Titulares03 de julio de 2019

Un reciente informe condenatorio acompañado de impactantes fotos realizado por el organismo de control interno del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se suma a las crecientes protestas por las condiciones de detención de personas que solicitan asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. La inspectora general adjunta Jennifer Costello exhortó al Departamento de Seguridad Nacional a “tomar medidas de inmediato para mitigar el peligroso hacinamiento y la prolongada detención de menores y adultos en el Valle del Río Grande” —una región fronteriza con México situada en el extremo sur del estado de Texas—.

El informe destaca que los migrantes se encuentran detenidos sin comida suficiente ni acceso a atención sanitaria. Algunos menores no habían recibido una sola comida caliente desde que fueron encarcelados y rogaban no ser regresados a sus celdas. Los inspectores observaron que más de 2.500 menores han estado detenidos por más de los tres días permitidos en base a una importante resolución judicial conocida como el Acuerdo de Flores. Las fotografías que acompañan el informe muestran condiciones extremas de hacinamiento. Algunas fotos muestran a personas amontonadas en celdas en que solo podían estar de pie y a solicitantes de asilo que sostienen carteles con mensajes para los inspectores, uno de los cuales dice “ayuda”.

La Radio Nacional Pública de Estados Unidos informa que el DHS busca actualmente nuevos sitios para la detención de menores migrantes en varios estados del sur.

Por otra parte, los legisladores continúan realizando visitas a cárceles de inmigrantes. La congresista Frederica Wilson encabezó una delegación, integrada entre otros por el congresista John Lewis, que visitó el martes el centro de detención de Homestead en Florida.

En noticias relacionadas, otro migrante centroamericano murió mientras estaba bajo custodia de Estados Unidos tras haber enfermado durante su encarcelamiento en una prisión para inmigrantes en Houston. Yimi Alexis Balderramos-Torres, de 30 años de edad, originario de Honduras, fue detenido a fines de mayo y luego entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el mes de junio. Murió en un hospital de Houston el domingo tras ser hallado inconsciente en su celda de detención. La causa de la muerte no ha sido determinada y está prevista la realización de una autopsia.

Un juez federal del estado de Washington impidió la aplicación de un plan del Gobierno de Trump por el que se encarcelaría a los solicitantes de asilo mientras esperan la resolución de su caso. La política, cuya entrada en vigor estaba prevista para este mes, habría impedido que los solicitantes de asilo accedieran a audiencias para solicitar la libertad bajo fianza. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que entabló la demanda junto a otras organizaciones en defensa de los derechos, celebró el fallo y declaró: “Por más que lo intente, el Gobierno no puede evadir la Constitución en un intento de disuadir y castigar a los solicitantes de asilo que piden amparo. Este fallo proporcionará el tan esperado alivio a personas detenidas en condiciones crueles e inhumanas mientras que transitan el proceso de solicitud de asilo”.

En más noticias relacionadas, la Radio Nacional Pública de Estados Unidos informa que el Departamento de Seguridad Nacional envió multas a cierta cantidad de inmigrantes por “no abandonar Estados Unidos como se acordó previamente”. En algunos casos, las multas ascienden a medio millón de dólares. Lizbeth Mateo, abogada de uno de los receptores de una multa del Departamento de Seguridad Nacional, declaró que el Gobierno está emitiendo las multas para incrementar la presión sobre las comunidades de inmigrantes, y que podría estar sentando las bases para otras sanciones penales. La abogada expresó: “Me reí porque debe haber alguien en algún sótano de Washington que piensa: ‘A ver… ¿qué más puedo hacer para molestar a los inmigrantes? ¿Qué más puedo hacer para perjudicarlos?’”. A principios de esta semana, Trump sostuvo que las redadas en busca de inmigrantes anunciados previamente comenzarán luego del próximo fin de semana del 4 de julio si el Congreso no aprueba nuevas restricciones a las solicitudes de asilo.

