El lunes 1 de julio, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un dictamen de dimensiones históricas que otorga a los presidentes del país una amplia inmunidad frente al procesamiento judicial. El fallo, definido por seis votos contra tres gracias a la mayoría derechista de la Corte — la cual incluye a tres jueces nombrados por Trump — fue emitido en el día previo al inicio del receso judicial y solo cuatro meses antes de las elecciones presidenciales estadounidenses, que tendrán lugar en noviembre. Con esto, el juicio penal contra Trump por incitar a la insurrección del 6 de enero de 2021 se retrasará aún más. El fallo pone fin a más de dos siglos de precedentes legales y, por primera vez, otorga a los presidentes de Estados Unidos una protección para no tener que rendir cuentas por sus actos ante el sistema judicial. “De un plumazo, esta Corte ha dejado al pueblo estadounidense básicamente a merced de los caprichos del presidente de Estados Unidos, sea quien sea el mandatario, pero particularmente me refiero al Sr. Trump “, plantea Donald Sherman, director ejecutivo y abogado principal de la organización Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW, por sus siglas en inglés). También hablamos con Lisa Graves, directora ejecutiva de la organización de supervisión True North Research, quien sostiene que el ala conservadora de la Corte Suprema ha dejado al país “sin anclaje en el Estado de derecho” al adoptar una perspectiva tan expansiva del poder presidencial. “Este es el dictamen más imprudente y peligroso jamás emitido por la Corte Suprema de Estados Unidos”, señala Graves.
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