Los Archivos Nacionales de Estados Unidos le han pedido al Departamento de Justicia que investigue el manejo de los registros de la Casa Blanca por parte del expresidente Donald Trump. Esto ocurre luego de que los funcionarios de dicha institución recuperaran 15 cajas de documentos que Trump se había llevado a su resort Mar-a-Lago en lugar de devolverlos al Gobierno federal. Según el periódico The Washington Post, estos documentos incluyen archivos que estaban claramente marcados como clasificados y varios de ellos estaban etiquetados como “ultrasecretos”. Cuando el FBI investigó a la ex secretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton en 2016 por posible manejo inadecuado de información clasificada, Trump encabezó las consignas que sus partidarios coreaban durante los actos de campaña en los que pedían el encarcelamiento de Clinton. No está claro si el FBI abrirá una investigación similar sobre el manejo inadecuado de registros por parte de Trump.
Mientras tanto, los investigadores del comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 han encontrado lagunas en los registros telefónicos oficiales de la Casa Blanca correspondientes al día de la insurrección. Las brechas en los registros abarcan un período de tiempo durante el ataque al Capitolio en el que se sabe que Trump estuvo haciendo llamadas telefónicas.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha criticado a los legisladores del Partido Conservador de Canadá por apoyar el convoy de camioneros que protestan contra las restricciones por la COVID-19 y los requisitos de vacunación. Estas fueron las palabras expresadas por Trudeau ante el Parlamento canadiense al tiempo que los camioneros organizaban un tercer bloqueo de un paso fronterizo con Estados Unidos.
Primer ministro Justin Trudeau: “La gente de la ciudad de Windsor está sufriendo y perdiendo sus trabajos porque no pueden conseguir autopartes a través del puente Ambassador. La gente de la provincia de Alberta ve que los estantes de las tiendas están vacíos porque no se pueden recibir productos a través del paso fronterizo de Coutts. Sin embargo, el Partido Conservador, que ha apoyado estos bloqueos, no es capaz de decir: 'Ya basta. Es hora de retornar a casa'”.
Las protestas en la frontera entre Estados Unidos y Canadá han obligado a los fabricantes de automóviles, incluidas las empresas General Motors, Ford y Chrysler, a reducir su producción en las plantas de Michigan y Ontario. Los organizadores de la protesta de los camioneros canadienses han sido vinculados a movimientos neonazis y de extrema derecha. El convoy ha inspirado protestas similares en todo el mundo. En Estados Unidos, un memorando del Departamento de Seguridad Nacional anticipa que un convoy de camioneros en contra de las vacunas bloqueará las calles de las principales ciudades del país en las próximas semanas y estas movilizaciones podrían entorpecer el desarrollo del Super Bowl del próximo domingo y el discurso sobre el estado de la Unión que el presidente Biden pronunciará el 1 de marzo.
El presidente Biden ha instado a los ciudadanos estadounidenses que residen en Ucrania a que abandonen de inmediato ese país y ha advertido que Estados Unidos no enviará a militares a rescatarlos en caso de una invasión rusa de Ucrania.
Presidente Joe Biden: “Sería una guerra mundial si los estadounidenses y los rusos comenzaran a dispararse entre ellos”.
Rusia ha negado tener planes de invadir Ucrania, pero las tensiones siguen siendo altas, ya que las conversaciones con respecto a las exigencias rusas de que la OTAN detenga su expansión hacia el este de Europa están estancadas. A medida que Rusia, Estados Unidos y los países de la OTAN aumentan su presencia militar en Europa del Este, legisladores estadounidenses del sector progresista del Partido Demócrata están pidiendo una solución diplomática a la crisis. Estas fueron las palabras expresadas el jueves por el senador Bernie Sanders en el recinto del Senado.
Senador Bernie Sanders: “Nadie sabe exactamente cuál sería el costo de vidas humanas si se desata la guerra. Sin embargo, estimaciones que provienen de nuestra propia comunidad militar y de los servicios de Inteligencia indican que podría haber más de 50.000 víctimas civiles en Ucrania, sin mencionar los millones de refugiados que ingresarían en masa a los países vecinos mientras huyen de lo que podría ser el peor conflicto europeo desde la Segunda Guerra Mundial”.
