El Gobierno del presidente Biden está considerando implementar un plan cuyo objetivo es comenzar a detener a las familias migrantes que son detenidas en la frontera entre Estados Unidos y México, luego de que, en los últimos dos años, los funcionarios estadounidenses terminaran, en gran medida, con dicha práctica. La medida se produce al tiempo que Estados Unidos sigue intensificando su operativo de represión contra los solicitantes de asilo y cuando se prepara para eliminar progresivamente la política migratoria basada en el Título 42 del Código de Regulaciones Federales que se inició durante la presidencia de Trump, la que se espera que sea completamente eliminada en mayo. La política se ha utilizado para expulsar a más de dos millones de migrantes sin el debido proceso en la frontera sur del país.
La directora ejecutiva de la organización Detention Watch Network, Silky Shah, publicó en Twitter: “Biden confirma su estatus de Obama 2.0 con esta noticia. […] Realmente espero que esto que están haciendo sea solo para tantear el terreno y no se termine concretando, pero de no ser así, definitivamente se enfrentarán a una lucha”.
El Gobierno de Biden propuso el mes pasado otra política que obligaría a decenas de miles de solicitantes de asilo a buscar asilo en México o en otro país por el que hayan pasado en su viaje a Estados Unidos antes de hacerlo en el país anglosajón. Las políticas de inmigración más estrictas están obligando a los solicitantes de asilo a depender de métodos y rutas más peligrosas para lograr llegar a Estados Unidos.
En México, más de 340 migrantes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador fueron encontrados el domingo en un camión abandonado en el estado de Veracruz. Más de 100 menores migrantes no acompañados se encontraban entre las personas que fueron halladas en el camión.
Las autoridades tunecinas arrestaron a cientos de refugiados provenientes de la región del África subsahariana tras los comentarios racistas que hizo el presidente Kais Saied en febrero, en los que dijo que los inmigrantes indocumentado negros eran parte de un supuesto complot para transformar la composición demográfica de la población de Túnez y pidió el fin de la migración subsahariana. Los comentarios han desencadenado una ola de violencia y delitos de odio contra los refugiados africanos y, debido a los ataques, muchos de ellos se han visto obligados a buscar seguridad en el edificio de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, que se encuentra en la ciudad capital del país, Túnez. Saied ha tenido todo tipo de repercusiones por sus comentarios. La Unión Africana pospuso una conferencia que estaba programada para este mes en Túnez.
Mientras tanto, el Gobierno de Biden dijo estar preocupado por los comentarios de Saied, así como por los arrestos arbitrarios que padecen los refugiados en Túnez. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, habló el lunes sobre el tema.
Ned Price: “Estas declaraciones no concuerdan con la larga historia de generosidad que tiene Túnez en relación con la acogida y protección de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes, y nos preocupan los informes que revelan los actos de violencia que se ejercen contra estos mismos migrantes.
Instamos a las autoridades tunecinas a cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional para proteger los derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes”.
Corea del Sur acordó establecer un fondo para compensar a las personas que fueron víctimas del trabajo forzoso durante la ocupación japonesa de Corea, la que ocurrió en la primera mitad del siglo XX. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur planea recaudar los fondos que se destinarán a la compensación a través de las contribuciones voluntarias de las empresas. Las personas sobrevivientes de Corea del Sur calificaron el acuerdo como una traición de su propio Gobierno. Ellos han estado presionando para que los fondos provengan directamente de las compañías japonesas que esclavizaron a los coreanos, entre las que se encuentran Nippon Steel Corporation y Mitsubishi Heavy Industries. Las personas que apoyan a las víctimas se manifestaron el martes contra el acuerdo en una protesta que se llevó a cabo en la ciudad capital de Corea del Sur, Seúl.
Kim Young-hwan: “Condenamos al Gobierno de Corea del Sur por eximir a Japón de su responsabilidad. [En su lugar,] debería haberse enfrentado al Gobierno japonés y participar en negociaciones diplomáticas”.
Lee In Sun: “Japón debería disculparse y compensar [a las víctimas]. No tiene sentido que el Gobierno haya propuesto que se compense [a las víctimas de trabajo forzoso] de esta manera tan vergonzosa sin exigir a Japón un pedido de disculpas”.
En la ciudad de Washington D.C., el presidente Biden celebró el lunes el acuerdo y lo calificó como un “nuevo e innovador capítulo de cooperación y colaboración” entre Japón y Corea del Sur.
