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Un mes después del fallo de la Corte Suprema estadounidense que otorgó al expresidente Donald Trump una amplia inmunidad frente al procesamiento judicial por delitos cometidos en el ejercicio del Gobierno, el presidente Joe Biden ha presentado un plan de reformas para el tribunal supremo. La propuesta, anunciada por Biden el lunes 29 de julio, incluye limitar a 18 años el mandato de los jueces miembros, instaurar un código de ética vinculante y revertir la inmunidad presidencial. Lo que el plan no incluye es una ampliación del número de magistrados de la Corte Suprema. “Esto es muy significativo”, sostiene Jennifer Ahearn, asesora principal del Programa Judicial del Centro Brennan, con respecto al plan de reformas, pero señala que “políticamente, nos queda un largo camino por recorrer para que la opinión de la gente […] pueda verse realmente representada en los procesos de toma de decisión en Washington”. Ahearn analiza el impacto que podría tener el establecimiento de límites temporales a los mandatos de los magistrados, en particular en el hecho de acercar la Corte a “las problemáticas cotidianas” de la gente y reflejar mejor los resultados de las elecciones presidenciales que el sistema actual de mandatos vitalicios. La propuesta de Biden encontró impulso en las declaraciones públicas realizadas por la jueza Elena Kagan la semana pasada, quien expresó su apoyo a la implementación de un código de ética vinculante. Según el periodista de ProPublica Andy Kroll, esto muestra “cómo ha cambiado la conversación en torno a la reforma de la Corte Suprema” como resultado del escándalo ético que atraviesa la Corte actualmente. Kroll es integrante del equipo, galardonado con el Premio Pulitzer, que expuso que el juez Thomas no declaró regalos recibidos de parte de grandes donantes conservadores cuyos intereses personales estaban en juego por fallos del tribunal.
Para ver la entrevista completa en inglés, haga clic aquí.
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