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El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado en varias oportunidades con abolir la ciudadanía por derecho de nacimiento, medida que no puede implementar unilateralmente desde el Poder Ejecutivo, ya que es un derecho consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. De todos modos, su retórica ha alertado a activistas por los derechos migratorios, a quienes les preocupan los planes de Trump de llevar a cabo deportaciones masivas y el impacto que esto puede tener en las familias cuyos miembros tienen diferentes estatus migratorios. Tanto Trump como su “zar de la frontera”, Tom Homan, han insinuado que deportarán a ciudadanos estadounidenses menores de edad cuyas madres y padres estén indocumentados. “Nadie está a salvo con Donald Trump en el poder”, señala la congresista por Illinois Delia Ramírez, cuyo esposo, Boris Hernández, llegó a Estados Unidos a los 14 años de edad y vivió como inmigrante indocumentado hasta que, recientemente, obtuvo la residencia legal permanente. Ramírez califica los planes de Trump en materia migratoria como “antiestadounidenses, inconstitucionales y antidemocráticos”.
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