Titulares26 de agosto de 2022

En Ucrania, la planta de energía nuclear de Zaporiyia ocupada por Rusia fue desconectada de la red eléctrica nacional este jueves, después de que los combates entre las fuerzas armadas rusas y ucranianas provocaran incendios que destruyeron una línea de transmisión. Sin una fuente de energía externa, el sistema automatizado de la planta activó el suministro de emergencia, es decir, una última línea de defensa para evitar una fusión nuclear. Zaporiyia es la central nuclear más grande de Europa; cuenta con seis reactores y miles de toneladas de materiales altamente radiactivos almacenados en el lugar. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo el jueves que Rusia ha puesto al mundo entero en riesgo de sufrir un gran desastre nuclear.

Presidente Volodymyr Zelensky: “Los generadores diésel se activaron de inmediato para proporcionar energía a la propia estación, para brindarle un suministro de emergencia tras la desconexión. El mundo debe entender la amenaza que esto supone. Si los generadores diésel no se hubieran encendido, si el sistema automático no hubiera funcionado y si nuestro personal de la planta no hubiera reaccionado [adecuadamente] después de la desconexión, estaríamos ahora obligados a enfrentar las consecuencias de un accidente radioactivo. Rusia ha puesto a Ucrania y a todos los europeos a un paso de un desastre nuclear”.

Los últimos combates en torno a la central de Zaporiyia se producen al tiempo que las Naciones Unidas negocian con Rusia una visita de inspección a la planta. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, dijo el jueves al canal de televisión France 24 que espera que la visita del equipo de inspección a la planta de Zaporiyia se concrete en los próximos días.

Rafael Grossi: “Necesitamos estar allí pronto. Ucrania lo acepta, Rusia lo acepta. Tenemos que estar allí. Y estaremos allí, ojalá que muy muy pronto”.

Periodista: “¿’Muy pronto’ significa dentro de algunos días o dentro de algunas semanas?”.

Rafael Grossi: “Días”.

Estados Unidos llevó a cabo esta semana una serie de ataques dentro de Siria, contra lo que el Pentágono describió como combatientes respaldados por Irán. El Comando Central de Estados Unidos informa que helicópteros artillados estadounidenses mataron hasta tres “presuntos combatientes respaldados por Irán” después de que dos bases que albergaban militares estadounidenses en el noreste de Siria fueran atacadas con cohetes. Un día antes, aviones de combate estadounidenses habían lanzado ataques cerca de Deir ez-Zor, una región rica en petróleo situada a lo largo de la frontera oriental de Siria con Irak. El Pentágono afirma que el presidente Biden ordenó los ataques aéreos contra combatientes vinculados a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El Congreso no ha autorizado de manera formal la acción militar estadounidense en Siria; y el mes pasado alrededor del 60% de los demócratas de la Cámara de Representantes votó a favor de poner fin a la intervención de las fuerzas armadas de Estados Unidos en Siria.

En Bangladés, miles de musulmanes rohinyá han organizado protestas en los campamentos de refugiados para conmemorar los cinco años desde que las fuerzas armadas birmanas iniciaran la campaña de genocidio y limpieza étnica contra su comunidad. La ONU informa que hasta 10.000 miembros de la comunidad rohinyá fueron asesinados por las fuerzas armadas birmanas durante el genocidio cometido en 2017, aunque algunas estimaciones consideran que el número real de muertes es más del doble de esa cifra. Otros 730.000 rohinyás se vieron obligados a huir de Birmania. Personas que se manifestaban en un extenso campamento de refugiados situado en la ciudad de Cox’s Bazar dijeron este jueves que están dispuestas a ser repatriadas, pero solo si se les garantiza condiciones de seguridad y se les otorga la ciudadanía birmana.

Jamalida Begum: “Hoy nos estamos manifestando porque en 2017 las fuerzas armadas birmanas perpetraron un genocidio y mataron a nuestra gente. Mataron a mi esposo y a mucha gente. Los militares nos violaron y luego mataron a nuestros hijos, arrojándolos al fuego y arrebatándolos del regazo de sus madres”.

Abul Kasim: “Ahora estamos dispuestos a regresar a Birmania, pero para ello exigimos que se nos otorguen nuestros derechos de ciudadanía. Si lo aceptan, entonces estamos listos para regresar. Bangladés no es nuestra patria. No queremos quedarnos aquí. Si regresamos [a Birmania], no nos quedaremos en campamentos [de refugiados]; queremos ir directamente a nuestros propios hogares”.

