Titulares20 de marzo de 2025

El Ejército de Israel ha vuelto a invadir la Franja de Gaza, donde ha recuperado el control del corredor Netzarim, que divide en dos el sitiado territorio palestino. Asimismo, las fuerzas armadas israelíes continúan bombardeando Gaza por tierra, mar y aire por tercer día consecutivo, después de que Israel rompiera unilateralmente el martes el acuerdo de alto el fuego en el enclave palestino.

El Ministerio de Salud de Gaza afirma que los nuevos ataques israelíes han matado a 710 palestinos, incluidos al menos 95 que han muerto desde la madrugada de este jueves. Entre los fallecidos se encuentra un bebé recién nacido. Un total de 900 palestinos resultaron heridos durante los ataques, la mayoría de ellos niños, niñas y mujeres. Algunas de las personas heridas murieron debido a la grave escasez de equipamiento médico que ha dejado el bloqueo total de Gaza por parte de Israel, que entró en vigor el pasado 2 de marzo.

Aviones israelíes lanzaron el miércoles panfletos sobre Beit Lahia y Beit Hanun, en el norte de Gaza, y partes de Jan Yunis, en el sur del enclave, ordenando una vez más a los residentes abandonar sus hogares. La orden afecta a miles de personas que ya habían sido expulsadas en varias oportunidades por el Ejército de Israel.

Jalal Dabbour: “Nos estábamos sintiendo seguros. No podíamos creer que recién empezábamos a tener estabilidad en nuestras vidas. Y, de repente, la situación cambió bajo la amenaza de la agresión israelí. Nos obligaron a abandonar Beit Hanun. Juro por Dios que no tenemos ningún refugio excepto en Beit Hanun. Habíamos empezado a tener cierta estabilidad en los 40 días que duró el alto el fuego”.

Naciones Unidas condenó el miércoles la muerte de uno de sus trabajadores a manos de Israel. Otras cinco personas resultaron heridas, varias de ellas de gravedad, en el ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo una instalación de la ONU en Deir al-Balah. El secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido que se realice una investigación exhaustiva sobre lo sucedido. El secretario general adjunto y director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, Jorge Moreira da Silva, dijo que las instalaciones de dicha organización internacional están ubicadas en una zona libre de conflicto que es “bien conocida por las Fuerzas de Defensa de Israel”.

Jorge Moreira da Silva: “En mi opinión, esto no fue un accidente. No puede catalogarse como accidente. Esto es, por lo menos, un incidente. Lo que está sucediendo en Gaza es inconcebible. Estoy conmocionado. Estoy conmocionado y devastado por esta trágica noticia”.

Un grupo de abogados ha creado una coalición internacional que buscará iniciar acciones legales contra ciudadanos israelíes con doble nacionalidad que sean acusados de haber participado en crímenes de guerra en Gaza. El Centro Internacional de Justicia para los Palestinos dijo que utilizará el derecho nacional e internacional contra militares y civiles israelíes, de modo que se “abarque toda la cadena de mando militar y política de Israel”.

Estados Unidos continúa bombardeando Yemen. El miércoles, Trump se comprometió a “aniquilar” a los combatientes hutíes después de que estos anunciaran que reanudarían sus ataques contra buques comerciales en el mar Rojo, luego de que Israel rompiera unilateralmente el acuerdo de alto el fuego en Gaza. Israel ha dicho que en la mañana de este jueves interceptó un misil que fue lanzado desde Yemen.

Miles de manifestantes de diferentes partes de Estados Unidos y del mundo están saliendo a las calles después de que Israel se retirara unilateralmente del acuerdo de alto el fuego en Gaza. Estas fueron las palabras expresadas por un manifestante que participó el miércoles en una protesta que se llevó a cabo en la capital de Túnez.

Fathi Abada: “Pedimos al pueblo árabe que salga a las calles y asuma sus responsabilidades históricas, porque Palestina es la fortaleza, la fortaleza de la lucha y el bastión de la tenacidad, y el pueblo yemení es el último muro de resistencia frente a la agresión estadounidense y sionista”.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el miércoles que está dispuesto a pausar sus ataques contra la infraestructura energética y los depósitos de combustible de Rusia, después de mantener una conversación telefónica con el presidente Trump. El compromiso de Zelensky se produjo un día después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, acordara de manera similar detener los ataques contra instalaciones energéticas ucranianas durante una conversación telefónica con Trump. Sin embargo, Putin rechazó una propuesta de alto el fuego de 30 días y enfatizó que cualquier acuerdo depende de que Estados Unidos y sus países aliados detengan por completo el envío de ayuda militar a Ucrania y el intercambio de información de inteligencia con el Ejército ucraniano.

Según se informa, durante la conversación que mantuvo el miércoles con Zelensky, Trump propuso que Estados Unidos tome posesión de las centrales nucleares de Ucrania, incluida la planta de Zaporiyia, la instalación de energía nuclear más grande de Europa, que actualmente se encuentra ocupada por Rusia.

