La Corte Suprema de Carolina del Sur dictaminó el miércoles que la muerte por fusilamiento es un método legal de ejecución dirigido por el estado y que no constituye un “castigo cruel o inusual”, ya que los presos condenados a muerte también pueden optar por morir mediante electrocución o inyección letal. El fallo significa que el estado podría reanudar pronto las ejecuciones, que han estado suspendidas desde 2011. La delegación en Carolina del Sur de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles declaró al respecto: “La ejecución es una forma costosa e ineficaz de imponer un castigo cruel e inusual que no solo no aumenta nuestra seguridad, sino que también da pie a que el Estado mate a personas inocentes en nuestro nombre”.
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