Titulares17 de julio de 2019

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución que condena los tuits racistas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre cuatro mujeres congresistas progresistas de color, en los que les decía que volvieran a los lugares infestados de delitos de los que provenían. Cuatro republicanos y el nuevo congresista independiente Justin Amash se unieron a los demócratas para aprobar la resolución. Los tuits de Trump estaban dirigidos a las congresistas Ayanna Pressley, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib e Ilhan Omar, todas ellas ciudadanas estadounidenses. Estas fueron las palabras de la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi.

Nancy Pelosi dijo: “Estos comentarios de la Casa Blanca son vergonzosos, desagradables y racistas. Es vergonzoso escucharlo seguir defendiendo esas palabras ofensivas, palabras que todos hemos escuchado que repite no solo sobre nuestros miembros [del congreso], sino también sobre muchas otras personas. Nuestro comité electoral seguirá respondiendo en forma contundente a esos ataques a nuestros miembros”.

Sin embargo, los legisladores no llegaron a censurar a Trump —medida impulsada por el congresista de Tennessee, Steve Cohen—. El debate en la Cámara de Representantes se interrumpió temporalmente después de que Pelosi hiciera sus comentarios, cuando los republicanos dijeron que su descripción de las palabras de Trump como “vergonzosas, desagradables y racistas” estaba “fuera de lugar”. La Cámara luego tuvo que votar a favor de mantener los comentarios de Pelosi en el Registro del Congreso.

Mientras tanto, el martes, el congresista del estado de Texas Al Green presentó artículos de juicio político contra Trump, lo que obliga a la Cámara de Representantes a abordar el tema a fines de esta semana. La resolución de Green no garantiza el voto de la Cámara de Representantes, ya que los legisladores podrían decidir posponer o incluso anular la resolución. El tema del juicio político ha dividido a los legisladores demócratas. Algunos legisladores críticos han insistido en que se lleve adelante la medida. A pesar de eso, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se ha resistido a aceptar esas solicitudes, centrándose en cambio en las investigaciones del Congreso. En mayo, Pelosi dijo que hacer un juicio político a Trump causaría demasiadas divisiones y “no valía la pena”.

Mientras tanto, la asesora de la Casa Blanca Kellyanne Conway defendió los tuits racistas de Trump. Cuando un periodista le preguntó al respecto, ella respondió preguntándole su origen étnico.

Reportero Andrew Feinberg: “Si el presidente no les estaba diciendo a estas cuatro congresistas que regresaran a sus supuestos países de origen, ¿a qué países se refería?”.

Kellyanne Conway: “¿Cuál es su origen étnico?”.

Reportero Andrew Feinberg: “¿Qué relación tiene esto con mi pregunta?”.

Kellyanne Conway: “No, no, le estoy haciendo una pregunta. Mis antepasados son de Irlanda e Italia”.

Reportero Andrew Feinberg: “Kellyanne, mi origen étnico no tiene ninguna relación con la pregunta que le hago. Le estoy preguntando…”.

Kellyanne Conway: “No, no. Sí lo tiene, porque usted me está preguntando… él dijo ‘originalmente’”.

La pregunta la planteó el reportero de la Casa Blanca Andrew Feinberg, quien se negó a responder la pregunta de Conway.

En Estados Unidos, una coalición de grupos de derechos civiles presentó una demanda el martes para tratar de bloquear una nueva orden ejecutiva de Trump que prohibiría solicitar asilo a las personas que pasen por otro país antes de llegar a Estados Unidos. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), el Centro Legal contra la Pobreza en el Sur y el Centro de Derechos Constitucionales se encuentran entre las organizaciones que están solicitando medidas cautelares inmediatas. Estaba previsto que la norma entrara en vigencia el martes, pero no parece haberlo hecho debido a los desafíos legales que enfrenta. Lee Gelernt, de la ACLU, calificó la nueva norma como “la restricción más extrema del Gobierno de Donald Trump contra el asilo”, y dijo que “viola claramente el derecho nacional e internacional”. El martes, la Oficina de Refugiados de las Naciones Unidas condenó el plan y dijo que pone a las personas vulnerables en mayor riesgo.

El mismo martes, dos grupos defensores de los derechos de los inmigrantes presentaron otra demanda separada contra la orden ejecutiva de Trump, argumentando que la norma viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad, e interrumpe su capacidad para llevar a cabo su trabajo, obligándolos a “modificar drásticamente o rediseñar sus programas”.

El oficial de policía blanco de Nueva York que mató al padre afroamericano desarmado Eric Garner en 2014 no enfrentará cargos federales. El oficial Daniel Pantaleo mantuvo a Garner inmovilizado a través de una llave de estrangulamiento ilegal, incluso luego de que la víctima jadeara “No puedo respirar” 11 veces. Estas son las palabras de la madre de Garner, Gwen Carr, quien habló en una conferencia de prensa el martes, y se dirigió directamente al alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio.

