo con la destitución de la directora del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. Se presume que la “purga” del departamento es parte del plan de Stephen Miller, asesor del presidente Donald Trump, de conducir al Gobierno hacia políticas inmigratorias aún más intransigentes que las actuales. La semana pasada, retiró la nominación de Ronald Vitiello para dirigir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, con el argumento de que no era lo suficientemente “duro” para el puesto.

Mientras tanto, el medio Politico informó el miércoles que el presidente Donald Trump está considerando a la ex directora de un grupo de odio contrario a la inmigración para dirigir el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Julie Kirchner trabajó previamente en la Federación para la Reforma Migratoria, que apoya posturas de la supremacía blanca y reformas que tiendan a la reducción de la inmigración de personas que no sean blancas. Fue catalogado como un grupo de odio por el Centro Legal para la Pobreza Sureña. Kirchner asumiría el cargo que dejará vacante Lee Francis Cissna, quien, según se informó, será destituido próximamente, en el marco de la purga que tiene lugar actualmente en el Departamento de Seguridad Nacional.

En Estados Unidos, congresistas del Partido Demócrata introdujeron una legislación para anular la actual restricción de viaje impuesta a algunos países de mayoría musulmana por el presidente Donald Trump, así como sus esfuerzos por impedir que solicitantes de asilo y refugiados ingresen al país. La denominada “Ley NO Ban” revisaría la Ley de Inmigración y Nacionalidad, imponiendo ciertos estándares para restringir la entrada al país y otorgando más poder a los legisladores para supervisar o rechazar las prohibiciones que consideren discriminatorias. La ley pretende eludir la decisión de restablecer la restricción de viaje establecida por Trump, adoptada el año pasado por la Corte Suprema.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles acogió con satisfacción la legislación y sostuvo: “Este presidente ha reclamado continuamente amplios poderes ejecutivos para atacar a los musulmanes y otras comunidades marginadas que él considera indignas. Si bien ninguna acción del Congreso puede borrar el dolor infligido a las comunidades musulmanas por la prohibición de viaje impuesta a países de mayoría musulmana, el Congreso puede establecer estándares, verificaciones y balances para evitar que otras comunidades padezcan el mismo dolor en el futuro”.

En Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu celebró el miércoles su victoria electoral, después de que su principal rival, el ex comandante en jefe de las fuerzas armadas israelíes Benny Gantz, reconoció su derrota. En una situación sin precedentes, Netanyahu cumplirá su quinto mandato. Se prevé que el Likud, partido político al que pertenece Netanyhau, forme una coalición con otros partidos de derecha que, probablemente, les permitiría contar con la mayoría de los votos en el parlamento israelí, que tiene 120 escaños. El miércoles, el presidente estadounidense, Donald Trump, felicitó a Netanyahu.

El presidente Donald Trump expresó: “Pero todos decían que no se puede lograr la paz en Medio Oriente, con Israel y los palestinos. Creo que tenemos una oportunidad. Y creo que ahora que Bibi resultó vencedor, tenemos una mejor oportunidad”.

Tan solo unos días antes de las elecciones, Netayahu se comprometió, si resultaba vencedor, a anexar los asentamientos ilegales israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania.

Mientras tanto, el periódico Haaretz informó el miércoles que una compañía israelí de relaciones públicas se jactó en las redes sociales de su papel en haber colocado 1.200 cámaras ocultas en centros de votación situados en vecindarios árabes, y se atribuyó el mérito por la escasa concurrencia de electores en esas áreas.

En India comienza hoy la votación en unas elecciones parlamentarias altamente anticipadas que son consideradas por muchos un referéndum sobre el primer ministro Narendra Modi, quien busca su segundo período en el cargo. India es la mayor democracia del mundo, con 900 millones de votantes inscriptos. La votación se llevará a cabo en siete fases y finalizará el 19 de mayo. El partido nacionalista hindú BJP, al que pertenece Modi, obtuvo una aplastante victoria en 2014. Su principal oponente en esta elección es Rahul Gandhi, del partido del Congreso Nacional Indio. Tanto el padre de Gandhi como su abuela y su bisabuelo se han desempeñado en el cargo de primer ministro.

