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El principal negociador de China viaja a Washington esta semana en momentos que la tensión por el comercio se intensifica entre los dos países. El presidente Trump amenaza con imponer un impuesto de 25% a casi todas las importaciones chinas luego que EE.UU. acusara a China de no cumplir los compromisos comerciales. Se espera que las conversaciones se reanuden el jueves 9 de mayo, pero el Gobierno de Trump enfrenta críticas por rehusarse a analizar el historial de China en materia de derechos humanos como parte de las negociaciones. La ONU y una serie de agrupaciones de derechos humanos acusaron al Gobierno chino de instalar vastos campos de detención en la provincia noroccidental de Xinjiang, donde un número no precisado de personas pertenecientes a la etnia uigur y otros musulmanes se encuentran cautivas. Según estimaciones, la población en esos campos es de cientos de miles a más de un millón de personas. China afirma que los campamentos se construyeron como centros de reeducación y capacitación y que son necesarios para combatir el extremismo en la región. El periódico The New York Time informa que el Gobierno de Trump pospuso las sanciones propuestas debido a las detenciones masivas, por temor a que eso pueda hacer descarrilar un posible acuerdo económico. La semana pasada, Human Rights Watch reveló nuevos detalles acerca de cómo China está llevando adelante la vigilancia masiva en Xinjiang, en parte gracias a una aplicación móvil que les permite a las autoridades monitorear a la población musulmana.
Para saber más de este tema, puede ver la conversación que mantuvimos (en inglés) con Sophie Richardson, directora de Human Rights Watch en China, y Rushan Abbas, activista estadounidense de origen uigur fundadora de la Campaña a favor de los uigur.
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