*Gwen Carr dijo: “Usted dijo que le preocupan los ciudadanos de Nueva York. Dé un paso al frente, muéstrese como un alcalde, como el alcalde que fue votado, porque la familia Garner no está satisfecha con lo que ha hecho. Mi hijo está muerto. Mi nieta está muerta. ¿Y lo único que usted dice es ‘Lo siento, le ofrezco mis condolencias’? Bueno, guárdese las condolencias y haga lo correcto. De Blasio, usted y su administración den un paso adelante. ¡Expulse a esos oficiales de la policía hoy mismo!”.

Un alto funcionario del Departamento de Justicia dijo que el fiscal general William Barr fue quien tomó la decisión sobre el caso de Eric Garner, rechazando a los funcionarios de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia que querían acusar a Pantaleo.

En el estado de California, en Estados Unidos, el expresidente peruano Alejandro Toledo fue arrestado el martes en base a una orden de extradición en su contra. El exmandatario enfrenta cargos de corrupción en Perú, donde se le acusa de recibir 20 millones de dólares de la empresa constructora brasileña Odebrecht a cambio de ayudarlos a ganar proyectos de obras públicas. Toledo, quien fue presidente desde 2001 hasta 2006, ha negado los cargos.

Otro expresidente peruano, Alan García, murió por suicidó en abril, luego de dispararse cuando la policía llegó a su casa en Lima para arrestarlo por cargos de soborno y corrupción, también relacionados con el escándalo de sobornos de Odebrecht.

Grupos a favor de la libertad de prensa están pidiendo la liberación del periodista yemení independiente Yahya al-Sawari, quien fue arrestado a principios de mes por las fuerzas de seguridad yemeníes. En el momento de su arresto, al-Sawari estaba informando para el Centro de Estudios Estratégicos de Sana’a y estaba entrevistando a los manifestantes que resultaron heridos por fuerzas pertenecientes a la coalición liderada por Arabia Saudí. Según informes, fue entregado a las fuerzas saudíes. El Comité para la Protección de los Periodistas declaró que se sabe que existen periodistas que han sido encarcelados, amenazados y detenidos por todas las partes enfrentadas en la guerra en Yemen.

Planned Parenthood destituyó el martes a su presidenta, Leana Wen, tras menos de un año en el cargo. Su destitución se produjo luego de desacuerdos entre la doctora Wen y la junta de Planned Parenthood sobre la dirección de la organización a medida que el Partido Republicano y el Gobierno estadounidense del presidente Trump incrementan los desafíos para los derechos reproductivos, entre ellos las prohibiciones de aborto impuestas por algunos estados. Según informes, la junta y la doctora Wen no estuvieron de acuerdo respecto de cómo enmarcar políticamente el tema del aborto.

En más noticias sobre derechos reproductivos, dos organizaciones, entre las que se incluye Planned Parenthood de Illinois, anunciaron el martes que dejarían de aceptar fondos federales para evitar tener que cumplir con una prohibición impuesta por el Gobierno de Trump a las clínicas financiadas con fondos federales que brindan recomendaciones para abortar. La norma entró en vigencia esta semana y está siendo impugnada en los tribunales.

La senadora del estado de California y candidata presidencial en las elecciones estadounidenses de 2020, Kamala Harris, presentó un plan que, según afirma, reducirá los costos de los medicamentos recetados y tomará medidas enérgicas contra las compañías farmacéuticas por cobrar precios exorbitantes. Según la propuesta, el Gobierno podría establecer precios justos para los medicamentos en función de sus costos en otros mercados, y medicamentos más asequibles podrían ser importados de otros países. Los fabricantes serían sancionados en caso de que aumenten sus precios excesivamente y el 100% de sus ganancias podrían ser sometidas a gravámenes si prescriben un medicamento por encima de un precio establecido.

A principios de la semana, el aspirante a las elecciones presidenciales de 2020 Joe Biden anunció su programa de atención médica, que se basa en la Ley de cuidado de la salud a bajo precio, conocida como Obamacare, y agrega una opción pública, en lugar de apoyar el “Medicare para Todos”, una propuesta que ampliaría a toda la población estadounidense la disponibilidad del programa público de salud Medicare, que en la actualidad garantiza la atención de la salud a las personas mayores de 65 años y con discapacidades. Muchos de los oponentes más progresistas de Biden en las elecciones primarias —entre ellos los senadores Harris, Bernie Sanders y Elizabeth Warren— apoyan el “Medicare para Todos”. Asimismo, el plan propuesto por Biden permitiría que Medicare negocie con las compañías farmacéuticas para reducir costos y expande Medicaid, un servicio de atención de salud que cuenta con financiamiento federal y ofrece cobertura a personas de bajos recursos. La propuesta de Biden sostiene que aseguraría “aproximadamente al 97% de los estadounidenses”, a lo que el equipo de campaña de Sanders respondió “[que eso] deja a casi 10 millones de personas sin seguro”. También dejaría a decenas de millones de personas con coberturas insuficientes y agobiadas con altos copagos y montos deducibles que el paciente tiene que pagar antes de que su plan de seguro cubra la mayor parte de los gastos sanitarios, según un análisis de la propuesta elaborado por el equipo de campaña de Sanders.

