La semana pasada comenzó en Dakota del Norte un juicio civil que podría llevar a la quiebra a la ONG Greenpeace y amedrentar el activismo ambiental en medio de una crisis climática que se sigue profundizando. La demanda multimillonaria, iniciada por Energy Transfer, la empresa petrolera a cargo del oleoducto Dakota Access, acusa a Greenpeace de organizar, en los años 2016 y 2017, las manifestaciones masivas y el campamento de protesta en Standing Rock con las que se buscó detener la construcción del oleoducto. Si bien el levantamiento en Standing Rock fue liderado por defensores del agua indígenas, Energy Transfer está exigiendo a Greenpeace una compensación de 300 millones de dólares por daños, una cantidad que podría provocar el cierre efectivo de la organización en Estados Unidos. “Este juicio no solo desconoce de manera obvia y flagrante el liderazgo indígena y la resistencia indígena”, señala Deepa Padmanabha, asesora jurídica sénior de Greenpeace EE.UU. “También es un ataque a todo el movimiento [ambientalista] y a nuestros derechos consagrados en la Primera Enmienda, a la libertad de expresión y la protesta pacífica”.
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