El Gobierno de Corea del Norte ha advertido a Estados Unidos que no derribe ninguno de sus misiles de prueba. Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, dijo que cualquier tipo de interceptación sería vista como una “declaración de guerra”. Su advertencia se produjo un día después de que Estados Unidos y Corea del Sur realizaran ejercicios militares aéreo conjuntos en la península coreana, en los que desplegaron un bombardero B-52 capaz de llevar armas nucleares.
Mientras tanto, la agencia espacial japonesa fracasó el martes en su primer intento de poner en órbita su nuevo cohete H3 luego de que sus motores secundarios no se encendieran. El mal funcionamiento del cohete destruyó un satélite de observación terrestre que fue diseñado para ayudar a detectar los lanzamientos de misiles balísticos de Corea del Norte.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, planea reunirse en las próximas semanas con la presidenta de Taiwán durante su visita al estado de California. El periódico Financial Times informa que Tsai Ing-wen convenció a McCarthy de reunirse con ella en suelo estadounidense en lugar de hacerlo en la ciudad capital de Taiwán, Taipéi, a fin de evitar que China lleve adelante una respuesta militar agresiva. Desde Pekín, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, dio el martes su primera conferencia de prensa desde que asumió el cargo y condenó la postura de Estados Unidos sobre Taiwán.
Qin Gang: “El pueblo chino tiene todo el derecho a preguntar: ¿Por qué Estados Unidos habla extensamente sobre el respeto de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania mientras que no respeta la soberanía y la integridad territorial de China en relación a Taiwán? ¿Por qué Estados Unidos le pide a China que no proporcione armas a Rusia mientras le sigue vendiendo armas a Taiwán?”.
Esos comentarios se produjeron al tiempo que el presidente chino, Xi Jinping, acusó el lunes directamente a Estados Unidos de reprimir el desarrollo económico de China en lo que el periódico The Wall Street Journal describió como una “crítica inusualmente contundente a la política estadounidense”. Xi dijo: “Bajo el liderazgo de Estados Unidos, los países de Occidente han implementado medidas de contención, acorralamiento y represión integrales contra nosotros, lo que ha generado severos desafíos sin precedentes para el desarrollo [económico] de nuestro país”.
Los líderes militares de Ucrania decidieron seguir defendiendo la ciudad oriental de Bajmut y están solicitando que se envíen refuerzos adicionales en medio de uno de los combates más cruentos que se han llevado adelante desde que Rusia invadió el país de Europa Oriental hace más de un año. Los analistas militares dicen que a pesar de que ambos bandos están sufriendo grandes bajas, los soldados rusos y los mercenarios de la organización paramilitar Wagner están muriendo a un ritmo más acelerado. Esta semana, la organización estadounidense de investigación Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales estimó que, con hasta 250.000 soldados muertos y heridos en el primer año de la su invasión de Ucrania, Rusia ha superado en un solo año en Ucrania el número combinado de bajas de todos los otros conflictos en los que ha participado desde la Segunda Guerra Mundial.
Un tribunal de Bielorrusia ha declarado a la líder de la oposición Svetlana Tijanóvskaya culpable de traición y la ha condenado en ausencia a 15 años de prisión. En 2020, después de que su esposo Serguéi Tijanóvski fuera encarcelado mientras se postulaba para presidente, Svetlana Tijanóvskaya se presentó como candidata en su lugar y le disputó la presidencia a Alexander Lukashenko, el actual presidente bielorruso que ocupa el cargo desde 1994. Tijanóvskaya huyó de Bielorrusia para exiliarse en el país vecino de Lituania después de las elecciones.
La organización de ayuda humanitaria Médicos sin Fronteras está considerando suspender sus operaciones en Haití luego de que se produjeran una serie de tiroteos en sus clínicas de la ciudad de Puerto Príncipe y de sufrir otros incidentes violentos al tiempo que el país insular está siendo controlado cada vez más por grupos criminales. Los residentes locales también se enfrentan al hambre y a una creciente inseguridad alimentaria, además de tener extremadamente difícil acceder a medicamentos y otros recursos debido a la convulsión social que vive el país. Los activistas en defensa de los derechos humanos han documentado graves actos de violencia, incluidos abusos sexuales y cientos de asesinatos. Un nuevo informe de la ONU dice que muchas de las armas que terminan en las calles de Haití están siendo contrabandeadas desde Estados Unidos. Los enfrentamientos entre grupos criminales por el control del territorio también se han intensificado, lo que obliga a las familias a huir de sus hogares.
Lugareña no identificada: “Yo estaba durmiendo en la calle. Regresé esta mañana y veo que las cosas siguen igual”.
Periodista: “¿Va a dejar su casa de forma permanente?”.
