Titulares28 de abril de 2023

El Gobierno de Biden anunció que establecerá centros de procesamiento para inmigrantes en varios países de América Latina donde los solicitantes de asilo tendrán que solicitar permiso para ingresar a Estados Unidos. La medida tiene como objetivo disuadir a decenas de miles de migrantes de solicitar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. Los primeros centros para gestionar las solicitudes de migrantes estarán ubicados en Guatemala y Colombia. Las personas migrantes de América Latina y el Caribe se verán obligadas a viajar al centro más cercano a su ubicación para iniciar una solicitud de asilo o solicitar el estatus de refugiado, para luego ser reubicadas en Estados Unidos, Canadá o España. Estados Unidos ha acordado recibir a 20.000 refugiados durante los próximos dos años fiscales, al mismo tiempo planea duplicar o triplicar las deportaciones aceleradas de migrantes considerados “no elegibles” para ingresar a Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el secretario de Estado, Antony Blinken, expusieron este jueves las nuevas medidas y advirtieron que las personas migrantes que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos enfrentarán consecuencias más severas, incluidos posibles cargos penales. Estas fueron las palabras expresadas por Mayorkas.

Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas: “A partir del 12 de mayo, las personas que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos y sean elegibles [para ser deportadas] serán sometidas a procesos de expulsión acelerada. Las personas que lleguen a nuestra frontera y no tengan un fundamento legal para permanecer en el país serán rápidamente expulsadas, aunque hayan enfrentado una dura travesía, muchas veces terriblemente traumática, y hayan gastado todos sus ahorros pagando a traficantes [de personas]. La mayoría de las veces serán expulsadas del país en cuestión de días o de pocas semanas”.

Esto se produce al tiempo que Estados Unidos se prepara para finalizar en mayo la política migratoria basada en el Título 42 del Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos que se implementó durante la presidencia de Trump, al inicio de la pandemia. Durante los últimos tres años, esta política se ha utilizado para expulsar sin el debido proceso a unos 2,7 millones de personas que cruzaron a la frontera sur de Estados Unidos en busca de refugio. Activistas en defensa de la justicia para las personas migrantes han criticado al Gobierno de Biden por violar el derecho internacional y aplicar políticas similares a las impulsadas por Donald Trump. Las nuevas medidas migratorias que se anunciaron este jueves no aplican para los migrantes provenientes de África. Eleanor Acer, de la organización Human Rights First, dijo en un comunicado: “El Gobierno de Biden debería enfocarse en medidas para incrementar el reasentamiento de refugiados y ampliar las vías legales [para solicitar asilo], en lugar de imponer una prohibición a las solicitudes de asilo, lo cual sería un error legal, moral y político”.

Continúan escuchándose fuertes explosiones y tiroteos en la capital de Sudán, Jartum, incluso después de que el Ejército sudanés aceptara una prórroga de 72 horas de un alto el fuego humanitario con el grupo paramilitar conocido como Fuerzas de Apoyo Rápido. Se han reportado combates en las cercanías del cuartel general del Ejército de Sudán, el palacio presidencial y el principal aeropuerto de Jartum. La población del lugar revela que hay una grave escasez de harina y otros alimentos básicos.

Tarek Ahmed: “La gente solo piensa en asegurar su propia supervivencia y la de sus seres queridos. Los suministros de alimentos están disminuyendo y la población podría enfrentar pronto una hambruna, o al menos una tremenda crisis alimentaria”.

Aun antes de que el 15 de abril estallaran los combates entre facciones rivales del Gobierno militar sudanés, un tercio de los 46 millones de habitantes de Sudán ya dependían de la ayuda humanitaria.

