Estados Unidos registró el martes más de mil muertes por COVID-19, la cifra más alta en casi dos meses. El martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó su primera sesión informativa televisada sobre la pandemia desde abril. Después de meses de restarle importancia a la pandemia y afirmar que estaba desapareciendo, Trump admitió que la crisis seguirá empeorando.
El presidente Donald Trump afirmó: “Probablemente, desafortunadamente, [la crisis] empeorará antes de mejorar, algo que no me gusta decir, pero así es. Es lo que sucederá. Observen el panorama mundial, [la COVID-19] se ha propagado por todo el mundo”.
Trump no convocó a los doctores Anthony Fauci ni Deborah Birx, del equipo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, a intervenir en la sesión informativa. El mandatario afirmó falsamente que Estados Unidos registra una tasa de mortalidad más baja que “casi cualquier otro lugar del mundo”. De hecho, Estados Unidos reporta la décima tasa más alta de fallecimientos por COVID-19 a nivel mundial, así como la mayor cantidad de muertes y contagios, por un amplio margen. El número de muertos en Estados Unidos a causa del virus asciende actualmente a más de 142.000, y casi cuatro millones de estadounidenses han resultado contagiados, aunque se cree que ambas cifras constituyen un subregistro.
En el estado de California, en Estados Unidos, el número de muertos por coronavirus en la prisión estatal de San Quentin asciende actualmente a 12. Más de 2.000 hombres detenidos en la prisión han dado positivo en lo que constituye uno de los peores brotes registrados en el país. En el estado de Texas, más de 500 mujeres encarceladas en una prisión médica federal en la ciudad de Fort Worth han dado positivo por coronavirus, incluida la denunciante exempleada de la Agencia Nacional de Seguridad, Reality Winner.
En noticias internacionales, la organización Human Rights Watch reporta que en Egipto al menos 14 reclusos han muerto en prisiones con problemas de hacinamiento por complicaciones relacionadas a la COVID-19.
En Brasil, el número de muertos por coronavirus ha superado los 80.000 y otros dos ministros del Gobierno han dado positivo por COVID-19.
En Bolivia, la Policía ha recogido 400 cadáveres de calles, vehículos y viviendas en los últimos días. Se cree que la mayoría de los fallecidos murieron de COVID-19.
La cifra de militares estadounidenses contagiados con COVID-19 asciende a más de 20.000, lo que aumenta la creciente preocupación en Japón, Corea del Sur, Alemania y otros países que albergan bases militares estadounidenses, así como en las zonas de guerra de Irak, Afganistán y Siria. En Okinawa, Japón, más de 140 infantes de Marina de Estados Unidos han dado positivo por COVID-19. El periódico The New York Times reporta que la tasa de contagio en las Fuerzas Armadas se ha triplicado en las últimas seis semanas.
En noticias de inmigración, el presidente estadounidense Donald Trump ha firmado un memorando que ordena al Departamento de Comercio que excluya a millones de personas indocumentadas del censo de 2020. El censo se utilizará para determinar la cantidad de escaños en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que recibirá cada estado cuando se vuelvan a trazar las líneas del distrito electoral el próximo año. Esta medida sin precedentes echa por tierra una política que ha estado vigente por muchos años de contar a todas las personas, sin importar su condición migratoria, y está siendo denunciada como un intento de preservar el poder político de los republicanos blancos. Los grupos de defensa de los derechos civiles y derecho al voto ya declararon su oposición a la medida. Esto es lo que dijo Ben Monterroso, un portavoz del grupo de defensa del derecho al voto Poder Latinx.
Ben Monterroso: “No solo es inconstitucional, es ilegal y es inmoral. Otra vez el presidente ha dejado ver el racismo que lleva en la sangre. Nuestra comunidad debe ser contada [en el censo] y será contada, por el bien de nuestro país y el de nuestra comunidad”.