Mientras tanto, el medio Sludge informa que algunos legisladores estadounidenses se han apresurado a incrementar sus acciones bursátiles en empresas eléctricas luego del aumento drástico de las exportaciones de gas natural licuado desde Estados Unidos a Europa ante la posibilidad de que Rusia corte su suministro de gas al continente europeo.
El periódico The New York Times informa que el presidente Biden repartirá unos 7.000 millones de dólares de los activos congelados pertenecientes a Afganistán entre ayuda humanitaria a ese país y compensaciones a las familias de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001. La medida mantendría los fondos fuera del control de los talibanes, en línea con la política que el Gobierno estadounidense ha adoptado desde que las fuerzas talibanes tomaran el control de Afganistán en agosto de 2021. Grupos de ayuda humanitaria, la ONU y otras organizaciones han instado al Gobierno de Biden que libere esos fondos para detener la creciente catástrofe económica y humanitaria que vive Afganistán.
Un nuevo informe del Consejo Noruego para los Refugiados concluyó que las bajas civiles en Yemen casi se han duplicado desde que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votara en octubre de 2021 a favor de disolver un grupo independiente que monitoreaba las violaciones a los derechos humanos en Yemen. En los cuatro meses transcurridos desde entonces, al menos 1.535 civiles han muerto en la guerra civil de Yemen. Grupos en defensa de los derechos humanos afirman que todas las partes involucradas en el conflicto han cometido violaciones graves a los derechos humanos, incluidos ataques de artillería de los rebeldes hutíes en zonas civiles y ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudí contra hospitales y durante celebraciones de bodas y funerales.
El Gobierno de Biden ha aprobado una nueva venta de armas por un valor de 5.000 millones de dólares a Jordania, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Los acuerdos incluyen sistemas de defensa antimisiles y aviones de combate de última tecnología. El Departamento de Estado también aprobó esta semana una venta de armas de fabricación estadounidense a Indonesia por un valor de 14.000 millones de dólares.
Mientras tanto, el senador republicano Rand Paul, del estado de Kentucky, ha propuesto una resolución que cancelaría la venta de armas a Egipto valuada en más de 2.500 millones de dólares planificada por el Gobierno de Biden. En un artículo de opinión publicado el jueves, el senador Paul criticó al Gobierno del presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, por las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y la dura represión contra los activistas que intentan ejercer su derecho a la libertad de expresión en ese país. Paul escribió al respecto: “Mi resolución para cancelar la venta de armas militares [a Egipto] implica que Estados Unidos debe decidir si quiere ponerse del lado del pueblo egipcio o del lado de sus opresores”.
En Somalia, el grupo al-Shabab se atribuyó la autoría del atentado con bomba ocurrido este jueves en la capital del país, Mogadiscio, que dejó seis muertos y al menos una docena de heridos. El ataque tuvo como objetivo un minibús que transportaba a varios delegados involucrados en las elecciones parlamentarias de Somalia.
En México, Heber López, director del medio digital Noticias Web, fue asesinado a tiros este jueves mientras se encontraba en su oficina ubicada en el estado de Oaxaca, al sur del país. La policía mexicana afirma que arrestó a dos de los presuntos asesinos. López es el quinto trabajador de los medios de comunicación que es asesinado en México en lo que va de 2022.
En Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó este miércoles los alegatos orales de un caso histórico en el que una comunidad indígena acusa al Gobierno guatemalteco de violar los derechos colectivos sobre sus territorios ancestrales. Los residentes de la comunidad indígena Maya Q’eqchi’ de Agua Caliente, ubicada en el municipio El Estor, al este de Guatemala, han intentado obtener títulos formales de sus tierras durante más de 40 años para evitar la instalación de proyectos extractivos en sus territorios. Rodrigo Tot, un líder de la comunidad Maya Q’eqchi’ y ganador del Premio Ambiental Goldman en 2017, testificó ante el órgano judicial internacional sobre los actos represivos cometidos por el Gobierno guatemalteco contra él y otros defensores de la tierra.