El martes se llevaron a cabo manifestaciones de protesta en todo Estados Unidos bajo la consigna “Cierren los campos de concentración”, llamando a los legisladores a clausurar cárceles de inmigrantes, retirar fondos para detención y deportación y reunir a las familias separadas. Las siguientes son palabras de una manifestante en la ciudad de Nueva York.

Nancy Nguyen dijo: “Estoy aquí porque quiero asegurarme de que la gente sepa que no todos los estadounidenses estamos de acuerdo con esto, que los estadounidenses somos un país de migrantes e inmigrantes y necesitamos mantenernos fieles a nuestra historia y dar la bienvenida a las generaciones que están llegando para aportar a la construcción de nuestro país. Así que estoy aquí porque estoy en contra de la detención de menores, de los campos de concentración que funcionan aquí”.

El senador de Nueva Jersey y precandidato demócrata a las elecciones presidenciales de 2020 Cory Booker sostuvo que, de ser electo, “eliminará virtualmente” la detención de inmigrantes mediante sus facultades ejecutivas, al dar a conocer su proyecto de reforma inmigratoria el martes. El plan de Booker eliminaría las prisiones gestionadas por empresas privadas y pondría fin a la criminalización de la inmigración. Booker promete además restaurar y ampliar el programa de Acción Diferida para llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), así como otros programas de protección, revertir la política de “tolerancia cero” de Trump que provoca la separación de familias, ampliar las vías legales para acceder a la ciudadanía y poner en funcionamiento mecanismos por los que el Servicio de Inmigración y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos deban rendir cuentas por sus acciones.

Otros precandidatos a las elecciones de 2020 dijeron además que definitivamente pondrían fin a la detención de inmigrantes, entre ellos, el exalcalde de San Antonio y exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano Julián Castro. La semana pasada, el senador Bernie Sanders dijo que su primera acción ejecutiva revertiría todas las políticas antiinmigrantes de Trump.

El Gobierno de Trump abandonó su intento de incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo de 2020. La semana pasada, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que no se podía agregar la pregunta al formulario del año próximo, alegando que la justificación del Gobierno para su inclusión “parece ser forzada”. En principio, Trump amenazó tras el fallo con posponer el Censo, cuya obligatoriedad establece la Constitución; sin embargo, el Departamento de Justicia confirmó el martes haber dado autorización para que se comiencen a imprimir los formularios. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y 17 estados entablaron una demanda para impedir la inclusión de la pregunta sobre ciudadanía. Funcionarios del Censo estimaron que, de incluirse la pregunta, 6,5 millones de personas no responderían al Censo, lo que impactaría negativamente en zonas con grandes comunidades de inmigrantes.

El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes demandó al Departamento del Tesoro y al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) por negarse a presentar las declaraciones fiscales del presidente Trump. En mayo, los demócratas emitieron citaciones para la entrega de los registros financieros de Trump. El asesor legal de Trump calificó la demanda de “acoso presidencial” y sostuvo que darían batalla ante la Justicia.

En Libia, un ataque aéreo nocturno dejó un saldo de 40 personas fallecidas y al menos otras 80 heridas en un centro de detención de migrantes ubicado en las cercanías de la capital, Trípoli. Las instalaciones albergaban mayoritariamente a migrantes africanos. El Gobierno de Acuerdo Nacional, que cuenta con el apoyo de Naciones Unidas, responsabiliza al opositor Ejército Nacional de Libia, liderado por el general rebelde Khalifa Haftar. Los hechos de violencia registrados en Trípoli se han incrementado desde que las fuerzas de Haftar iniciaran una ofensiva para tomar el control de la ciudad. Organizaciones de derechos humanos afirman que ambas partes pueden haber cometido crímenes de guerra al atacar zonas densamente pobladas por civiles.

En Israel, miembros de la comunidad etíope tomaron las calles el martes para protestar contra el racismo y el asesinato del adolescente Solomon Tekah, perpetrado por la policía el domingo en la ciudad de Haifa. Las carreteras principales fueron bloqueadas y 60 personas fueron arrestadas mientras la policía se enfrentaba a los manifestantes.