En Nueva York, organizaciones ambientalistas advierten que las conversaciones de las Naciones Unidas destinadas a proteger los océanos del mundo están al borde del fracaso. Autoridades diplomáticas se reunieron esta semana en la sede de la ONU para una ronda final de negociaciones sobre un nuevo tratado para proteger la biodiversidad en aguas internacionales. La organización Greenpeace afirma que un puñado de países, en su mayoría ricos, entre los que se encuentran Estados Unidos y Canadá, han frustrado los avances en las conversaciones, incluido un plan para establecer “áreas marinas protegidas” que abarcan el 30% de los océanos del mundo. En un comunicado, Greenpeace declaró: “Ahora parece que proteger el 30% de los océanos del mundo [para 2030] será imposible. Los científicos sostienen que este es el mínimo absoluto necesario para proteger los océanos y que el fracaso de estas conversaciones pondrá en peligro el sustento y la seguridad alimentaria de miles de millones de personas”.

Perú ha presentado una demanda contra la petrolera española Repsol por 4.500 millones de dólares como indemnización por los daños causados por un gran derrame de petróleo que en enero pasado contaminó varias playas de Lima. El derrame se produjo cuando un oleoducto submarino vertió casi 12.000 barriles de petróleo en el océano Pacífico. La petrolera Repsol ha negado su responsabilidad por el derrame, que el presidente peruano, Pedro Castillo, calificó como “uno de los ecocidios más grandes de la historia en nuestras costas y mares”. Las personas afectadas por el derrame siguen exigiendo justicia por lo sucedido.

Perla Zamudio: “A raíz del derrame del petróleo, nosotros hemos sido afectados enormemente, igual que los pescadores artesanales del puerto. La empresa Repsol no quiere reconocer eso y ellos dicen que solamente son afectados directos los pescadores artesanales. Pero todos somos una cadena. Nosotros nos abastecíamos con los productos netamente del puerto de Chancay. Y a raíz de este derrame, ya no hemos podido tener pescado; la gente no consume productos del puerto”.

En Estados Unidos, un tribunal estatal de Dakota del Norte bloqueó una “ley de activación” contra el aborto justo antes de que entrara en vigencia este viernes. El jueves, un juez concedió una medida cautelar contra la legislación, que convierte en delito grave realizar un aborto, salvo en algunos casos relacionados con emergencias médicas, violaciones o incestos.

Mientras tanto, en el estado de Texas, este jueves entró en vigencia una “ley de activación” contra el aborto. Dicha ley convierte en delito grave realizar un aborto y lo hace punible de una multa de 100.000 dólares y hasta una pena de cadena perpetua. Una “ley de activación” similar, que no contempla ninguna excepción ante casos de violación, incesto o anomalías fetales, también entró en vigor en el estado de Tennessee.

En Estados Unidos, en el estado de Carolina del Sur, el congresista estatal republicano Neal Collins dijo recientemente que está reconsiderando su apoyo al llamado “proyecto de ley del latido del feto” del estado después de enterarse de cómo dicha legislación puso en peligro la vida de una de sus electores. La semana pasada, Collins dijo que fue contactado por personal médico acerca de un caso en el que a una joven de 19 años se le negó un aborto por un feto inviable y fue dada de alta en el hospital y enviada a su casa porque la nueva ley requería que esperara hasta que ya no se pudiera detectar ningún latido fetal.

Rep. Neal Collins: “El personal médico me dijo en ese momento que había un 50% de posibilidades de que la joven expulsara el feto en el baño [de su casa]. Ella tendrá que lidiar con eso sola. Hay más del 50% de posibilidades de que pierda el útero. Hay un 10% de posibilidades de que desarrolle sepsis y muera. Eso me pesa. Yo voté por ese proyecto de ley y [ahora veo] cómo está afectando a la gente”.

Collins fue uno de los tres republicanos de Carolina del Sur que se abstuvo en una votación que se celebró en un comité sobre un nuevo proyecto de ley que prohibiría casi todos los abortos en el estado. La legislación será debatida en la Cámara de Representantes de Carolina del Sur el próximo miércoles.

En Estados Unidos, un tribunal federal de apelaciones falló en contra de una ley estatal de Arkansas que prohíbe la atención médica relacionada con la afirmación de género para las personas transgénero menores de edad. El jueves, un panel del Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito, conformado por tres jueces, dictaminó que una medida cautelar temporal contra la ley debe permanecer en vigor mientras continúan las impugnaciones legales. El año pasado, la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles presentó una demanda para bloquear el proyecto de ley de Arkansas en nombre de cuatro jóvenes trans y sus familias, así como de un par de miembros del personal médico que brinda atención a la juventud trans.