Lugareña no identificada: “No tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir”.
El Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, está considerando un plan para vacunar a millones de aves contra la gripe aviar. El plan surge en medio del peor brote de la enfermedad viral en la historia de Estados Unidos, que ha matado a decenas de millones de gallinas, pavos y patos de corral, junto a innumerables aves silvestres. La gripe aviar ha sido la causa de la muerte de miles de leones marinos en Perú, así como de que decenas de otras especies se enfermen y mueran, lo que genera temores de que la situación pueda conducir a la propagación comunitaria entre los humanos.
En el estado de Georgia, fiscales de la ciudad de Atlanta acusaron a 23 defensores de los bosques de cargos de “terrorismo doméstico” luego de que se los arrestara el domingo por la noche en un festival que se celebraba cerca de las instalaciones de la “Cop City”, un enorme centro de capacitación policial que se está construyendo en el bosque Weelaunee. Los arrestos se produjeron tras los enfrentamientos entre policía y manifestantes ocurridos el domingo por la tarde. El lunes, miembros del clero de diferentes comunidades religiosas de Atlanta se unieron a los activistas que pedían al alcalde Andre Dickens y a otras autoridades municipales que cancelen el proyecto “Cop City” de 90 millones de dólares.
Reverendo Leo Seyij Allen: “La ciudad de Atlanta hace caso omiso a los pedidos de los residentes y sigue adelante con la destrucción del bosque urbano más grande del país para reemplazarlo con el centro de capacitación policial militarizado más grande de América del Norte. […] Y puedo agregar que la violenta operación policial que tuvo lugar anoche mientras los habitantes de la ciudad se solidarizaban para defender este bosque es un ejemplo de la militarización que estamos denunciando”.
En el estado de Ohio, la compañía ferroviaria Norfolk Southern acordó llevar a cabo un plan limitado para reubicar a los residentes de la localidad de East Palestine que se vieron afectados por la catástrofe ferroviaria del 3 de febrero, la cual provocó un gran incendio y la liberación masiva de cloruro de vinilo y otras sustancias químicas tóxicas al medioambiente. Los activistas locales de la organización comunitaria River Valley Organizing calificaron la medida como una primera gran victoria, pero, en un comunicado, dijeron: “En pocas palabras: esto no es suficiente. La reubicación de [los residentes que viven dentro de] un radio de más de un kilómetro y medio no refleja el hecho de que este desastre químico ha tenido un impacto de largo alcance. Necesitamos dejar de permitir que Norfolk Southern anteponga sus ganancias por sobre [la salud de] los miembros de nuestra comunidad”.
En la ciudad estadounidense de Mineápolis, los defensores de la justicia medioambiental están apelando a la Legislatura y la Corte Suprema estatales para frenar la demolición de un depósito que se encuentra un una zona del sur de la ciudad que en el pasado estuvo incluida en el programa federal de limpieza de residuos tóxicos peligrosos, después de que los miembros del consejo de la ciudad aprobaran la demolición, con siete votos a favor y seis en contra. Los residentes del vecindario de East Phillips y de las comunidades aledañas temen que la demolición del depósito Roof Depot remueva sustancias químicas tóxicas de un área conocida como “el triángulo del arsénico”, y han propuesto convertir el edificio en una granja urbana cubierta y en un centro comercial comunitario. En febrero, más de 100 policías de Mineápolis ingresaron abruptamente al recinto y arrestaron a ocho activistas que se encontraban en el lugar para evitar su demolición. Estas fueron las palabras expresadas por Cassie Holmes, residente del cercano complejo de viviendas Little Earth, que es el hogar de muchos indígenas estadounidenses.
Cassie Holmes: “Me enteré de este lugar cuando perdí a mi hijo mayor, que tenía 16 años, por una afección cardíaca con la que no nació. Mi mejor amiga perdió un hijo a la temprana edad de 20 años, después de su segundo hijo, debido a una enfermedad cardíaca con la que no nació. Perdimos amigos por ataques de asma. Y comenzamos a entender cuán tóxico es el aire en nuestra comunidad. Luego queríamos crear un espacio verde con una vida sostenible, trabajos sostenibles, capacitación sobre la vida sostenible, y eso iba a ser justo en este lugar. Pero la ciudad amenazó con [ejercer] un dominio eminente. Ellos consiguieron expropiar el lugar. Y lo que quieren hacer es demoler este edificio, que contiene arsénico. Y todo lo que quieren hacer simplemente generará mucha más contaminación tóxica para nuestra comunidad que ya está muy contaminada”.