El manifestante Elias Inbram sostuvo: “La policía israelí no aprende. Hay criminales dentro de la fuerza policial y los dirigentes de la policía no los condenan. Y eso no solo genera daños sino también muertes”.

En el estado de California, el jefe de operaciones especiales de los equipos SEAL de la Marina de Estados Unidos, Edward Gallagher, fue absuelto el martes del cargo de asesinato, luego de que un jurado lo declaró inocente de todos los cargos en su contra, exceptuando el menos grave, en el que se lo acusaba de haber tomado una fotografía del cadáver de un combatiente adolescente que se encontraba cautivo en Irak. Gallagher fue imputado por múltiples crímenes de guerra, entre los que se incluía disparar a dos civiles iraquíes y apuñalar al adolescente cautivo en el cuello, causándole la muerte. El veredicto se produjo a pesar de que varios de sus compañeros de los equipos SEAL de la Marina declararon como testigos del presunto asesinato. Durante el juicio, un médico de los equipos SEAL de la Marina declaró que él —y no Gallagher— fue en realidad el responsable de matar al adolescente, lo que desbarató el caso expuesto por la fiscalía. El médico sostuvo que asfixió a la víctima como un “asesinato piadoso” luego de que Gallagher lo apuñalara, pese a que los fiscales afirman que la declaración fue fabricada para proteger a Gallagher. Gallagher será sentenciado el miércoles y se enfrenta a la posibilidad de pasar hasta cuatro meses tras las rejas, aunque su abogado alega que no regresará a prisión ya que ha pasado más de cuatro meses en régimen de prisión preventiva.

En el estado de Arizona, en Estados Unidos, fiscales federales anunciaron el martes que someterán nuevamente a juicio al activista y voluntario de ayuda humanitaria de la agrupación No Más Muertes, Scott Warren, luego de que el mes pasado un jurado se negara a condenarlo por haber proporcionado agua, alimentos, ropa limpia y camas a dos inmigrantes indocumentados que cruzaron el desierto de Sonora, en el sudoeste de Arizona. No obstante, la fiscalía retiró el cargo de conspiración impuesto contra Warren. Los fiscales reintentarán su caso contra Warren en noviembre ante un jurado. De ser declarado culpable, Warren podría enfrentar hasta 10 años tras las rejas. Estas son las palabras expresadas por Warren, quien respondió el martes a la noticia en las afueras de la corte federal en la ciudad de Tucson.

Scott Warren dijo: “No sé lo que el Gobierno esperaba lograr en este caso. Sí sé cuál fue el efecto de todo esto. Un aumento de la conciencia pública. Una mayor conciencia sobre la crisis humanitaria en la zona fronteriza. Más voluntarios que se alzan en solidaridad con los migrantes. El endurecimiento de los residentes locales contra los muros fronterizos y la militarización de nuestras comunidades. Y una inundación de agua en el desierto en el momento en el que más se la necesita”.

Visite democracynow.org/es para ver más información sobre esta noticia con Catherine Gaffney de No Más Muertes.

En Estados Unidos, un paciente negro que fue arrestado el mes pasado en las afueras de un hospital del estado de Illinois está hablando sobre su experiencia. Shaquille Dukes, de 24 años, fue arrestado junto a su pareja y su hermano mientras caminaban cerca del hospital donde él recibía un tratamiento para la neumonía. El arresto fue llevado a cabo a pesar de que Dukes vestía en ese momento una bata de hospital y tenía una sonda intravenosa en su brazo. En una publicación de Facebook, Dukes sostuvo que un guardia de seguridad del hospital llamó a la policía y lo acusó de robar el equipo de goteo para revenderlo en Ebay. Desde entonces, Dukes presentó una queja por “conducta injusta y tendenciosa por parte de los oficiales que respondieron a la llamada”.