En Estados Unidos, continúan los ataques a los derechos de las personas transexuales. Este jueves, los legisladores republicanos del estado de Kansas anularon un veto impuesto por la gobernadora del estado, la demócrata Laura Kelly, y promulgaron así la ley de baños para personas transgénero más radical del país. La legislación prohíbe a las personas trans usar baños que coincidan con sus identidades de género en escuelas, vestuarios, cárceles, refugios para víctimas de violencia doméstica y centros de respuesta a casos de violación. En Nebraska, la senadora estatal demócrata Megan Hunt está siendo investigada por un posible conflicto de intereses debido a una denuncia hecha por un legislador de derecha. Según la denuncia, Hunt no habría revelado de manera oficial que es madre de una persona trans menor de edad antes de votar en contra de un proyecto de ley que prohíbe la atención médica relacionada con la afirmación de género. La senadora Hunt calificó la investigación como un “hostigamiento”. Mientras tanto, en Montana, David Gianforte, una persona de género no binario que es hija del gobernador del estado, el republicano Greg Gianforte, le pidió a su padre que rechazara una serie de proyectos de ley que vulneran los derechos de la comunidad trans, que incluyen restricciones a la atención médica relacionada con la afirmación de género y prohibiciones de los espectáculos “Drag”.

Haga clic aquí para ver la entrevista que mantuvimos con la primera y única legisladora abiertamente transgénero de Montana, Zooey Zephyr, a quien los republicanos le han negado el acceso al hemiciclo de la Cámara de Representantes estatal por defender los derechos de las personas transgénero.

En dos estados de Estados Unidos liderados por políticos conservadores se presentaron recientemente legislaciones que buscan prohibir el aborto en casi todos los casos. Sin embargo, este jueves las iniciativas no lograron avanzar en el proceso de aprobación. Los estados de Carolina del Sur y Nebraska votaron por un estrecho margen en contra de unas medidas draconianas en contra del derecho al aborto, lo que permite que el procedimiento siga siendo legal hasta las 22 semanas de embarazo. Mientras tanto, legisladores del estado de Vermont aprobaron el jueves un proyecto de ley que protege aún más el acceso al aborto, incluido el aborto farmacológico, así como también la atención médica relacionada con la afirmación de género. La legislación protege a los proveedores de este tipo de atención médica de posibles demandas.

En el Congreso de Estados Unidos, los senadores republicanos usaron la regla de obstruccionismo legislativo para bloquear la ratificación de la Enmienda de Igualdad de Derechos, una enmienda que codificaría la igualdad de género en la Constitución estadounidense. La medida se presentó por primera vez hace 100 años y se aprobó hace 50, pero nunca ha sido ratificada. En la actualidad los legisladores conservadores que se oponen a ella argumentan que la fecha límite para la ratificación ha expirado. Antes de la votación del jueves, las mujeres demócratas de la Cámara de Representantes concurrieron al Senado para instar a sus colegas a ratificar la enmienda. Expertos legales creen que la ratificación de la enmienda habría ayudado a prevenir los crecientes ataques contra los derechos reproductivos y contra la comunidad LGBTQ.

El Senado de Estados Unidos votó a favor de revocar los nuevos estándares de emisiones de gases de efecto invernadero establecidos por la Casa Blanca para camiones pesados. El senador demócrata conservador del estado de Virginia Occidental Joe Manchin se unió a los senadores republicanos en la votación de este miércoles, que finalizó con 50 votos a favor de revocar los nuevos estándares y 49 votos en contra. Si la Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, también aprueba la medida, es probable que el presidente Biden la vete. Esto se produce después de que organizaciones ambientalistas y algunos demócratas condenaran el respaldo que la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, brindó a principios de esta semana al proyecto de Mountain Valley, una tubería para transportar gas extraído mediante “fracking”. El congresista del estado de Arizona Raúl Grijalva dijo en un comunicado que “si se aprueba completamente el gasoducto, las comunidades de la región de los Apalaches se enfrentarán a varios problemas de salud y seguridad relacionados con la contaminación durante varias generaciones. Además, esta aprobación no contribuirá en absoluto a alcanzar nuestros ambiciosos objetivos en materia climática”.

