La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una solicitud del Gobierno de Trump para mantener congelados 2.000 millones de dólares destinados a abonar actividades ya realizadas por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y la jueza Amy Coney Barrett se sumaron a las tres juezas liberales para conformar el voto mayoritario en este caso. Sin embargo, el dictamen no especifica cuándo se deben efectuar estos pagos, lo que permite al equipo de Trump seguir litigando por este tema en tribunales inferiores. Hablamos con dos integrantes del equipo que llevó esta demanda ante la Corte Suprema desde la organización AIDS Vaccine Advocacy Coalition (AVAC). La decisión del Gobierno de Trump de recortar unilateralmente la ayuda internacional, en particular el financiamiento clave para detener la propagación del VIH/SIDA, “sin una buena razón y sin una estrategia clara”, es un ilegal “abuso de poder del Ejecutivo”, señala el abogado Nicolas Sansone, quien se desempeña como abogado querellante en la demanda. “Hay gente que morirá” por esto, añade Mitchell Warren, director ejecutivo de AVAC. Warren repudia la “ignorancia deliberada” y el “desprecio por la ciencia” que promueven Trump y sus aliados, muchos de los cuales han apoyado, en el pasado, iniciativas bipartidistas para la promoción de la salud global.
Para ver la entrevista completa en inglés, haga clic aquí.
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