En el estado de Luisiana, en Estados Unidos, un sospechoso fue arrestado y acusado del asesinato en primer grado de la historiadora y activista por los derechos civiles Sadie Roberts-Joseph. El cadáver de Roberts-Joseph fue encontrado en su automóvil durante el fin de semana. Ronn Jermaine Bell, de 38 años, era inquilino de Roberts-Joseph. Según informes, Bell se retrasó en el pago de su renta; no obstante, la policía sostiene que todavía se está determinando un motivo.

Roberts-Joseph fue considerada un ícono local en la ciudad de Baton Rouge, donde fundó el Museo Afrostadounidense Odell S. Williams Ahora y Entonces y fue anfitriona de la celebración anual de Juneteenth, día que conmemora el 19 de junio de 1865, fecha en que los esclavos en Galveston, Texas, finalmente se enteraron de que la Proclamación de Emancipación había abolido la esclavitud, por el cual Roberts-Joseph luchó para que fuera reconocido como un día feriado a nivel estatal y nacional. El alcalde de Baton Rouge, Weston Broome, se refirió a ella como “una destacada matriarca de Baton Rouge” y agregó: “Haremos de su legado una prioridad en Baton Rouge y en la parroquia de Baton Rouge del Este”.

En Estados Unidos, un juez magistrado federal manifestó que el fundador y editor del sitio web neonazi The Daily Stormer debería ser condenado a pagar más de 14 millones de dólares a una mujer del estado de Montana que fue el objetivo de una campaña de acoso antisemita a través de internet. El editor de The Daily Stormer, Andrew Anglin, organizó en 2016 una campaña de intimidación en internet contra Tanya Gersh, una agente de bienes raíces judía de la ciudad turística de Whitefish. En los meses siguientes, Gersh y su familia recibieron cientos de mensajes llenos de odio, lo que los obligó a abandonar temporalmente su casa.

En Estados Unidos, un juez del estado de Virginia condenó a James Fields a “cadena perpetua más 419 años” por conducir su automóvil contra una multitud de manifestantes antirracistas que protestaban en contra de la movilización de supremacistas blancos en la ciudad de Charlottesville, convocada bajo la consigna “Unamos a la derecha”. En el ataque, Fields causó la muerte de Heather Heyer, una activista de 32 años. La sentencia se suma a la condena a cadena perpetua impuesta por los cargos federales de delitos de odio contra el autodenominado nazi de 22 años. El juez que presidió el caso estatal de Fields le dijo: “Usted merece la sentencia que dio el jurado. Lo que hizo fue un acto de terror”.

John Paul Stevens, juez retirado de la Corte Suprema estadounidense, falleció a la edad de 99 años. Stevens fue designado miembro de la Corte en 1975 por el presidente Gerald Ford. Si bien fue un miembro moderado del Partido Republicano, Stevens dirigió el ala liberal de la Corte durante décadas y es considerado un juez de gran influencia. Stevens fue autor de sentencias clave sobre casos relacionados con los poderes presidenciales, la seguridad nacional y el financiamiento de campañas, entre otros temas. En su disidencia en el caso de Bush contra Gore, en el año 2000, escribió: “Aunque nunca sepamos con total certeza la identidad del vencedor de la elección presidencial de este año, la identidad del perdedor es clara. Es la confianza de la nación en el juez como guardián imparcial del Estado de Derecho”.
Durante el apogeo de la “guerra contra el terror” efectuada por el presidente George W. Bush, Stevens redactó la sentencia que otorga a los presos de Guantánamo derechos legales y acceso a los tribunales federales.

En su opinión de disidencia en el caso Ciudadanos Unidos contra la Comisión Federal de Elecciones, escribió que la decisión “amenaza con socavar la integridad de las instituciones electas en todo el país”.
Al final de su mandato en la corte, Stevens sostuvo que su único arrepentimiento fue su voto en 1976 a favor de mantener un estatuto con relación a la pena capital del estado de Texas que reafirmó el uso de la pena de muerte en Estados Unidos. Posteriormente, Stevens se opuso a la mayoría de los casos relacionados con la aplicación de la sentencia a pena de muerte. Se retiró de la Corte en 2010 como el segundo juez más antiguo en el cargo.

Diez manifestantes fueron arrestados el martes en la sede central del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Washington, DC, luego de organizar una sentada en el edificio de la agencia. Miles de personas más bloquearon durante horas las entradas al edificio y las carreteras cercanas.

Las protestas fueron organizadas por la agrupación liderada por el grupo judío Acción Nunca Más y la agrupación a favor de la justicia migratoria Movimiento Cosecha. Los activistas están exigiendo que el Gobierno cierre todas las cárceles de inmigración, elimine el Servicio de Inmigración y Aduanas y proporcione un camino inmediato para acceder a la ciudadanía para las personas indocumentadas. Protestas similares tuvieron lugar en otras ciudades de Estados Unidos, entre ellas Los Ángeles, Filadelfia y Boston.