Mientras tanto, Rusia y Ucrania intercambiaron el miércoles 175 prisioneros de guerra cada uno, en lo que fue uno de los mayores intercambios de prisioneros desde que el Ejército ruso invadió territorio ucraniano hace más de tres años. Algunos de los prisioneros de guerra habían estado recluidos en cárceles rusas desde el comienzo de la guerra.

Serhii: “¿Dónde no he estado preso? Estuve en Lugansk. Luego me enviaron a Baskortostán, muy lejos. Allí fue donde peor la pasé. Allí nos torturaron muy duramente. Sé de jóvenes que no sobrevivieron allí. Algunos incluso perdieron la razón”.

Un nuevo informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania de la ONU concluye que Rusia ha perpetrado ataques “generalizados y sistemáticos” contra la población civil de Ucrania, incluidas desapariciones forzadas y actos de tortura que constituyen crímenes de lesa humanidad.

En Estados Unidos, un jurado del estado de Dakota del Norte falló el miércoles en contra de Greenpeace y ordenó a la organización ambientalista pagar 667 millones de dólares en daños por difamación a la compañía Energy Transfer. La empresa de oleoductos, que presentó la demanda contra Greenpece, afirmó que esta organización planificó las históricas protestas que se llevaron a cabo en 2016 y 2017 en la reserva indígena Standing Rock, que fueron lideradas por defensores indígenas del agua y la tierra. El equipo legal que representa a Greenpeace está apelando el fallo. Estas fueron las palabras expresadas por Deepa Padmanabha, asesora legal de la organización ambientalista.

Deepa Padmanabha: “Esto no me sorprende. Cuando se analiza la demanda original y la versión revisionista de cómo surgieron las protestas en Standing Rock y el papel de Greenpeace, estamos frente a otro revisionismo histórico sobre las motivaciones de este caso y lo que simboliza el resultado. El fallo es un ataque a la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Es un ataque sumamente claro”.

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El presidente Trump tiene previsto firmar este jueves una orden ejecutiva para comenzar a desmantelar el Departamento de Educación, según lo han indicado fuentes oficiales. Si bien este departamento no puede cerrarse formalmente sin la aprobación del Congreso estadounidense, la orden de Trump reduciría aún más su plantilla, restringiría su autoridad y redistribuiría algunas de sus funciones clave, al tiempo que otorgaría más autoridad para la toma de decisiones a los estados y distritos escolares locales. El Gobierno de Trump ya ha reducido casi a la mitad la plantilla del Departamento de Educación.

El sindicato Federación Estadounidense de Maestros está demandando al Departamento de Educación del Gobierno de Trump por suspender las solicitudes de planes de pago de préstamos estudiantiles basados en los ingresos, que son utilizados por millones de prestatarios. El sindicato acusó al Gobierno de Trump de “congelar de forma efectiva el sistema de préstamos estudiantiles del país”.

Por otra parte, dos progenitores y una organización nacional que aboga por los derechos de las personas con discapacidad presentaron la semana pasada una demanda acusando a Trump y a la directora del Departamento de Educación, Linda McMahon, de sabotear la aplicación de los derechos civiles en el ámbito educativo al despedir de dicha agencia estadounidense a los investigadores y abogados que estaban a cargo de las denuncias relacionadas con discriminación en las escuelas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha eliminado una serie de directrices que explicaban cómo las empresas pueden cumplir con la histórica Ley para Estadounidenses con Discapacidades. Las directrices fueron eliminadas del sitio web de dicha ley, ADA.gov, que contaba con páginas que explicaban los requisitos de acceso que deben cumplir las tiendas y brindaban indicaciones sobre el uso de máscaras tapabocas a modo de protección contra la COVID-19.

En Estados Unidos, agentes federales de inmigración detuvieron esta semana a un investigador postdoctoral en estudios de paz y conflictos de la Universidad de Georgetown, a quien le dijeron que su visa fue revocada, y están intentando deportarlo. Badar Khan Suri es un ciudadano indio que posee una visa de estudiante. La esposa de Suri, Mapheze Saleh, sufrió en las últimas semanas ataques a través de internet por parte de sitios web a favor del sionismo. Saleh es una ciudadana estadounidense nacida en Palestina, hija de un exasesor político del Gobierno de Hamás, que actualmente está cursando sus estudios en la Universidad de Georgetown. El abogado que representa a Suri dice que ambos están siendo objeto de persecución por haberse pronunciado a favor de los derechos del pueblo palestino.

La Universidad de Pensilvania es la nueva institución educativa en la mira del Gobierno de Trump, que anunció que suspenderá 175 millones de dólares en fondos federales para dicho centro educativo por permitir que atletas transgénero compitan en deportes femeninos.

