Titulares29 de mayo de 2020

En Estados Unidos, miles de personas tomaron el jueves las calles de Minneapolis en protestas que sacudieron la ciudad por tercera noche consecutiva, en respuesta al asesinato de un hombre afroestadounidense por parte de un oficial de policía blanco. Los manifestantes prendieron fuego a la Estación de Policía Nº3 de Minneapolis, solo horas después de que los fiscales dijeran que aún no estaban seguros de si iban a acusar penalmente a Derek Chauvin, el agente de policía blanco que sujetó a George Floyd contra el suelo por el cuello durante ocho minutos mientras Floyd respiraba con dificultad. En un video que ya ha sido visto en todo el mundo, Floyd dice varias veces, con voz entrecortada: “No puedo respirar”. Desde entonces, cuatro agentes, incluido Chauvin, han sido despedidos pero no arrestados. El jueves, el fiscal del condado de Hennepin, Mike Freeman, habló sobre la demora en presentar cargos y arrestar a los agentes.

Mike Freeman sostuvo: “Ese video es gráfico, horrible, terrible y nadie debería hacer eso. Pero mi trabajo, a fin de cuentas, es demostrar que él violó un estatuto penal y hay otra evidencia que no respalda una imputación penal”.

El gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, envió a la Guardia Nacional durante la noche del jueves cuando se produjeron protestas en Minneapolis y en la capital del estado, Saint Paul. Esta mañana, la policía estatal de Minnesota arrestó al corresponsal de la cadena de televisión CNN Omar Jiménez, junto con su productor y equipo de cámara, mientras transmitían en vivo desde el exterior de los restos carbonizados de la Estación de Policía. Tras los hechos, el gobernador Walz se disculpó con CNN por los arrestos y el equipo fue liberado.

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En todo Estados Unidos, miles de personas salieron a las calles para protestar por el asesinato a manos de la policía de George Floyd. En Nueva York, la policía arrestó al menos a 70 personas durante una protesta móvil que comenzó en el parque Union Square del distrito de Manhattan. En el estado de Colorado, la policía disparó gases lacrimógenos y proyectiles de spray de pimienta contra manifestantes que se congregaron en la ciudad de Denver frente al edificio del Capitolio estatal. Un manifestante fue atropellado intencionalmente por un conductor, quien condujo su camioneta contra una multitud de manifestantes. En el estado de Arizona, la policía declaró una “asamblea ilegal” el jueves y disparó gas lacrimógeno y gas pimienta contra cientos de personas que se congregaron en el edificio de la alcaldía de la ciudad de Phoenix. En la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky, cientos de manifestantes se congregaron en el centro de la ciudad exigiendo justicia para Breonna Taylor, una aspirante a enfermera de 26 años de edad que murió a tiros por la policía dentro de su propio apartamento en marzo. Al menos siete personas resultaron heridas por disparos que comenzaron cuando los manifestantes rodearon un vehículo policial. Se desconoce el origen de los disparos, aunque el alcalde de Louisville sostuvo que ningún agente disparó su arma.

En Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el alcalde de Minneapolis, quien ha solicitado el arresto del ahora despedido oficial de policía Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd. Trump tuiteó: “No puedo mantenerme alejado y ver que le suceda esto a la gran ciudad estadounidense de Minneapolis. Hay una falta total de liderazgo. O bien el sumamente débil alcalde de izquierda radical, Jacob Frey, toma riendas del asunto y pone la ciudad bajo control, o enviaré a la Guardia Nacional y haré bien este trabajo”. En el siguiente tuit, Trump arremetió contra los manifestantes tildándolos de “MATONES” y agregó: “Cuando comienza el saqueo, comienza el tiroteo”. Twitter respondió etiquetando el tuit de Trump con la advertencia: “Este tuit incumplió las Reglas de Twitter relativas a glorificar la violencia. Sin embargo, Twitter determinó que puede ser de interés público que dicho tuit permanezca accesible”.

