Titulares31 de mayo de 2019

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que impondrá un arancel de 5% a los productos mexicanos, y que seguirá aumentando las sanciones comerciales todos los meses hasta que México reprima a los migrantes de América Central que se dirigen a la frontera de Estados Unidos. El anuncio hizo que el peso mexicano cayera contra el dólar, sacudió los mercados de todo el mundo y desató temores de una guerra comercial más profunda. La amenaza arancelaria de Trump podría arruinar un acuerdo comercial conocido como el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, negociado como sucesor del TLCAN ante la insistencia de Trump. Trump anunció sus planes arancelarios apenas horas después de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, enviara a los legisladores el acuerdo renegociado para su ratificación. En un comunicado, López Obrador condenó las medidas de inmigración de Trump y calificó su frase “Estados Unidos primero” como una falacia.

Esto sucede al tiempo que se informa que el Gobierno de Trump está considerando un plan para prohibir que cualquier persona que pase a través de un tercer país busque asilo en la frontera de Estados Unidos y México. La medida impediría de forma efectiva que la mayoría de los centroamericanos puedan ejercer su derecho a buscar la condición de refugiados en Estados Unidos, como lo garantiza el derecho internacional. Mientras tanto, el periódico The Washington Post denuncia que aproximadamente la mitad de los 2.000 menores no acompañados encarcelados en instalaciones fronterizas de Estados Unidos permanecen allí más allá del límite legal de detención de 72 horas, y muchos pasan más de una semana en estaciones de la Patrulla Fronteriza y centros de procesamiento.

El jueves, Luisiana se convirtió en el quinto estado de Estados Unidos en promulgar una prohibición del aborto una vez alcanzadas las seis semanas de embarazo, cuando el gobernador demócrata John Bel Edwards firmó un proyecto de ley que no contempla excepciones por violación o incesto. Mientras tanto, Missouri podría convertirse este viernes en el primer estado de Estados Unidos sin una sola clínica que ofrezca abortos, mientras un juez en St. Louis evalúa presentar un recurso legal de último momento para interrumpir los planes de las autoridades del estado de revocar una licencia médica para la clínica Planned Parenthood de St. Louis. El jueves, la policía de St. Louis arrestó a 17 activistas en un edificio del estado mientras realizaban una sentada en protesta para exigir la renovación de la licencia. Otros cientos protestaron afuera, coreando: “¡Mi cuerpo, mi elección!”. Estas son palabras de Kawanna Shannon, directora de servicios quirúrgicos en la clínica de St. Louis de Planned Parenthood.

Kawanna Shannon dijo: “Estado de Missouri: por favor mantenga sus dedos afuera de nuestras vaginas. Planned Parenthood también realiza vasectomías. Esos hombres pueden venir tranquilamente, sin problemas, sin complicaciones, y realizarse una vasectomía voluntariamente, sin tener que sortear ningún obstáculo. Y después viene una mujer violada por una pandilla entera de motociclistas y la hacen esperar 72 horas para que piense si realmente quiere o no practicarse un aborto”.

Otros cinco estados de Estados Unidos tienen una sola clínica que ofrece abortos: Kentucky, Misisipi, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Virginia Occidental. Visite democracynow.org/es para ver una entrevista con Laura Kaplan, autora del libro “La historia de Jane: El legendario servicio de aborto clandestino” en EE.UU.

Documentos de reciente aparición revelan que un estratega republicano de alto rango experto en la manipulación de los distritos electorales estuvo secretamente detrás de las medidas tomadas por el Gobierno de Donald Trump para agregar una pregunta sobre ciudadanía al censo de 2020. Cuando el estratega, Thomas Hofeller, murió, en agosto pasado, dejó un disco duro lleno de notas y registros. Una hija de Hofeller, que se había distanciado de su padre, encontró entre los documentos un estudio de 2015 que concluyó que agregar la pregunta de ciudadanía al censo “sería ventajoso para los republicanos y los blancos no hispanos” y “claramente sería una desventaja para los demócratas”. Los funcionarios del censo calcularon que 6,5 millones de personas no responderán al censo si se agrega la pregunta sobre ciudadanía. Esta disminución en el electorado podría afectarlo todo, desde el rediseño de los mapas de los distritos electorales para el Congreso de Estados Unidos hasta la asignación de los fondos federales. El jueves, en una demanda judicial, los querellantes que cuestionan la pregunta sobre ciudadanía acusaron a dos oficiales administrativos del Gobierno de Donald Trump de declarar falsamente bajo juramento sobre las motivaciones del Departamento de Justicia para alterar el censo. La Corte Suprema de Estados Unidos tomará una decisión en cuestión de semanas respecto de si el secretario de Comercio, Wilbur Ross, tenía la autoridad para agregar la pregunta de ciudadanía al censo.

