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Las protestas continúan en Minneapolis, donde la policía mató a tiros a Amir Locke, de 22 años, durante un allanamiento realizado el 2 de febrero a la mañana temprano. En un video registrado en una cámara corporal se ve que Locke parecía estar dormido en un sofá y envuelto en una manta cuando una unidad SWAT ingresó al departamento sin anunciarse previamente.. Locke sostenía un arma para la que tenía licencia legal y su nombre no figuraba en la orden judicial. La jefa interina de la policía de la ciudad de Minneapolis, Amelia Huffman, afirmó que Locke apuntó con el arma a los agentes y sugirió que podía haber estado vinculado con el delito que se investigaba, a pesar de no ser un sospechoso. “Fue muy estremecedor para muchas personas de nuestra comunidad ver la manera en que se presentó a Amir como un delincuente”, dice Nekima Levy Armstrong, abogada y activista a favor de que la Policía rinda cuentas por sus acciones. Las órdenes judiciales que autorizan los allanamientos sin previo aviso, que el alcalde Jacob Frey nunca eliminó a pesar de haberlo prometido, “tienen consecuencias trágicas para personas negras inocentes como Amir Locke, Breonna Taylor y tantos otros”, dice el abogado de derechos civiles Benjamin Crump, miembro del equipo legal de la familia de Amir Locke. Esta semana, el Gobierno de Biden dijo en relación al allanamiento, que podría considerar implementar una política federal que limite el uso de las órdenes judiciales que autorizan los allanamientos sin previo aviso.
Para conocer más sobre este tema, vea (en inglés) la conversación que mantuvimos con Nekima Levy Armstrong y Benjamin Crump.
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