En noticias sobre inmigración, el Gobierno de Biden codificará en la ley federal el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA, que fue implementado durante la presidencia de Obama. La medida tiene como objetivo proteger el programa de las impugnaciones legales. Se espera que la nueva regulación entre en vigor el 31 de octubre. El programa migratorio ha otorgado permisos de trabajo y protecciones contra órdenes de deportación a cientos de miles de inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran menores de edad. Varios estados liderados por republicanos han presentado demandas para desmantelar el programa DACA, argumentando que es ilegal. En julio de 2021, un juez federal del estado de Texas bloqueó nuevas solicitudes del programa DACA. Se espera que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito emita un dictamen sobre la impugnación de ese fallo a finales de este año.

Un juez federal de Estados Unidos dio plazo hasta el mediodía de este viernes para que el Departamento de Justicia publique partes de la declaración jurada que el FBI utilizó para justificar el registro de la residencia del expresidente Trump en el estado de Florida a principios de este mes. Aún se desconoce qué partes de la declaración jurada serán censuradas, pero es probable que dicho documento proporcione pistas sobre cómo el FBI estableció una causa razonable para respaldar el registro de la mansión Mar-a-Lago de Trump, en donde los agentes incautaron once conjuntos de documentos clasificados, muchos de ellos rotulados como “ultrasecretos”.

El presentador del canal Fox News Tucker Carlson será interrogado este viernes en el marco de una demanda presentada por la compañía de máquinas de votación que fue objeto de afirmaciones falsas de los republicanos acerca de que las elecciones presidenciales de 2020 fueron ganadas de forma fraudulenta. La empresa de máquinas de votación Dominion Voting Systems ha demandado al canal Fox News por 1.600 millones de dólares, alegando que los presentadores de dicho medio de comunicación difamaron a la empresa al promover repetidas veces teorías conspirativas que sostenían que las máquinas de votación de la empresa se usaron para manipular los resultados electorales y quitarle votos a Donald Trump. Otros presentadores destacados de Fox News también serán interrogados, entre ellos, Sean Hannity, Lou Dobbs, Jeanine Pirro y Steve Doocy.

En materia laboral, los trabajadores de un restaurante de la cadena Chipotle de la ciudad de Lansing, estado de Michigan, votaron a favor de sindicalizarse y se han convertido en los primeros en organizar un sindicato en esa cadena de comida rápida en Estados Unidos. Los trabajadores han estado exigiendo salarios más altos y horarios de trabajo más adecuados. Los empleados del establecimiento de Lansing presentaron una solicitud para celebrar elecciones sindicales en julio. Ese mismo mes, un restaurante de Chipotle de la ciudad de Augusta, estado de Maine, fue cerrado de forma permanente después de que los trabajadores intentaran sindicalizarse. Una portavoz de la compañía dijo que Chipotle estaba “decepcionada” por el voto a favor de la sindicalización de los trabajadores del establecimiento de Lansing.

En Estados Unidos, la Junta Nacional de Relaciones Laborales presentó una nueva denuncia contra la cadena de cafeterías y comida rápida Starbucks, en la que acusan a la empresa de negar ilegalmente aumentos salariales y beneficios a miles de trabajadores involucrados en campañas de sindicalización. La denuncia busca que los trabajadores reciban los pagos retroactivos que les correspondan y que el director ejecutivo de la empresa, Howard Schultz, grabe un video en el que admita que la empresa incurrió en acciones ilegales. Starbucks enfrenta decenas de otros cargos por prácticas laborales injustas y campañas generalizadas de represalias que llevó a cabo contra organizadores sindicales. Desde diciembre de 2021, trabajadores de más de 230 establecimientos de Starbucks de Estados Unidos han votado a favor de unirse al sindicato Starbucks Workers United.

Catar ha deportado a decenas de trabajadores migrantes que recientemente encabezaron una protesta en la que denunciaban salarios impagos. Muchos de los trabajadores eran de Bangladés, India y Nepal y trabajaban para la empresa Al Bandary Engineering and Electrowatt, que tienen contratos multimillonarios en la ciudad de Doha. Los trabajadores dijeron que se les adeuda al menos seis meses de trabajo. El activista británico en defensa de los derechos humanos Mustafa Qadri habló recientemente con trabajadores migrantes en el sur de Asia que informan que todavía se les deben salarios impagos de sus trabajos en Catar, país que se prepara para albergar la próxima Copa Mundial de Fútbol. Muchos de los trabajadores sufren discapacidades relacionadas con el trabajo.

Mustafa Qadri: “Me sentí impactado por las historias que escuché de las víctimas del trabajo forzoso en Catar. […] La FIFA, Catar y sus socios no cumplieron con sus deberes de respetar los derechos humanos básicos y la dignidad de los trabajadores y se aprovecharon de un sistema laboral explotador para generar ganancias”.