El jueves, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que podría usarse para castigar a las plataformas de redes sociales, entre ellas Twitter, por la forma en que monitorean el contenido que publican los usuarios. Esto ocurre después de que el martes Twitter diera el paso sin precedentes de agregar una etiqueta de valoración de hechos a dos tuits en los que Trump atacaba erróneamente a la votación por correo. Mientras tanto, el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, defendió el jueves la negativa de su empresa a regular la información errónea, incluidos los anuncios políticos falsos y engañosos. Zuckerberg habló con la cadena de noticias CNBC.

Mark Zuckerberg expresó: “No creo que Facebook, o las plataformas de internet, en general, deban ser árbitros de la verdad. Creo que se puede cruzar una línea peligrosa cuando se decide qué es verdad y qué no”.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que otros 2,1 millones de trabajadores solicitaron prestaciones por desempleo durante la última semana. El número de empleos perdidos, desde que comenzaron las medidas de confinamiento por el coronavirus a mediados de marzo, aumentó a la abrumadora cifra de 40,7 millones. Uno de cada cuatro trabajadores estadounidenses ha perdido su trabajo en solo diez semanas. El Instituto de Estudios de Política informa que, durante el mismo período, la riqueza combinada de los multimillonarios estadounidenses se disparó en 485.000 millones de dólares.

En el estado de Pensilvania, un legislador demócrata ha acusado a algunos de sus colegas republicanos de ocultar que habían contraído COVID-19 y potencialmente poner en riesgo a otros legisladores. Un video en el que el miembro de la Cámara de Representantes del estado, Brian Sims, habla al respecto se ha vuelto viral.

El representante Brian Sims dijo: “En primer lugar, Mike Turzai, el presidente de la Cámara, debe renunciar, al igual que los líderes que sabían lo que estaba pasando. Los líderes republicanos que sabían que esas personas habían dado positivo, que otros miembros estaban en cuarentena y que no nos dijeron nada a los que estábamos expuestos a esas personas deben ser investigados por el fiscal general. Y creo que se debería iniciar un proceso legal”.

En noticias sobre inmigración, los defensores de los derechos de los inmigrantes en todo Estados Unidos siguen exigiendo que se libere a todas las personas de las cárceles del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mientras los casos confirmados de coronavirus en ese tipo de instalaciones se aproximan a los 1.400. Activistas a favor de los inmigrantes realizaron protestas el jueves frente a las cárceles para inmigrantes de los estados de California y Washington. En la localidad de Burlington, en el estado de Massachusetts, los defensores reemplazaron la bandera del Servicio de Inmigración en la Oficina de Boston de la agencia por una bandera que decía “El Servicio de Inmigración mata. Libérenlos a todos”. Otro día de movilización nacional está previsto para hoy.

Un inmigrante mexicano indocumentado de 30 años que demandó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos hace dos semanas y luego fue deportado rápidamente por la agencia ha sido declarado oficialmente desaparecido. Héctor García Mendoza formó parte de una demanda colectiva que exigía la liberación inmediata de todos los inmigrantes detenidos en la Instalación de Detención por Contrato de la ciudad de Elizabeth, en el estado de Nueva Jersey, donde tanto presos como personal han dado positivo por COVID-19. El sitio web Gothamist informa que cuatro días después y sin previo aviso, García Mendoza fue trasladado a la ciudad de Laredo, en el estado de Texas, donde fue escoltado hasta la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, en México, tristemente célebre por su peligrosidad. Según los informes, García Mendoza no se ha comunicado con su familia en México ni en Estados Unidos. Sus abogados se han puesto en contacto con refugios en México y grupos de defensa de los inmigrantes en Texas, pero, según se informó, nadie lo ha visto ni sabido nada de él.

La familia de García Mendoza también está preocupada por su salud, ya que en los días previos a su deportación no recibió atención médica de parte del Servicio de Inmigración, pese a que el inmigrante se había quejado de dolor en el pecho y dificultad para respirar.

