En Bolivia, miles de manifestantes marcharon el martes en la ciudad de El Alto en demanda del derecho a elegir un nuevo presidente, luego de que el Gobierno interino de la dirigente de derecha Jeanine Áñez comunicara que pospondrá las elecciones por segunda vez este año, alegando que es debido a la pandemia. Sindicatos y organizaciones indígenas acusan a Áñez de dar continuidad al golpe de Estado que derrocó al expresidente Evo Morales en noviembre de 2019.
Un manifestante declaró: “No permitimos que este gobierno de facto desfalque nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. En este cabildo se ha quedado que desde estos instantes, estamos en marcha hasta que se certifiquen las elecciones del 6 de septiembre”.
Después del golpe de Estado, Bolivia ha vivido uno de sus períodos más cruentos y represivos en décadas, debido a que el Gobierno lleva a cabo ejecuciones sumarias y detenciones arbitrarias, según afirma un reciente informe de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard y la University Network for Human Rights (Red Universitaria de Derechos Humanos, en español). James Cavallaro, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo: “Estos abusos se parecen al comportamiento autoritario de las dictaduras de la década de 1970 en las Américas. Esto debe parar”.