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Amy Goodman y Denis Moynihan
Estados Unidos está atravesando una crisis constitucional que tiene escasos precedentes históricos. El presidente Donald Trump está intentando concentrar el poder público, a través de una serie de órdenes ejecutivas y decretos presidenciales que dictó en los primeros días de su gobierno. Trump ha designado al hombre más rico del mundo y la persona que más dinero aportó a su campaña presidencial, Elon Musk, para dirigir el “Departamento de Eficiencia Gubernamental” (DOGE, por sus siglas en inglés). Musk (a quien algunos actualmente llaman el “presidente X” en alusión a su red social, formalmente conocida como Twitter) es el mayor contratista del Gobierno estadounidense, sobre todo gracias a que su empresa SpaceX tiene el monopolio de los lanzamientos de las operaciones espaciales de la NASA y el Pentágono. Musk está desmantelando casi todas las agencias federales que han investigado, multado o intentado regular su imperio empresarial, al tiempo que evita que se investiguen posibles conflictos de intereses entre sus actividades económicas y su función en el Gobierno estadounidense.
Las más de 60 órdenes ejecutivas que Trump ha emitido desde que comenzó su segundo mandato han provocado la presentación de numerosas demandas. Estas acciones legales buscan frenar una serie de órdenes y decretos de Trump: su intento de suprimir el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento; su orden de congelar billones de dólares de fondos federales que ya han sido aprobados por el Congreso y convertidos en ley, incluidos la ayuda internacional, el financiamiento de la ciencia y las iniciativas federales de diversidad, equidad e inclusión en el ámbito laboral; el despido masivo de empleados y funcionarios públicos; sus ataques contra la comunidad inmigrante y las personas trans; y el acceso sin restricciones por parte del Departamento de Eficiencia Gubernamental a los registros privados de millones de trabajadores federales y ciudadanos estadounidenses comunes.
Muchos jueces federales han emitido diversas medidas judiciales para frenar, al menos temporalmente, la ofensiva del presidente Trump. El derecho constitucional estadounidense establece que, cuando un tribunal federal emite una orden, el presidente debe acatarla. En una conferencia de prensa que Trump y Musk brindaron el miércoles en el Despacho Oval, durante el momento de las preguntas, se le consultó al presidente si acatará las órdenes judiciales, a lo que el mandatario respondió: “Sí. Siempre acato las órdenes judiciales… y las apelaré”.
Un juez federal del estado de Rhode Island ordenó al Gobierno de Trump restablecer el financiamiento federal después de que 22 estados presentaran una demanda contra el congelamiento de fondos federales impulsado por el presidente estadounidense. Sin embargo, una semana después, el juez acusó a la Casa Blanca de no acatar su fallo. El magistrado rechazó la solicitud de Trump de permitir que el congelamiento de fondos federales permanezca vigente mientras dure el proceso de apelación. Según diversas informaciones, hasta este jueves 13 de febrero, los fondos no han fluido, por lo que el Gobierno federal está violando el fallo del tribunal.
El vicepresidente JD Vance, que estudió en la Facultad de Derecho de Yale, ha animado al presidente a desafiar las órdenes de la justicia. En respuesta a las numerosas medidas cautelares destinadas a suspender las órdenes ejecutivas de Trump, Vance publicó en la red social X:
“Si un juez intentara decirle a un general cómo llevar a cabo una operación militar, eso sería ilegal. Si un juez intentara ordenar a la fiscal general cómo ejercer el poder discrecional que le confiere su cargo, eso también es ilegal. Los jueces no pueden controlar el poder legítimo del Ejecutivo”.
La visión de Vance sobre el poder extremo del Ejecutivo no es nueva. En una entrevista que brindó en 2021, Vance, que vaticinó que Trump ganaría en 2024 las elecciones presidenciales, le dio el siguiente consejo al actual presidente estadounidense:
“Despida a todos y cada uno de los burócratas de nivel medio, a todos los funcionarios y empleados de la administración pública, y reemplácelos con nuestra gente. Y cuando los tribunales lo detengan –porque interpondrán demandas en su contra–, párese frente al país, como lo hizo Andrew Jackson, y diga: 'El presidente de la Corte Suprema ha dictado sentencia. Ahora, que la haga cumplir'”.
En 1829, Andrew Jackson se convirtió en el séptimo presidente de Estados Unidos, después de presentarse como un candidato anti-establishment que lucharía contra la corrupción y la aristocracia enquistada en el poder. Jackson, quien era considerado un héroe de la guerra anglo-estadounidense de 1812, tenía escasa educación formal, un temperamento temible y dos balas alojadas en su cuerpo, una de un duelo y otra de una pelea con Thomas Hart Benton, quien luego se convertiría en senador y aliado clave del séptimo presidente de Estados Unidos.
Además de su carrera política, Jackson,también era dueño de una plantación y esclavizaba a personas afrodescendientes. Cuando se convirtió en presidente, vendió algunos de sus esclavos, lo que desmembró familias enteras, y llevó a varios de ellos a trabajar a la Casa Blanca.
La cita de Jackson que Vance publicó en la red social X hace referencia a un fallo que la Corte Suprema de Estados Unidos emitió en 1832 en relación con el caso “Worcester contra Georgia”, el cual fue redactado por el entonces presidente del alto tribunal, el juez John Marshall. La Corte Suprema dictaminó que Georgia no podía imponer sus leyes en las tierras de la nación Cherokee, un territorio que dicho estado tenía intenciones de controlar. El fallo del alto tribunal presuntamente impulsó al presidente Jackson, que estaba del lado de Georgia, a proferir esa amenaza: “El presidente de la Corte Suprema ha dictado sentencia. Ahora, que la haga cumplir”.
Sin embargo, Jackson no necesitó desafiar el fallo del tribunal. En los años siguientes, como presidente, logró ampliar la corte y consolidar una mayoría que anuló los fallos emitidos por el juez Marshall. Esto le permitió a Jackson orquestar una de las mayores limpiezas étnicas en la historia de Estados Unidos, una campaña conocida como el “Sendero de las Lágrimas”.
Se estima que entre 1830 y 1850, unas 60.000 personas de las naciones indígenas Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Muscogee y Seminole fueron reubicadas por la fuerza en reservas situadas en lo que actualmente es el estado de Oklahoma. Unas 20.000 de ellas murieron en el camino o poco después de su reubicación. Este fue un episodio central del genocidio que el Gobierno de Estados Unidos perpetró contra los pueblos originarios.
Las amenazas de JD Vance de desafiar las órdenes judiciales, que recuerdan a los años oscuros que vivió el país bajo el mandato del presidente Andrew Jackson, constituyen una aciaga advertencia, al tiempo que la crisis constitucional provocada por Trump continúa siendo combatida en los tribunales y en las calles.
© 2025 Amy Goodman
Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
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