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El jueves 6 de febrero, una coalición de sindicatos presentó una demanda judicial que llevó al Departamento de Trabajo a aceptar no brindar ningún dato económico ni personal sensible al recientemente creado DOGE, Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido por el multimillonario donante de Trump Elon Musk. En su impulso para reestructurar gran parte del Gobierno federal estadounidense, el equipo de Musk ya ha obtenido acceso a archivos confidenciales y sistemas informáticos de otras agencias gubernamentales clave. “Lo que Elon Musk y su equipo están haciendo para acceder a los datos personales más importantes que hay en este país plantea grandes problemas”, explica Rob Shriver, ex director interino de la Oficina de Administración de Personal y actual asesor principal de la organización Democracy Forward, la cual presentó la demanda para proteger la información del Departamento de Trabajo.
Gracias a otras acciones judiciales también se logró revertir la orden ejecutiva del Gobierno de Trump que congelaba billones de dólares del presupuesto federal, extender el plazo de la oferta de retiro voluntario enviada a la mayor parte del personal del Gobierno federal para alentar renuncias a gran escala y, al menos parcialmente, se logró impedir que Musk accediera al sistema de pagos del Departamento del Tesoro. También hablamos con Robert Weissman, de la organización Public Citizen, quien califica las acciones de Musk como “una embestida autoritaria en diferentes áreas del Gobierno […] con el fin de acceder a información personal, vigilar al país, destruir las instituciones gubernamentales y promover sin restricciones los intereses de las corporaciones”.
Para ver la entrevista completa en inglés, haga clic aquí.
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