Rodrigo Tot: “Como resultado de toda esta lucha, tenemos muchas amenazas, extorsiones y, también, el más doloroso, la pérdida de mi hijo. Se equivocaron los que asesinaron a mi hijo, porque ellos pensaron que asesinando a mi hijo yo me iba a callar. Ahora lo que me motiva es que, desde que asesinaron a mi hijo hasta esta fecha, se han levantado otros líderes más. Alrededor de unos 15 o 20 líderes más se han levantado, igual o mejor, como yo estoy luchando también por nuestra tierra”.
En Haití, la policía disparó este jueves, por segundo día consecutivo, gases lacrimógenos contra los trabajadores en huelga de una fábrica de la ciudad de Puerto Príncipe. Los trabajadores exigen que se aumente su salario a al menos 15 dólares por día mientras Haití enfrenta actualmente una inflación cada vez más acelerada y una crisis política y de seguridad. Varios informes publicados en las redes sociales indican que al menos una persona murió durante la represión policial. Los trabajadores sostienen que continuarán su huelga la próxima semana si es necesario.
Decenas de solicitantes de asilo cameruneses que fueron deportados por el Gobierno de Estados Unidos entre 2019 y 2021 sufrieron graves violaciones de los derechos humanos, que incluían torturas, abusos sexuales y arrestos arbitrarios al regresar a Camerún. La organización Human Rights Watch divulgó estos datos tras una investigación que rastreó el paradero de al menos 80 cameruneses que fueron expulsados de Estados Unidos, a pesar de que ellos afirmaban que sus vidas estaban en peligro si regresaban a su país. Estas fueron las palabras expresadas por uno de los solicitantes de asilo deportados.
Solicitante de asilo deportado: “Quiero decirle al Gobierno de Estados Unidos, que me envió de regreso a Camerún, que eso ha afectado seriamente mi vida y que necesito su protección y ayuda porque mi vida todavía está en grave peligro”.
Muchos de los solicitantes de asilo también acusaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos de tratarlos de manera violenta y de no proporcionarles una adecuada atención médica mientras estaban bajo su custodia.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó su plan para reducir los costos de los medicamentos recetados durante un discurso que pronunció este jueves en un instituto público de formación superior del estado de Virginia.
Presidente Joe Biden: “Casi el 30% [de la población] se ha salteado algunas de las dosis de los medicamentos esenciales que debían tomar. Otras personas simplemente no se han surtido de las recetas que el médico les había prescripto y trataron de usar medicamentos de venta libre o tuvieron que partir sus píldoras en dos porque no podían pagar el costo de los medicamentos recetados. Esto es Estados Unidos de América, por el amor de Dios. Eso está mal. Está realmente mal”.
El discurso de Biden se produjo poco después de que se publicara un informe sobre la inflación en el país, que mostraba un aumento del 7,5% en los precios al consumidor durante 2021, el incremento más pronunciado en 40 años. A principios de esta semana, el senador republicano Mike Crapo bloqueó un proyecto de ley de los senadores Bernie Sanders y Amy Klobuchar que hubiera reducido a la mitad los precios de los medicamentos recetados.
Una carta recientemente desclasificada escrita por dos senadores estadounidenses revela que la CIA ha estado llevando a cabo durante años, de manera secreta e ilegal, un programa generalizado de vigilancia a ciudadanos y residentes estadounidenses. En la carta, escrita en abril de 2021, los senadores Ron Wyden y Martin Heinrich pidieron que se divulguen más detalles sobre el programa de la CIA y afirmaron que dicho programa “opera fuera del marco reglamentario que el Congreso y el público creen que debe regir esta recolección de datos, y sin la supervisión del Congreso o incluso del poder ejecutivo, según lo establece la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (Foreign Intelligence Surveillance Act)”.