Esto ocurre al tiempo que, según se informa, la Universidad de Columbia está a punto de acceder a las nueve exigencias que Trump le impuso para que su Gobierno restablezca la financiación de 400 millones de dólares. Dichas exigencias incluyen: prohibir el uso de tapabocas, otorgar una mayor autoridad policial a los agentes de seguridad de la institución y llevar a cabo una intervención académica o supervisión externa en los departamentos de estudios de Oriente Medio, del Sur de Asia y de África. Trump ha fijado este jueves como plazo para que la Universidad de Columbia cumpla con sus exigencias.

El rector de la Universidad de Princeton, Christopher Eisgruber, está haciendo un llamamiento a las “universidades y a sus directivos para que alcen la voz y litiguen enérgicamente para proteger sus derechos”. En un artículo para la revista The Atlantic, Eisgruber califica el ataque de Trump contra Columbia como “la mayor amenaza a las universidades estadounidenses desde el 'temor rojo' de la década de 1950”. Eisgruber agregó al respecto: “El sólido financiamiento federal ayudó a que las universidades estadounidenses fueran las mejores del mundo, pero también creó un enorme riesgo”.

Mientras tanto, la Universidad de California dijo el miércoles que dejará de exigir declaraciones relacionadas con la diversidad en sus contrataciones y afirmó que congelará las contrataciones en todo su sistema, en medio de amenazas del presidente Trump de retener fondos federales.

En Estados Unidos, el juez federal de distrito Jesse Furman ha transferido el caso del activista palestino Mahmoud Khalil al estado de Nueva Jersey, donde será presidido por Michael Farbiarz, un juez designado por el presidente Biden. Furman ha allanado el camino para que Khalil permanezca en Estados Unidos y pueda objetar su arresto y los intentos del Gobierno de Trump de deportarlo por haberse manifestado a favor de los derechos del pueblo palestino mientras era estudiante de la Universidad de Columbia. Khalil, quien es titular de una tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos, fue arrestado en el distrito de Manhattan. Sin embargo, Khalil fue detenido en Nueva Jersey cuando sus abogados presentaron una demanda, y luego trasladado a una cárcel para inmigrantes de la localidad de Jena, estado de Luisiana.

El Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas ha iniciado una campaña en demanda de que las universidades de New Hampshire y Harvard cancelen los contratos de Jake Sullivan, exasesor de Seguridad Nacional del expresidente Biden, y Brett McGurk, excoordinador del Consejo de Seguridad Nacional para Medio Oriente y el Norte de África. El Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses dijo en un comunicado que ambos hombres “estuvieron cuatro años actuando como presidentes en la sombra y ejecutando atrocidades tras atrocidades en materia de política exterior, desde la fallida retirada de las fuerzas armadas estadounidenses de Afganistán, hasta la cercanía del presidente Biden con dictadores a los que se había comprometido a condenar y el horrible genocidio en Gaza”.

Una coalición de organizaciones y activistas por los derechos de las personas migrantes del estado de Nuevo México ha presentado una denuncia por violación de derechos civiles, advirtiendo que 48 personas han desaparecido después de una ola de redadas que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos llevó a cabo en las ciudades de Santa Fe y Albuquerque, y en la localidad de Roswell. Estas fueron las palabras expresadas por Rebecca Sheff, abogada de la delegación en Nuevo México de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles.

Rebecca Sheff: “Sabemos que la Constitución de Estados Unidos establece que la desaparición forzada es ilegal. Sabemos que la desaparición de personas también está prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos. Sabemos que cuando un Gobierno detiene a alguien y oculta lo que le ha sucedido o su paradero, eso es una violación de los derechos humanos”.

La coalición de organizaciones pide a los legisladores de Nuevo México que aprueben dos proyectos de ley para proteger a los residentes: la HB 9, Ley de Seguridad de Inmigrantes, y la SB 250, una ley que prohíbe el uso de recursos estatales y locales para hacer cumplir la ley federal de inmigración.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo estar apelando un fallo que la jueza federal de distrito, Ana Reyes, emitió el martes a fin de bloquear una orden ejecutiva de Trump que prohibía a las personas transgénero prestar servicio en las fuerzas armadas estadounidense. Reyes dictaminó que la prohibición generalizada, la cual calificó de “impregnada de animosidad”, viola la cláusula de protección equitativa de la Constitución de Estados Unidos.

El Pentágono ha eliminado, o reservado para luego ser eliminados, al menos 24.000 artículos de su sitio web, incluido contenido histórico sobre militares de color, mujeres y de la comunidad LGBTQ; así como páginas sobre la conmemoración de las víctimas del Holocausto, la concientización sobre el cáncer, la agresión sexual y la prevención de la muerte por suicidio. Una página sobre la carrera militar del pionero jugador de béisbol afroestadounidense Jackie Robinson que había desaparecido recientemente volvió a aparecer tras la reacción negativa que dicha eliminación recibió por parte de la sociedad.