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La frontera entre Estados Unidos, y México, en Texas, sigue siendo escenario de una batalla por la inmigración, en la que el Gobierno de este estado está incrementando la militarización de la región con el despliegue de cientos de soldados de la Guardia Nacional y la construcción de nueva infraestructura fronteriza. Esto sucede en un contexto nacional en el que la nueva ley federal de presupuesto, aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Biden, dispone un aumento de los fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas así como para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, a la vez que en el estado de Texas se discute, tanto en tribunales estatales como federales, acerca de la legalidad de la ley SB4, una nueva ley estatal que otorga a la policía local amplios poderes para detener y deportar a cualquier persona que considere sospechosa de haber ingresado a Estados Unidos sin autorización. Hablamos del tema con Fernando García, fundador y director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, organización con sede en la ciudad de El Paso. García señala que la afluencia de fuerzas especiales sin “entrenamiento para lidiar con una población civil”, junto con el clima de “muéstrame tus papeles” que genera la ley SB4, están haciendo que aumente la violencia que enfrenta cotidianamente la población latina del lado estadounidense de la frontera, mientras que se “impide ilegalmente” que la gente que se encuentra en una situación “desesperada” del lado mexicano de la frontera ejerza su derecho a solicitar asilo en otro país. García añade que, en lugar de capitular ante los políticos que se oponen a la inmigración “necesitábamos que el Gobierno nacional detuviera lo que sucede en Texas e impidiera que el gobernador” siga atacando a “la gente latina, las personas de color, migrantes y cualquiera que necesita asilo y protección”.
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