El Gobierno encabezado por Modi ha sido criticado por sus severas medidas contra la sociedad civil, dirigidas a opositores políticos, periodistas, activistas de derechos humanos, abogados y escritores. Agrupaciones a favor de los derechos humanos han levantado asimismo la alarma sobre los ataques perpetrados contra poblaciones vulnerables, especialmente dalits y musulmanes.

El miércoles, solo dos días antes de que se cumpliera la segunda fecha programada para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, los líderes del bloque acordaron otorgarle al país una prórroga adicional, a fin de evitar un “Brexit sin acuerdo”, como se conoce a la posibilidad de que ese país se separe de la Unión Europea sin que medie un acuerdo formal. De esta manera, los legisladores británicos y la primera ministra, Theresa May, tienen tiempo hasta el 31 de octubre para llegar a un acuerdo en el que puedan convenir todas las partes. Esto significa que es muy probable que el Reino Unido deba participar el próximo mes en las elecciones al Parlamento Europeo, situación que May había intentado evitar. Los líderes de la Unión Europea advirtieron a May “no perder tiempo”. Permanece incierto qué dirección tomarán los legisladores tras los infructuosos meses de debate y votaciones fallidas sobre varias medidas acerca del Brexit.

En Estados Unidos, un sospechoso fue arrestado por los recientes incendios que destruyeron tres iglesias que históricamente han sido frecuentadas por la comunidad negra en el estado de Luisiana. El primer incendio tuvo lugar a fines del mes pasado, y los otros dos la semana pasada, todos en la misma comunidad, situada unos 30 minutos al norte de la ciudad de Lafayette. Las autoridades sostienen que el sospechoso es un hombre de 21 años, hijo del sheriff adjunto de la Parroquia de St Landry. Se prevé que la policía divulgue más detalles hoy.

Los legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaron el miércoles la ley Salvar a Internet, lo que constituye una victoria para los defensores de los derechos digitales que han estado luchando para restaurar las normativas de neutralidad de la red aprobadas durante el mandato del expresidente Barack Obama y que fueron anuladas por el Gobierno de Donald Trump. La legislación impediría a las empresas de telecomunicaciones bloquear, limitar o interferir de cualquier manera con el acceso a internet según lo que paguen los clientes, o según los sitios web que los proveedores deseen favorecer.

En una declaración posterior a la votación del miércoles, la agrupación en favor de la libertad de internet Free Press sostuvo: “La energía detrás de este proyecto de ley provino de las bases, no de las grandes empresas; sin embargo, había muchos cabilderos de la industria intentando hundirlo. La abrumadora muestra de apoyo a la ley Salvar a Internet demuestra cuán importante y popular se ha vuelto la neutralidad de la red”.

A pesar del apoyo público generalizado, el proyecto ahora enfrenta una dura batalla en el Senado, de mayoría republicana, donde el líder Mitch McConnell amenazó anteriormente con bloquear la votación de dicha ley.

El miércoles, el senador independiente Bernie Sanders reveló su nueva propuesta “Medicare para todos” –una ley que busca ampliar a toda la población estadounidense la disponibilidad del programa público de salud Medicare–. Los senadores y aspirantes a la elección presidencial de 2020 Elizabeth Warren, Kirsten Gillibrand, Cory Booker y Kamala Harris apoyan la legislación actualizada, que agrega nuevas disposiciones para cubrir el cuidado a largo plazo, y elimina las primas, los deducibles y los copagos. Los seguros privados solo podrían cubrir cirugías electivas no cubiertas por el Gobierno. Estas son las palabras expresadas el miércoles por Sanders, quien se dirigió a simpatizantes y periodistas.

El senador Bernie Sanders afirmó: “No debemos tolerar un sistema que permita a las 10 principales compañías farmacéuticas obtener 69.000 millones de dólares en ganancias el año pasado, mientras que al mismo tiempo –y esto es realmente increíble– uno de cada cinco estadounidenses que obtienen de su médico una receta de medicamentos ni siquiera puede darse el lujo de comprarlos”.

Sanders sostuvo que, de ser electo presidente, intentará que este proyecto de ley sea aprobado a través del proceso de reconciliación presupuestaria, lo que le permitiría eludir el requisito habitual de 60 votos a favor para que el proyecto, que cuenta actualmente con 14 copatrocinadores en el Senado, pueda ser aprobado.