Familias inmigrantes y sus aliados en Boston han estado acampando frente al capitolio estatal de Massachusetts desde el viernes, exigiendo a los legisladores del estado que incluyan una disposición en un proyecto de ley de justicia racial que conceda a los indocumentados el derecho a obtener una licencia de conducir.
En la ciudad de Portland, en el estado de Oregón, los agentes federales lanzaron gases lacrimógenos contra manifestantes el martes por la noche, tras 55 días de protestas en la ciudad contra el racismo y la brutalidad policial. Durante la semana pasada, agentes federales no identificados han estado atacando a los manifestantes antirracistas e incluso sacando a los activistas de las calles en furgonetas sin identificación. El martes, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó que había desplegado en Portland a oficiales de tres unidades paramilitares. Mientras tanto, un memorando filtrado del Departamento de Seguridad Nacional revela que la agencia está llevando a cabo una vigilancia nacional dirigida a posibles amenazas a edificios federales, así como a estatuas y monumentos locales. En Washington, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, afirmó que el presidente Trump tiene el derecho legal de desplegar agentes federales en Portland y otras ciudades.
La secretaria de Prensa Kayleigh McEnany expresó: “Sí. A lo que se refiere es a Portland, y el Título 40 del Código Federal de Estados Unidos, en su Artículo 1315, le otorga al DHS la facultad de designar a oficiales en cualquier departamento o agencia, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, y el Servicio Secreto”.
El presidente Trump ha amenazado con desplegar agentes federales en otras ciudades, incluyendo Chicago, Nueva York, Filadelfia, Detroit, Baltimore y Oakland.
En otras noticias sobre las manifestaciones en Estados Unidos, un oficial de policía de Detroit, Daniel Debono, ha sido acusado de múltiples cargos de asalto agravado por disparar balas de goma contra tres periodistas que cubrían una manifestación del movimiento Black Lives Matter (“Las vidas negras importan”, en español) el pasado 31 de mayo. De ser condenado, enfrentará hasta cuatro años de prisión.
En la ciudad de Nueva York, al menos siete personas han sido detenidas después de que decenas de agentes de policía con equipo antidisturbios expulsaran a los ocupantes que quedaban en un campamento pacífico cerca de la sede del Gobierno de la ciudad. El operativo se realizó a tempranas horas de la mañana del miércoles. Los manifestantes del movimiento Occupy City Hall han estado acampando durante más de un mes frente a la Alcaldía pidiendo a la ciudad que recorte mil millones de dólares del presupuesto de 6.000 millones de la Policía de Nueva York y reinvierta el dinero en programas sociales.
En otras noticias de Nueva York, casi una decena de personas sin hogar y sus aliados pasaron el martes por la noche acampados frente a la residencia del comisionado del Departamento de Servicios Sociales de Nueva York. La protesta se organizó para exigir a la ciudad que proporcione viviendas permanentes a las personas sin hogar durante la pandemia.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría demócrata, ha aprobado un paquete de gastos militares de 740.000 millones de dólares, lo que representa un aumento de 2.000 millones de dólares con respecto al año anterior. Un grupo de representantes demócratas que se oponen a la guerra había presionado para recortar en un 10 % el presupuesto del Pentágono, pero 139 demócratas de la Cámara de Representantes se unieron a los republicanos para bloquear la medida. Más de cien demócratas de esta cámara también se unieron a los republicanos para rechazar una propuesta que buscaba acelerar la retirada de los soldados estadounidenses de Afganistán. La congresista Ilhan Omar, que había presentado la propuesta, publicó en Twitter: “20 años después, el Congreso todavía no está dispuesto a apoyar la retirada de nuestros soldados de Afganistán. Las guerras interminables se siguen cobrando vidas y dejando a muchos discapacitados. Hace ya mucho tiempo que se le debería haber puesto fin a esta guerra”. En otras noticias del Congreso, el Senado ha rechazado medidas bipartidistas para limitar la transferencia de equipos militares a los departamentos de Policía locales. Entre los equipos militares que incluye la medida están los gases lacrimógenos, lanzagranadas y aviones no tripulados armados.
