
En el estado de Dakota del Norte un jurado ha ordenado a la organización Greenpeace pagar más de 660 millones de dólares en calidad de daños y perjuicios en un juicio por difamación iniciado por la empresa Energy Transfer Partners, encargada de la construcción del oleoducto Dakota Access. La empresa, cuya sede central está en Texas, acusó a Greenpeace de promover acciones criminales al proporcionar capacitación y financiamiento para las manifestaciones lideradas por comunidades indígenas en Standing Rock. Greenpeace, junto a otras organizaciones sin fines de lucro, movimientos sociales y activistas, argumentó que esta demanda judicial es parte de un evidente plan de las corporaciones para destruir el derecho a la libertad de expresión. El abogado ambientalista y de derechos humanos Steven Donziger, quien formó parte del equipo independiente de observación que monitoreó el juicio, señala que éste se realizó deliberadamente en una región del país que tiene profundos vínculos con la industria de los combustibles fósiles. Además, Donziger señala que la mayoría de los miembros del jurado estaban conectados de alguna manera con dicho sector y tenían una “predisposición” a fallar a favor de la empresa Energy Transfer a pesar de la “narrativa falaz” presentada en el juicio. Greenpeace planea apelar el fallo.
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