Amy Goodman y Denis Moynihan
Jeanette Vizguerra comprende demasiado bien la injusticia inherente al sistema de inmigración de Estados Unidos. El lunes pasado, agentes del Servicio de Inmigración arrestaron a Jeanette frente a su lugar de trabajo, en el estado de Colorado. Según se informó, los agentes se le “reían en la cara” mientras la llevaban a una cárcel para inmigrantes de la ciudad de Aurora que es administrada por la compañía penitenciaria con fines de lucro GEO Group. Al cierre de esta edición, Jeanette permanece detenida y enfrenta una probable deportación.
Durante casi 30 años, Jeanette Vizguerra ha forjado una vida en Estados Unidos, donde se ha convertido en una destacada activista y referente comunitaria por los derechos de los inmigrantes y otras causas de justicia social. El arresto de Jeanette evidencia que la campaña de deportaciones masivas anunciada por el presidente Donald Trump tiene a los activistas como uno de sus principales objetivos.
Jeanette, su marido y su hija de seis años huyeron de México en 1997, después de que él fuera amenazado de muerte a punta de pistola. La familia se estableció en Colorado. Allí, Jeanette se desempeñó como organizadora sindical del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, por sus siglas en inglés); trabajó como voluntaria en la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado y en la organización American Friends Service Committee; y fundó las organizaciones activistas Dreamer’s Mothers in Action-Colorado, Abolish ICE Denver y Sanctuary4All. La activista realizaba todo esto al tiempo que trabajaba en numerosos empleos y daba a luz y criaba a otros tres hijos, todos ellos nacidos en Estados Unidos.
En 2009, Jeanette logró evitar su deportación luego de ser detenida en un control rutinario de tránsito. Años más tarde, en 2017, durante el primer Gobierno de Trump, fue sometida a un proceso de deportación y se refugió en una iglesia unitaria universalista de la ciudad de Denver, donde vivió con sus tres hijos pequeños durante algunos meses. Jeanette recibió en ese entonces una suspensión temporal de la expulsión del país, pero, cuando esta expiró en 2019, volvió a refugiarse. Durante el Gobierno de Biden, se le otorgaron a la activista nuevas suspensiones temporales de la deportación, pero estas han ahora expirado y la han dejado vulnerable a la campaña de deportaciones impulsada por Trump.
El martes, en medio de fuertes vientos que arrojaban una mezcla de lluvia helada y nieve, cerca de 100 manifestantes se congregaron en apoyo a Vizguerra frente a la cárcel para inmigrantes del GEO Group en Aurora, Colorado. Desde el interior del centro penitenciario, Jeanette logró dirigirse a la multitud a través de una llamada telefónica. En las afueras de la prisión, Luna Báez, una de las hijas de la activista, acercó su celular a un micrófono y Jeanette transmitió el siguiente mensaje:
“Tengo la esperanza de que voy a salir de aquí y voy a seguir mi lucha y la de los demás, porque aquí adentro también hay muchas injusticias. Tenemos muchas mujeres que sus casos no están siendo revisados y voy a tratar la manera de ayudarlas aún aquí en el confinamiento”.
Quienes conocen a Jeanette no se sorprenden de que ella siga con su activismo incluso tras los muros de la prisión.
Jennifer Piper, referente de la organización American Friends Service Committee, dijo a Democracy Now!: “Otra razón por la que Jeanette podría estar en la mira es por su larga trayectoria como líder [comunitaria]. […] Ella fue una de las primeras personas en el país afectadas por un proceso de deportación en hacer público su caso, en 2009, y expuso la crueldad de la maquinaria de deportación que existe en Estados Unidos. Sin importar quién haya estado o vaya a estar al frente del Gobierno, Jeanette siempre ha luchado y seguirá luchando por la justicia y por la dignidad de todas las personas”.
Piper afirmó que hay cada vez más miedo entre las personas migrantes debido a la forma en que el Gobierno de Trump está haciendo “desaparecer” gente.
Margaret Cargioli, abogada del estudio jurídico Immigrant Defenders Law Center habló con Democracy Now! y describió el caso de un inmigrante venezolano de la comunidad LGBTQ+ que se encuentra en proceso de solicitud de asilo. Fue solo después de que este solicitante de asilo a quien representa no se presentara el lunes a una audiencia de inmigración que Cargioli se enteró de que el Servicio de Inmigración lo había enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT, una tristemente célebre megacárcel de máxima seguridad situada en El Salvador. Según organizaciones de monitoreo en El Salvador, más de 350 personas han muerto, desde 2022, en las cárceles de ese país y las prácticas de tortura son habituales en el CECOT. Durante la conversación con Democracy Now!, Cargioli expresó su preocupación por el futuro de su defendido:
“Estamos seriamente preocupados por su bienestar y su seguridad. […] No se emitió ninguna orden de deportación. No hubo ninguna orden de expulsión del país. Fue enviado allí, [a El Salvador], de manera ilegal. Aún tiene pendiente una audiencia en el tribunal de inmigración, que está prevista para muy pronto. Y él tiene derecho a solicitar el asilo. Lo que ocurrió aquí es sumamente inusual y preocupante”.
El Gobierno de Trump ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para enviar al CECOT a más de 130 ciudadanos venezolanos acusados, sin pruebas, de ser miembros del grupo criminal Tren de Aragua. Dicha ley, de más de dos siglos de antigüedad, fue utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial.
Trump está utilizando al Gobierno ultraderechista del presidente salvadoreño Nayib Bukele como un brutal contratista de detenciones. Como ha sucedido con otras órdenes ejecutivas emitidas por Trump, esta también está siendo impugnada en los tribunales. El abierto desafío de Trump a la orden judicial dictada por el juez James Boasberg que impide el uso de la ley de 1798 para detener a personas migrantes está empujando a Estados Unidos a una crisis constitucional.
Las detenciones, deportaciones y desapariciones están intensificando el miedo en la comunidad inmigrante, lo que es, sin duda, uno de los principales objetivos de esta campaña del Gobierno de Trump.
A pesar de todo, Jeanette Vizguerra se mantiene firme.
Al respecto, Jennifer Piper dijo a Democracy Now!: “A lo largo de todo su caso, de toda esta batalla […], su lucha, su liderazgo y su comunidad han hecho posible lo imposible”.
Jeanette Vizguerra debería ser un ejemplo a seguir tanto para los ciudadanos estadounidenses como para quienes no lo son.
© 2025 Amy Goodman
Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
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