Estados Unidos le ha ordenado abruptamente a China que cierre su consulado en Houston, en el estado de Texas, en un plazo de 72 horas. A pocas horas de la orden se podía ver humo desde el patio del consulado, donde aparentemente los trabajadores del consulado chino estaban quemando documentos. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China consideró que el cierre del consulado era ilegal en virtud del orden internacional.
Wang Wenbin declaró: “El cierre unilateral del Consulado General de China en Houston en tan corto tiempo es una escalada sin precedentes de sus acciones recientes contra China”.
El Departamento de Estado afirmó que la medida de cerrar el Consulado de China era necesaria para “proteger la propiedad intelectual estadounidense”. El martes, el Departamento de Justicia acusó formalmente a dos residentes chinos de robo de secretos comerciales a empresas estadounidenses, incluida la investigación de una vacuna contra el coronavirus.
El FBI arrestó al presidente republicano de la Cámara de Representantes del estado de Ohio, Larry Householder, en relación con un soborno de 60 millones de dólares. Householder fue acusado de ayudar a aprobar un rescate de 1.100 millones de dólares para dos centrales nucleares después de que su organización política recibiera 60 millones de dólares del propietario de las centrales, FirstEnergy Solutions. Esta empresa no enfrenta cargos y no se menciona en la acusación formal. Otras cuatro personas fueron arrestadas el martes, entre ellas el expresidente del Partido Republicano de Ohio, un asistente de Householder y dos cabilderos.
En Chicago, al menos 15 personas resultaron heridas el martes por la noche en un tiroteo en masa afuera del funeral realizado para un hombre que fue asesinado a tiros la semana pasada. Según se informó, los pasajeros de una camioneta comenzaron a dispararles a quienes estaban en el funeral desde el vehículo en movimiento. Un grupo de personas que se encontraban en el funeral respondió con más disparos, según reportes, lo que provocó el choque del vehículo. Sus ocupantes huyeron. Al menos seis de las personas que resultaron heridas se encuentran en estado crítico.
En noticias de África, el juicio del expresidente sudanés Omar al-Bashir comenzó el martes. El expresidente enfrenta cargos derivados de su papel en el golpe de Estado de 1989 que lo llevó al poder.
El martes, en Londres, la aclamada diseñadora de moda Vivienne Westwood se encerró en una jaula de pájaros gigante vestida de amarillo frente a un tribunal de Londres a modo de protesta por el encarcelamiento del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y su posible extradición a Estados Unidos.
Vivienne Westwood expresó: “Soy Julian Assange. Soy el canario en la jaula. Julian fue atrapado por una gran red, lo privaron de ver el sol y lo metieron de un empujón en una jaula. Y el problema es que quieren enviarlo a Estados Unidos para que cumpla una condena de 175 años y encarcelarlo en un bloque de cemento. Y esto podría sucederle a todos los periodistas”.
El martes, el presidente Trump dio su opinión sobre el arresto de Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, quien enfrenta cargos de tráfico sexual de niños. Durante la sesión informativa sobre el coronavirus, le hicieron preguntas a Trump sobre este arresto, a lo que el presidente respondió:
El presidente Donald Trump respondió: “Realmente no lo he seguido demasiado [al caso]. Solo le deseo lo mejor, francamente. La he visto en varias ocasiones a lo largo de los años, especialmente cuando vivía en Palm Beach, y supongo que ellos también vivían en Palm Beach. Pero le deseo lo mejor”.
En noticias del Congreso de Estados Unidos, los líderes demócratas exigen que se sancione al congresista republicano Ted Yoho por haberle dicho “maldita perra” a la congresista Alexandria Ocasio-Cortez en los escalones del Capitolio. Sus comentarios fueron escuchados por un periodista del medio The Hill. ABC informa que ha pasado casi un siglo desde que un miembro del Congreso fue censurado por usar “lenguaje no parlamentario”. Ocasio-Cortez respondió al insulto en Twitter diciendo: “Las perras hacen su trabajo”.