En el noroeste de Siria, durante los últimos días se intensificó una ofensiva del Ejército de Siria respaldada por Rusia en Idlib, la última provincia controlada por los rebeldes, lo que llevó a cientos de miles de civiles a huir a Turquía, donde las autoridades cerraron los cruces fronterizos, dejando a los refugiados abandonados a su suerte en campamentos que ofrecen pésimas condiciones, mientras las luchas se propagan en los alrededores. Naciones Unidas dijo el jueves que más de un cuarto de millón de residentes de Idlib y de la provincia vecina de Hama han sido desplazados por los combates de las últimas semanas, con reportes de al menos 160 civiles muertos. La Unión de Organizaciones de Atención Médica y Ayuda denunció que el número es aun mayor, de al menos 229 civiles muertos y más de 700 heridos.

Corea del Norte informó que ejecutó a su enviado especial para Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump se retirara de una cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un en febrero sin haber llegado a un acuerdo sobre la desnuclearización. Un importante periódico surcoreano informa que el enviado, Kim Hyok-chol, fue asesinado a tiros por un pelotón de fusilamiento en marzo en un aeródromo en las afueras de Pyongyang junto con otros cuatro funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, y que un traductor de la cumbre fue enviado a un campo de trabajo forzado por cometer un error de traducción. Esto se produce a la vez que se supo que la hermana de Kim se mantiene en “segundo plano” por orden de su hermano, a raíz del colapso de la cumbre. No se la ha vuelto a ver en público desde entonces.

La Corte Suprema de Colombia ordenó la liberación de Jesús Santrich, un comandante guerrillero convertido ahora en líder político, y afirmó que el exrebelde podría ser juramentado como congresista según los términos del acuerdo de paz de Colombia de 2016, que dio fin a más de medio siglo de guerra civil. El acuerdo otorga una amnistía limitada —que incluye la inmunidad a la extradición— a los rebeldes de las FARC que entregan las armas y confiesan delitos. Santrich había sido encarcelado a pedido del Gobierno de Donald Trump, que está tratando de juzgarlo por tráfico de cocaína en función de una acusación de los fiscales federales en el estado de Nueva York. La liberación de Santrich fue una rara reprimenda al Gobierno de Trump por parte del Gobierno de derecha del presidente Iván Duque.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue señalado como el blanco de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en una investigación a gran escala sobre tráfico de drogas y lavado de dinero que comenzó en 2013. Los documentos judiciales presentados por los fiscales en Manhattan a principios de esta semana son parte de un caso en proceso contra el hermano de Hernández, Juan Antonio “Tony” Hernández, que fue arrestado en Miami en noviembre y ahora se encuentra esperando el juicio. Otras ocho personas fueron también nombradas en los documentos del tribunal, incluido el ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco. El presidente Hernández niega los cargos. Hernández es un aliado clave de Estados Unidos en América Central, y el Gobierno de Donald Trump reconoció su victoria en 2017, en unas elecciones que se vio empañada por acusaciones generalizadas de fraude.

Mientras tanto, continúan las protestas en Honduras contra los planes del presidente Juan Orlando Hernández de privatizar la atención médica, las pensiones y la educación. Miles de docentes, personal médico y estudiantes inundaron nuevamente el jueves las calles de la capital, Tegucigalpa, cerrando el aeropuerto de la ciudad y recibiendo gases lacrimógenos por parte de la policía.

Uno de los manifestantes expresó: “Yo estoy aquí porque el pueblo está sufriendo, porque tengo alumnos que no tienen qué comer. Llegan sin comer a clases”.

En Brasil, cientos de miles de estudiantes tomaron el jueves las calles de Río de Janeiro, São Paulo y otras ciudades y localidades de todo el país, en una protesta masiva contra los planes del presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, de reducir drásticamente el gasto en educación. Bolsonaro desestimó protestas similares a principios de este mes, y calificó a los manifestantes de “imbéciles” e “idiotas útiles”.

En Bangladesh, la policía acusó a 16 personas por el asesinato de Nusrat Jahan Rafi, una joven de 19 años que murió quemada en el centro educativo al que asistía tras presentar una queja de agresión sexual contra su director. El caso ha vuelto a generar atención a la difícil situación de los sobrevivientes de agresión sexual en Bangladesh, así como a la impunidad de la que a menudo se benefician los perpetradores de violencia sexual. Un investigador de la policía sostuvo que recomendará que los 16 acusados por el asesinato de Rafi sean condenados a muerte.

De nuevo en Estados Unidos, el presidente Donald Trump redobló el jueves sus ataques contra el fiscal especial Robert Mueller, y pareció admitir inadvertidamente que Rusia lo ayudó a ser electo en 2016. Trump tuiteó: “¡Rusia, Rusia, Rusia! Eso es todo lo que se escuchaba al comienzo de esta Caza de Brujas… Y ahora Rusia desapareció porque no tuve nada que ver con que Rusia me ayudara a ser electo”. Posteriormente, en diálogo con la prensa en el jardín de la Casa Blanca, Trump se retractó y dijo: “Rusia no me ayudó a ser electo”.