En el estado de Iowa, la compañía Tyson Foods afirma que detendrá sus operaciones en la planta de procesamiento de carne de Storm Lake, luego de que 555 empleados, lo que equivale a más del 20% del total de la plantilla, dieran positivo por coronavirus. El condado de Buena Vista, donde se ubica la planta, tiene la mayor tasa de contagios per cápita de COVID-19 en Iowa. En el estado de California, más de 200 trabajadores de ocho plantas de procesamiento de carne y alimentos del área de Los Ángeles dieron positivo por COVID-19. John Grant, presidente del Local 770 del Sindicato de Trabajadores de Alimentos y de Comercio, que representa a los empaquetadores de carne, exhortó a la compañía Smithfield Foods a cerrar la planta Farmer John, ubicada cerca del centro de Los Ángeles.

John Grant expresó: “El brote afecta a más del 10% de los trabajadores y es peligroso. El problema con esto es que es invisible, es insidioso y es mortal. Entonces, lo que se hace cuando hay un tiburón en el agua es sacar a todos del agua y hacer una evaluación de lo que está sucediendo”.

Brasil registró una cifra récord de casos de COVID-19 el jueves, con más de 1.000 muertes en solo 24 horas. Superado solo por EE.UU., Brasil se ha posicionado como el segundo país con la mayor cantidad de muertes y contagios en el mundo por coronavirus, luego de que su presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, intentara desde el inicio de la pandemia socavar las medidas impuestas por los Gobiernos estatales y locales para que la población permanezca en sus hogares.

A pesar del aumento de casos de COVID-19 registrado esta semana, el alcalde de San Pablo, la ciudad más grande del hemisferio occidental, permitirá que negocios no esenciales como oficinas, centros comerciales y concesionarios de automóviles reinicien sus actividades a partir del 1° de junio.

En Haití, agrupaciones locales en defensa de la justicia social y los derechos humanos advierten que cientos de reclusos podrían correr el riesgo de morir de COVID-19 debido a que los contagios se están propagando rápidamente en las prisiones del país. El periódico Miami Herald informa que al menos 11 reclusos de la Penitenciaría Nacional de la capital del país, Puerto Príncipe, han dado positivo y muchos otros presentan síntomas como fiebre. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos de Haití creen que la cantidad de contagios es mucha mayor, dado que las prisiones se encuentran superpobladas, cuentan con escasos suministros de alimentos o medicamentos esenciales y, con frecuencia, hay hasta 80 reclusos hacinados en celdas sucias y sin ventilación. Estados Unidos también ha enfrentado críticas tras deportar haitianos que han dado positivo por coronavirus.

El Gobierno de Donald Trump anunció que planea cancelar las visas de miles de estudiantes de postgrado de nacionalidad china que estudian en Estados Unidos. La medida podría afectar a estudiantes que asistieron a escuelas vinculadas al Ejército de China. Legisladores republicanos proponen, además, prohibir a todos los estudiantes de postgrado de origen chino que estudien ciencia o tecnología en Estados Unidos. Muchos educadores advierten que esas medidas podrían conducir a un nuevo período de “Temor a los Rojos” en las universidades estadounidenses. Por otra parte, el Reino Unido evalúa la posibilidad de ofrecer acceso a la ciudadanía a más de 300.000 residentes de Hong Kong si China avanza en la implementación de una nueva ley de seguridad nacional en la antigua colonia británica.

En noticias que llegan desde el Congreso estadounidense, legisladores demócratas retiraron un proyecto de ley que hubiere renovado partes de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, luego de que integrantes del Bloque Progresista del Congreso y de la minoría republicana conformaran una coalición poco común para oponerse al proyecto. Donald Trump había amenazado con vetar el proyecto de ley que extendería la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera hasta 2023.

Como consecuencia de la pandemia de coronavirus, la próxima gran ronda de negociaciones de Naciones Unidas sobre el cambio climático ha sido pospuesta un año entero y fijada para noviembre de 2021.