Las protestas que exigen medidas urgentes para abordar la crisis del cambio climático se han intensificado en todo Estados Unidos. El jueves, dos manifestantes untaron pintura roja y negra en una vitrina que alberga obras de arte en la Galería Nacional de Arte de la ciudad de Washington D.C. e instaron al presidente Biden a declarar una emergencia climática. Esto ocurre luego de las manifestaciones que se llevaron a cabo a principios de esta semana frente a las oficinas de los gigantes bancarios Citibank y Wells Fargo, en las ciudades de Nueva York y San Francisco, respectivamente. Un nuevo estudio titulado “Banking on Climate Chaos” (Apostándole al caos climático) concluye que los bancos privados más grandes del mundo han prestado 5,5 billones de dólares a proyectos de combustibles fósiles desde que se adoptó el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. El martes, activistas ambientalistas interrumpieron una charla de John Podesta, director de la Oficina de la Casa Blanca sobre Innovación e Implementación de Energía Limpia. Los activistas exigían que el Gobierno de Biden revoque su aprobación del proyecto Willow, un plan de extracción masiva de petróleo y gas que la compañía ConocoPhillips desarrollará en el norte del estado de Alaska, así como también que tome medidas urgentes para poner fin al uso de combustibles fósiles.

Manifestante: “Nunca hemos necesitado combustibles fósiles. Dejen de apoyar su uso. Van a ser cómplices de la destrucción de la Madre Tierra y del futuro de todos”.

John Podesta: “Valoro su fervor en este tema. Estamos intentando hacer una transición creativa [hacia otro tipo de energías] para alcanzar un nivel cero de emisiones netas de carbono para el año 2050”.

Manifestante: “¡Eso es demasiado tarde!”.

John Podesta: “Tienen un punto de vista…”.

Manifestante: “¡Es demasiado tiempo!”.

Persona no identificada: “Treinta años…”.

Manifestante: “¡Es demasiado tiempo!”.

La protesta fue organizada por Climate Defiance, una nueva organización que ha prometido interrumpir la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca que se llevará a cabo este fin de semana.

El exvicepresidente de Estados Unidos Mike Pence compareció este jueves ante el gran jurado federal que investiga los esfuerzos del expresidente Donald Trump para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. El testimonio de Pence tuvo lugar un día después de que un tribunal federal de apelaciones rechazara una solicitud de emergencia presentada por el equipo legal de Trump para anular la citación emitida por el fiscal especial Jack Smith. El equipo legal del expresidente había invocado el privilegio ejecutivo para intentar anular la citación de Pence.

En Estados Unidos, el medio de comunicación Vice Media ha cancelado su galardonado programa “Vice News Tonight” como parte de una reorganización que incluyó el despido masivo de más de 100 empleados de la compañía, incluida la mayor parte de su equipo de sonido. Este nuevo recorte de puestos de trabajo en los medios de comunicación ocurre luego de que el medio digital BuzzFeed anunciara la semana pasada que cerrará el sitio web de noticias BuzzFeed News. El sindicato Vice Union publicó en Twitter: “Estos trabajadores están sufriendo las consecuencias de años de malas decisiones en las que no participaron”.

La mujer blanca cuyas acusaciones falsas llevaron a la muerte por linchamiento del adolescente negro Emmett Till en el estado de Misisipi hace siete décadas falleció a los 88 años de edad a causa de cáncer. En 1955 Carolyn Bryant Donham acusó a Till de silbarle en su tienda. La acusación provocó el secuestro, la tortura y el asesinato de Till. El esposo de Donham y su medio hermano fueron juzgados por el linchamiento de Till y absueltos por un jurado conformado solo por personas blancas. En 2007, Donham confesó que había inventado la acusación, lo que llevó al FBI a reabrir el caso. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos puso fin a su investigación en 2021 sin presentar ningún cargo. En 2022, un equipo de investigadores que buscaba pruebas en el caso de Emmett Till encontró una orden judicial no entregada que acusaba a Donham de su secuestro.