Titulares12 de agosto de 2022

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, pidió a un tribunal federal que haga pública la orden judicial que el FBI utilizó el 8 de agosto para registrar la propiedad del expresidente Donald Trump en el estado de Florida. Garland anunció la solicitud este jueves, cuando hizo sus primeros comentarios públicos desde que Trump dijo que el FBI había registrado su residencia de Mar-a-Lago el lunes.

Fiscal general Merrick Garland: “El Departamento [de Justicia] presentó una moción para hacer pública la orden judicial y el recibo [del allanamiento] en vista de la confirmación pública del registro por parte del expresidente, las circunstancias circundantes y el gran interés público en este asunto”.

Garland aseguró que él personalmente aprobó la orden judicial para el registro y condenó los ataques verbales que Trump y sus aliados realizaron contra el FBI y el Departamento de Justicia.

El periódico The Washington Post informa que el FBI estaba buscando, entre otras cosas, documentos altamente clasificados sobre las armas nucleares de Estados Unidos. Horas después de los comentarios de Garland, Donald Trump dijo en un comunicado que alentaba la divulgación inmediata de la orden judicial. Si se demuestra que Trump cometió irregularidades en el manejo de documentos clasificados, podría ser culpable de un delito grave. En 2018, el entonces presidente Trump promulgó un proyecto de ley que aumentó la gravedad del manejo inadecuado de material clasificado, convirtiéndolo de un delito menor en un delito mayor, y estableció penas mayores para quienes cometen dicho delito.

En Estados Unidos, en el estado de Ohio, un hombre con chaleco antibalas y armado con un rifle de asalto del tipo AR-15 disparó este jueves una pistola de clavos contra una oficina del FBI de la ciudad de Cincinnati. El hecho generó un intercambio de disparos, una persecución y un enfrentamiento armado que terminó horas después cuando el atacante fue abatido por la policía en un campo de maíz. Las autoridades identificaron al hombre como Ricky Shiffer, de 42 años, un partidario de Donald Trump y del grupo de extrema derecha Proud Boys. Dos días antes del ataque del jueves contra la oficina del FBI, Shiffer publicó un mensaje en Truth Social, la red social impulsada por Trump, en el que instaba a los partidarios del expresidente a “matar al primer agente del FBI que tuvieran a la vista”. El 5 de enero de 2021, Shiffer también publicó un video en Facebook en el que se lo ve en un mitin a favor de Trump en la ciudad de Washington D.C. la noche anterior al día del asalto al Capitolio y en el que se jacta de haber participado en la insurrección.

El registro que hizo esta semana el FBI en la residencia de Mar-a-Lago de Trump, en ejecución de una orden judicial, ha generado una retórica sumamente violenta entre los partidarios del expresidente. El sitio web partidario de Trump The Gateway Pundit publicó al respecto: “Esto significa la guerra”. De similar manera se pronunció el ex asesor político de Trump Steve Bannon, quien dijo: “El FBI es la Gestapo”.

Este viernes se conmemora el quinto aniversario de la manifestación mortal “Unite the Right” (Unir a la derecha, en español) ocurrida en 2017 en la ciudad de Charlottesville, estado de Virginia, donde una persona autodenominada neonazi embistió con su automóvil a una multitud de contramanifestantes antirracistas y mató a la activista Heather Heyer e hirió a decenas de personas más.

Un tribunal federal de la ciudad de Washington D.C. condenó al ex oficial de policía Thomas Robertson a más de siete años de prisión por el papel que desempeñó en el asalto del 6 de enero de 2021 al Congreso de Estados Unidos. Robertson había servido como oficial de policía en la localidad de Rocky Mount, en el estado de Virginia. Un mes antes de la insurrección, Robertson instó a una “rebelión armada”. Otro expolicía de Rocky Mount, Jacob Fracker, también será sentenciado este viernes por su papel en el asalto al Capitolio.

Documentos recientemente publicados revelan que, en abril pasado, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos intentaron advertir al Congreso sobre la eliminación de mensajes de texto del Servicio Secreto que fueron enviados el 5 y el 6 de enero de 2021, es decir, en la víspera y en el mismo día del ataque al Congreso de Estados Unidos. Sin embargo, esos intentos fueron frustrados por el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, Joseph Cuffari, designado por Trump. La revelación renovó los llamamientos para que Cuffari renuncie a su cargo y el presidente Biden no ha descartado la posibilidad de destituirlo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) han relajado aún más sus recomendaciones sobre la COVID-19. Las nuevas pautas de las autoridades sanitarias de Estados Unidos para reducir los riesgos de contraer la enfermedad están enfocadas aún más en la responsabilidad individual de la población, en lugar de en las medidas de salud pública. Los CDC ya no recomiendan que las personas mantengan un distanciamiento físico de dos metros y ya no recomiendan la cuarentena para aquellos que han estado expuestos a una persona infectada. El jueves, una epidemióloga de los CDC dijo a la prensa: “Sabemos que la COVID-19 llegó para quedarse”. Actualmente, más de 40.000 personas están hospitalizadas con COVID-19 en Estados Unidos, donde la enfermedad continúa causando la muerte de más de 3.300 personas cada semana.

El Organismo Internacional de Energía Atómica ha pedido a Rusia y Ucrania que detengan de inmediato los enfrentamientos en torno a la planta de energía nuclear más grande de Europa, que Rusia ha ocupado desde marzo. El jueves, Ucrania informó que al menos diez proyectiles explotaron cerca de la extensa planta nuclear de Zaporiyia, el último de una serie de ataques que han amenazado con desencadenar una catástrofe nuclear. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo este jueves en Kiev que Rusia había tomado como rehén a todo el mundo.

