Un juez militar a cargo del proceso judicial contra Abd al-Rahim al-Nashiri, un hombre saudí preso en Guantánamo, ha desestimado sus confesiones por haber sido obtenidas por medio de prácticas de tortura en centros clandestinos de detención de la CIA en Afganistán, Tailandia, Polonia, Rumanía y Marruecos, por los que pasó al-Nashiri antes de ser enviado a Guantánamo. En uno de estos centros clandestinos, conocidos como “black sites”, al-Nashiri fue sometido al procedimiento conocido como “submarino” por los psicólogos James Mitchell y John Bruce Jessen, a quienes la CIA pagó al menos 81 millones de dólares para desarrollar y luego implementar el programa de tortura que se puso en marcha después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Hablamos del tema con Roy Eidelson, cuyo nuevo libro se titula “Doing Harm” (Haciendo daño) e investiga la complicidad de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA) en este y otros programas de tortura, así como la lucha que hubo dentro de la asociación para reformar la práctica de la psicología. “Sentíamos que había mucho en juego”, dice Eidelson. “Nos llevó más de una década lograr un cambio en la política de la APA con respecto a la participación en operaciones de interrogatorio y detención”. En momentos que la ONU pide la liberación de al-Nashiri, Eidelson alerta sobre el modo en que la actual dirigencia de la APA y ciertos sectores de las fuerzas armadas están impulsando una vez más directrices que amplían la participación de psicólogos en la tortura. “Quieren que este sea un ámbito de oportunidades laborales para psicólogos a pesar de ser un tipo de trabajo en el que la premisa de 'no hacer daño' es, en el mejor de los casos, secundaria y, en ocasiones, queda completamente descartada”, dice Eidelson. “Parece que la APA está volviendo a las posturas que la llevaron a avalar actos horribles”.
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