En la Junta de Comercio de la ciudad de Chicago, los precios del maíz y la soja se dispararon en los últimos días, al tiempo que las condiciones meteorológicas adversas continúan obstaculizando la temporada de siembra de primavera. Agricultores de todo el centro de Estados Unidos informan que tanto las inundaciones como la serie de mortíferos tornados sin precedentes han hecho imposible la siembra en millones de hectáreas de tierras de cultivo. El ambientalista Bill McKibben tuiteó: “Normalmente, en este momento de la temporada el 90% de la cosecha estadounidense de maíz ya ha sido sembrada. Pero gracias a las interminables lluvias, este año es el 58%. En cuanto a la soja, se sembró el 29% en lugar del habitual 66%. Un planeta con mayor temperatura equivale a más precipitaciones y más sequía (y agricultores terriblemente estresados)”.

En el Capitolio estadounidense, un único legislador perteneciente al Partido Republicano bloqueó el jueves un proyecto de ley de 19.000 millones de dólares en asistencia para catástrofe para los estados y territorios estadounidenses afectados por terremotos, huracanes, incendios forestales y otros desastres naturales exacerbados por el cambio climático. El congresista por el estado de Tennessee John Rose denegó el consentimiento unánime al proyecto de ley y lo declaró “demasiado caro”. Es la tercera vez que el proyecto de ley es suspendido por los republicanos por razones procesales. Es prácticamente seguro que el proyecto de ley sea aprobado la próxima semana, cuando los representantes regresen a Washington tras el receso. El proyecto convergió después de que el presidente Donald Trump retirara su exigencia de que los legisladores asignaran a la legislación 4.100 millones de dólares en fondos destinados a la seguridad fronteriza.

New Hampshire se convirtió el jueves en el 21º estado en Estados Unidos en prohibir la pena de muerte, cuando los legisladores votaron a favor de anular el veto impuesto por el gobernador republicano Chris Sununu. New Hampshire no ha llevado a cabo una ejecución en 80 años, y sólo tiene un prisionero condenado a muerte.

En Washington, el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes celebrará en julio una audiencia sobre la estadidad del distrito de Columbia. Es la primera vez en un cuarto de siglo que un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aborda el tema. En un artículo de opinión recientemente publicado por el periódico The Washington Post, el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, declaró su apoyo a la aprobación de la categoría de estado, y escribió: “Tenía mis dudas sobre la estadidad del distrito de Columbia. Ahora creo que es la única vía de progreso”.

En el estado de California, un juez militar en la ciudad de San Diego ordenó el jueves que el jefe de operaciones especiales de los equipos SEAL de la Marina de Estados Unidos, Edward Gallagher, fuera liberado de la custodia preventiva en la que se encontraba aduciendo conductas procesales indebidas por parte de la fiscalía en el enjuiciamiento de Gallagher por asesinato por presuntos crímenes de guerra. El juez dictaminó que los fiscales excedieron su autoridad cuando intentaron colocar códigos informáticos en correos electrónicos para encontrar la fuente de las filtraciones sobre el caso. El tribunal aún no ha decidido si remover a los fiscales o desechar el caso por completo. Gallagher está acusado de disparar a civiles desarmados en la ciudad de Mosul, en Irak, y de matar a un combatiente adolescente de ISIS que se encontraba cautivo apuñalándolo con un cuchillo, y de organizar posteriormente una ceremonia de realistamiento sobre el cuerpo del adolescente muerto. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha señalado que está considerando la posibilidad de ofrecer un indulto presidencial para Gallagher y otros miembros de las fuerzas armadas condenados por crímenes de guerra.

Harold Wilson, quien pasó 17 años en prisión –la mayoría de ellos en el pabellón de los condenados a muerte– por un crimen que no cometió, falleció el 18 de mayo por complicaciones derivadas de un accidente cardiovascular. Tenía 61 años. En 1989, Wilson fue declarado culpable de triple asesinato y condenado a muerte por un jurado del estado de Pensilvania. Una década más tarde, la sentencia de muerte de Wilson fue anulada debido a asesoría legal ineficaz. Sin embargo, sus condenas por asesinato no fueron revertidas, y Wilson permaneció en el pabellón de los condenados a muerte durante años. Finalmente, en octubre de 2005, obtuvo la victoria en un nuevo proceso judicial y fue absuelto de todos los cargos después de que las pruebas de ADN realizadas demostraron su inocencia. Hablando con Democracy Now! justo después de su exoneración, Wilson dijo que fue liberado con 65 centavos y una ficha de autobús.

Harold Wilson: “Después de 18 años de lidiar con el sistema de injusticia, todo el abuso –físico y mental–, he sido reintegrado a la sociedad sin nada, sólo con el refugio de la familia. Sin medios de subsistencia, sin medios de apoyo, sin una cuenta bancaria financiera, sin tarjeta de crédito. Sin compensación alguna”.