Presidente Volodymyr Zelensky: “Rusia ha superado una vez más el nivel en la historia mundial del terrorismo. Ningún otro país ha usado de forma tan obvia una central nuclear para amenazar al mundo entero y buscar ciertas condiciones”.

El viernes por la mañana, el embajador de Rusia ante las Naciones Unidas dijo que no apoya los llamados internacionales para que se establezca una zona desmilitarizada alrededor de la planta de Zaporiyia.

Mientras tanto, los residentes de la ciudad ucraniana de Járkov continúan sufriendo fuertes bombardeos e informan que los misiles alcanzaron este jueves un vecindario sumamente poblado.

Olena Ostapets: “No hay vehículos militares aquí. Es el centro de Járkov. La gente vive aquí. Suele ser [un vecindario] muy tranquilo, no hay objetos militares cerca. No tengo idea de por qué nuestro patio fue bombardeado”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia reconoció por primera vez que está negociando con el Gobierno de Biden un intercambio de prisioneros que podría suponer la liberación de los ciudadanos estadounidenses Brittney Griner y Paul Whelan, que actualmente están encarcelados en colonias penitenciarias rusas. El presidente Biden dijo que el anuncio le dio “esperanzas” de que se pudiera concretar pronto el canje de prisioneros.

El Pentágono afirma que este martes llevó a cabo tres ataques aéreos en Somalia que provocaron la muerte de cuatro combatientes del grupo al-Shabab. Es la segunda vez en las últimas semanas que el Comando Central de Estados Unidos anuncia la realización de ataques aéreos en Somalia.

Cinco personas murieron y otras 100 resultaron heridas este jueves durante los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad gubernamentales somalíes y grupos de personas que se manifestaban en diversas localidades de la región separatista de Somalilandia. Testigos dijeron que las fuerzas de seguridad utilizaron garrotes y fuego real para atacar a los manifestantes que pedían al líder somalí Muse Bihi Abdi que no retrasara las elecciones presidenciales de Somalilandia previstas para noviembre.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados dijo que un millón de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en Somalia por la sequía devastadora que afecta al país y que ha provocado pérdidas generalizadas de cultivos y de ganado desde enero de 2021. La ONU anticipa que el número de somalíes en condiciones de hambruna aumentará a más de siete millones en los próximos meses debido a los efectos de la crisis del cambio climático y el aumento de los precios de los alimentos causado por la invasión rusa de Ucrania.

En el suroeste de Francia, más de 10.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares a causa de un incendio forestal de gran magnitud que continúa propagándose sin control cerca de la ciudad de Burdeos. Equipos de bomberos de Austria, Grecia, Alemania, Polonia y Rumania se han unido a unos 10.000 bomberos franceses que luchan contra las llamas.

Esto ocurre al tiempo que gran parte de Europa continúa sufriendo una ola de calor sin precedentes. Los incendios forestales están causando estragos en el centro de Portugal y partes del Reino Unido están nuevamente bajo una advertencia de calor extremo.

Miles de personas salieron este jueves a las calles de diversas ciudades de Brasil en defensa de la democracia, luego de que el presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, amenazara con no reconocer los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales previstas para octubre si estos no le son favorables. El expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que se postula nuevamente a la presidencia, lidera actualmente las encuestas de intención de voto. Bolsonaro ha estado afirmando, sin pruebas, que el sistema de votación electrónica de Brasil es vulnerable al fraude. Estas fueron las palabras expresadas por uno de los manifestantes en Río de Janeiro.

Pedro Lucas: “Estamos aquí para pedir elecciones libres, educación gratuita y mejoras para nuestro pueblo, porque nuestra gente no puede estar muriendo de hambre”.

En más noticias sobre Brasil, la policía arrestó a otras cinco personas vinculadas con los asesinatos, ocurridos en junio pasado, del periodista británico Dom Phillips y del defensor de los derechos de los pueblos indígenas brasileños Bruno Pereira. Las autoridades brasileñas también identificaron a uno de los sospechosos como el líder de un grupo del crimen organizado vinculado con la pesca ilegal en la región amazónica. Phillips y Pereira desaparecieron en junio en el valle del Yavarí, un área remota de la Amazonía brasileña, y sus restos fueron encontrados desmembrados unas dos semanas después.

Haga clic aquí para ver nuestra entrevista en español sobre los asesinatos de Phillips y Pereira con Ana Alfinito, asesora legal brasileña de Amazon Watch.

En Estados Unidos, el periódico San Francisco Chronicle informa que al menos siete empleados de la Oficina del Fiscal de Distrito de San Francisco han renunciado desde que Brooke Jenkins fue nombrada fiscal de distrito en julio. Jenkins sustituyó al ex fiscal de distrito Chesa Boudin, de orientación progresista, quien fue destituido tras unas elecciones especiales revocatorias que la industria de bienes raíces impulsó y financió con millones de dólares. Otros 15 miembros del personal de la oficina fueron despedidos después de las elecciones revocatorias. En el pasado, Jenkins dijo que se ofreció como voluntaria en dichas elecciones. Sin embargo, los registros muestran que la actual fiscal de distrito de San Francisco recibió más de 100.000 dólares como consultora de Neighbors for a Better San Francisco, una organización sin fines de lucro que lideró las iniciativas para destituir a Boudin. El mayor financiador de dicha organización es el multimillonario William Oberndorf, un destacado donante del Partido Republicano. Chesa Boudin pretendía reformar el sistema de justicia penal en San Francisco, pero se enfrentó con la creciente hostilidad del sector inmobiliario.