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Amy Goodman y Denis Moynihan
El presidente Joe Biden sigue adelante con una controvertida causa penal contra Julian Assange, el fundador del sitio web de revelación de información secreta WikiLeaks. Assange lleva casi cuatro años languideciendo en la prisión británica de máxima seguridad de Belmarsh mientras apela su extradición a Estados Unidos, donde podría ser sentenciado a 175 años de prisión en una cárcel de máxima seguridad por cargos de espionaje y hackeo de información. Mientras tanto, el proceso penal del Gobierno de Estados Unidos contra Assange enfrenta crecientes críticas en el país y ha sido considerado como una amenaza a la libertad de prensa. Este mes ocurrió un suceso inesperado que podría tener vastas implicancias en este caso: dos personas le han pedido al Departamento de Justicia de Estados Unidos que se las procese también a ellas. John Young, fundador de Cryptome.org —un sitio web similar a WikiLeaks—, y Daniel Ellsberg —el legendario denunciante que filtró los Papeles del Pentágono—, han pedido que se los impute por publicar y conservar los mismos documentos por cuya filtración ha sido acusado Julian Assange.
En 1971, Dan Ellsberg entregó los documentos conocidos como los “Papeles del Pentágono” a varios periódicos, entre ellos The New York Times y The Washington Post. Estos documentos revelaban la historia secreta de la guerra de Estados Unidos en Vietnam. La publicación de esa información secreta causó gran conmoción en todo el país y debilitó aún más el apoyo de la población estadounidense a la guerra de Vietnam. El presidente de ese entonces, Richard Nixon, se enfureció y orquestó una campaña criminal para destruir a Ellsberg y bloquear la publicación de los documentos. Nixon fracasó en ambos intentos y el caso contra Ellsberg fue desestimado.
Actualmente, Dan Ellsberg, plenamente lúcido a los 91 años, considera que hay un claro paralelismo entre su caso y el de Julian Assange y que el proceso judicial del Gobierno estadounidense contra el fundador de WikiLeaks es tan inválido como el que tuvo que atravesar él en aquel entonces.
Durante una entrevista que mantuvo esta semana con Democracy Now!, Ellsberg expresó: “Assange, al igual que yo, fue vigilado de manera ilegal. En su caso, incluso las conversaciones de sus abogados y médicos fueron vigiladas. Se habló de secuestrar, matar o envenenar [a Assange], algo similar a lo que sucedió en mi caso el 3 de mayo de 1973, cuando una docena de agentes de la CIA fueron enviados desde Miami por el presidente Nixon con la orden de 'incapacitar totalmente a Daniel Ellsberg'”.
Por su parte, el sitio web de John Young, Cryptome.org, publicó el mismo conjunto de documentos diplomáticos conocidos como “Cablegate” días antes que WikiLeaks, y el material todavía sigue disponible en el sitio. Young, quien cumplirá 87 años la próxima semana, también habló con Democracy Now!: “No tengo claro por qué, si han imputado a [Assange], nunca han presentado ningún cargo contra nosotros. Todos los que hacemos un trabajo similar con el objetivo de servir a la ciudadanía y no al Gobierno deberíamos hacer algo más que protestar. Tenemos que hacer más ruido, emprender más acciones legales y publicar más información [al respecto]. Esa es nuestra obligación como ciudadanos. Las autoridades de seguridad nacional están completamente fuera de control. Están tratando de usar [el caso de] Assange como una amenaza contra todas las demás personas, no solo dentro de Estados Unidos sino en todo el mundo”.
El renombrado abogado James Goodale, destacado jurista especializado en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, opina igual. Cuando trabajaba como asesor legal general del periódico The New York Times, el entonces joven Goodale luchó y ganó el juicio del periódico contra el Gobierno de Nixon en relación con los Papeles del Pentágono. En un artículo publicado recientemente en el portal periodístico The Hill, Goodale escribió: “Dado que [el sitio web] Cryptome publicó las filtraciones antes que Assange, Assange no debería tener ninguna responsabilidad legal por tal publicación”.
Poco después de que se revelara la acusación del Departamento de Justicia contra Assange en 2019, Goodale dijo en Democracy Now!: “Si el Gobierno tiene éxito en el juicio contra Assange, si es que se lleva a cabo, eso significará que se habrá criminalizado el proceso de recopilación de noticias”.
Los principales periódicos que colaboraron con WikiLeaks en la publicación de los documentos filtrados han solicitado tardíamente al Gobierno de Biden que retire los cargos contra Assange. En una reciente carta abierta conjunta, los periódicos escribieron al respecto:
“Hace doce años, el 28 de noviembre de 2010, nuestros cinco medios de comunicación internacionales, The New York Times, The Guardian, Le Monde, El País y Der Spiegel, publicaron una serie de revelaciones en cooperación con WikiLeaks que ocuparon los titulares de todo el mundo. El “Cablegate”, un conjunto de 251.000 cables confidenciales del Departamento de Estado de Estados Unidos, reveló hechos de corrupción, escándalos diplomáticos y asuntos de espionaje a escala internacional. […] Nos congregamos ahora para expresar nuestra grave preocupación ante la continuación del proceso judicial contra Julian Assange por obtener y publicar materiales clasificados”.
Dan Ellsberg habló sobre esta carta con Democracy Now!: “Me alegra mucho que [los editores de] The New York Times, El País, Le Monde, The Guardian y Der Spiegel, especialmente los extranjeros, finalmente se hayan dado cuenta de que pueden ser extraditados al igual que Julian. Si un australiano, que se encontraba de casualidad en el Reino Unido, es extraditado por esto, cualquiera de esos editores podría ser imputado por exactamente los mismos cargos. Finalmente se dieron cuenta de lo que les he estado diciendo sin éxito durante 50 años, desde el juicio en mi contra”.
Mientras la interminable batalla legal se prolonga, la salud de Julian Assange empeora en la prisión de Belmarsh donde está recluido en condiciones deplorables. Nils Melzer, ex relator especial de la ONU sobre la tortura, expresó luego de visitarlo en la cárcel: “[Assange recibe] un trato cruel, inhumano y degradante que acumulativamente tiene el mismo efecto que la tortura psicológica”. Julian sufrió un pequeño accidente cerebrovascular en octubre de 2021 y luego, también en la prisión, contrajo la COVID-19.
El presidente Biden debe retirar los cargos contra Julian Assange. Tal cual concluyeron los cinco periódicos en su carta abierta, “publicar información no es un delito”.
© 2022 Amy Goodman
Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
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