La empresa Nike retiró del mercado un nuevo diseño de calzado deportivo Air Max con el tema del Día de la Independencia. Según se informa, el diseño fue rechazado luego de que Colin Kaepernick expresó su preocupación por el uso de la bandera “Betsy Ross”, un símbolo asociado con la Revolución Estadounidense y con el período de esclavitud en ese país. Desde entonces, la bandera ha sido utilizada por agrupaciones de supremacistas blancos. Kaepernick —el ex mariscal de campo de los 49ers de San Francisco que muchos creyeron que fue aislado de la Liga Nacional de Fútbol Americano por haberse arrodillado durante el himno nacional de Estados Unidos a modo de protesta contra la violencia policial— apareció el año pasado en una campaña publicitaria de Nike.

En respuesta al retiro del nuevo diseño por parte de Nike, el gobernador republicano del estado de Arizona, Doug Ducey, canceló una subvención de un millón de dólares para la construcción de una nueva fábrica, mientras que el senador del estado de Texas, Ted Cruz, tuiteó que Nike “solo quiere vender calzado deportivo a las personas que odian la bandera estadounidense…”. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, criticó a Nike afirmando que realizaría el primer pedido del calzado si la compañía revierte su decisión.

Según se informa, los tanques están preparados para ser parte de las celebraciones del Cuatro de julio —fecha de la independencia estadounidense— del presidente Donald Trump en Washington DC, pese a que algunos funcionarios municipales se oponen al desfile debido a los potenciales daños físicos que podría sufrir la Explanada Nacional de Washington, DC, debido al despliegue masivo de material militar. Asimismo, Trump ordenó el sobrevuelo de aviones militares, entre los que se incluye el Air Force One. Según informes, agentes pertenecientes al Partido Republicano están entregando entradas VIP a los donantes —así como entradas de admisión general— para asistir al discurso que será pronunciado por Trump en el Lincoln Memorial. El periódico The Washington Post informa que casi 2,5 millones de dólares serán desviados del Servicio de Parques Nacionales para cubrir los costos de las celebraciones del Cuatro de julio del presidente Trump.

Chubb se convirtió en la primera gran compañía de seguros en Estados Unidos en anunciar que ya no brindará cobertura a las compañías de carbón. La decisión tomada esta semana por Chubb se produjo tras la creciente presión por parte de agrupaciones ambientalistas, y extenderá su prohibición de cobertura a las compañías que producen más del 30% de su energía a partir del carbón. Mary Anne Hitt, de la campaña Más Allá del Carbón de la organización ambientalista Sierra Club, aplaudió la medida y afirmó que “la industria de seguros corre el riesgo de quedar expuesta a billones de dólares en daños relacionados con el cambio climático, que van desde la elevación del nivel del mar hasta los incendios forestales y las tormentas. Las aseguradoras son muy conscientes de ese peligro y también son conscientes de que los mercados y el público se están alejando del carbón, lo que podría convertirlos eventualmente en los responsables de una industria obsoleta”.

El mes pasado fue el mes de junio más caluroso que se haya registrado, caracterizado por una ola de calor sin precedentes en toda Europa, donde las temperaturas ascendieron hasta 27º centígrados por encima de lo normal en partes de Francia, Alemania, España e Italia. Mientras tanto, en Estados Unidos, el calor sin precedentes ha afectado a Alaska, exacerbando unos 350 incendios forestales diferentes en todo el estado en los últimos días, y acelerando el derretimiento de sus glaciares.

En Londres, activistas contra el cambio climático pertenecientes a la agrupación Rebelión Contra la Extinción se manifestaron el martes durante la celebración de la Semana de Acción Climática de Londres en las sedes de cinco grandes compañías petroleras para exigir el fin de las perforaciones. Estas son las palabras de la organizadora, Lola Perrin.

Lola Perrin expresó: “Estamos celebrando la Semana de Acción Climática de Londres y, en lugar de establecer interconexiones con la gente, preferimos ir directamente a las compañías de combustibles fósiles y decir: ¿Saben qué? No sigan perforando. Ustedes no se están adhiriendo al acuerdo de París, no importa cuál sea su estrategia para parecer ecológicamente responsables”.