Titulares11 de abril de 2025

China ha anunciado que elevará del 84% al 125% los aranceles impuestos a productos de Estados Unidos, al tiempo que se intensifica la guerra comercial entre ambos países. La represalia de Pekín se produjo después de que Trump impusiera un arancel del 125% a China, que, según lo anunciado por el mandatario estadounidense, se suma al arancel del 20% que ya estaba vigente, por lo que los impuestos sobre productos chinos ascienden en total al 145%. El presidente chino, Xi Jinping, habló en la mañana de este viernes cuando se reunió en Pekín con el presidente español, Pedro Sánchez.

Narración de una presentadora de la Televisión Central de China: “China y Europa deben cumplir con sus responsabilidades internacionales, defender conjuntamente la tendencia de la globalización económica y el contexto comercial internacional, y trabajar juntos para oponerse al hostigamiento unilateral”.

Las bolsas de valores volvieron a desplomarse el jueves tras el repunte del miércoles, en medio de las crecientes preocupaciones sobre la escalada de la guerra comercial entre Trump y Pekín.

En la ciudad de Washington D.C., los senadores Adam Schiff y Rubén Gallego han pedido que se inicie una investigación federal sobre la posibilidad de que funcionarios del Gobierno de Trump y sus aliados hayan incurrido en tráfico de información privilegiada y manipulación del mercado en relación con los planes arancelarios del mandatario estadounidense. Estas fueron las palabras expresadas por el senador Schiff.

Senador Adam Schiff: “Es posible que hayan visto en la mañana de ese día que Trump publicó lo siguiente en redes sociales: 'Este es un buen momento para comprar'. Entonces, entre esa publicación y el anuncio de Donald Trump de que reduciría los aranceles a la mayoría de los países, excepto a China, la pregunta es: ¿Quién sabía lo que iba a hacer el presidente? ¿Y la gente que rodeaba al presidente compró y vendió acciones, sabiendo el increíble giro que el mercado estaba a punto de dar?”.

Entre quienes se enfrentan al escrutinio se encuentra la congresista de extrema derecha y aliada cercana de Trump Marjorie Taylor Greene, quien invirtió unos 750.000 dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos en las semanas previas al llamado “Día de la Liberación” de Trump, cuando el mandatario estadounidense anunció sus aranceles globales.

La Corte Suprema estadounidense ha ordenado por unanimidad al Gobierno de Trump que “facilite” el regreso de Kilmar Ábrego García a Estados Unidos, luego de que al residente del estado de Maryland se le negara el derecho al debido proceso antes de ser deportado al tristemente célebre Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT, de El Salvador, donde se han reportado violaciones contra los derechos humanos, incluidos el trabajo esclavo y la tortura. Ábrego García está casado y es padre de tres niños. La familia de Ábrego García huyó de El Salvador en 2011, cuando este tenía 16 años, después de que miembros de bandas criminales los extorsionaran y amenazaran con matarlo. El Gobierno de Trump admitió que Ábrego García fue trasladado a El Salvador debido a un “error administrativo”, pero argumentó que no podía traerlo de regreso a Estados Unidos debido a que ahora está bajo custodia del Gobierno salvadoreño.

El jueves, ninguno de los nueve jueces del tribunal discrepó de un fallo sin firma que rechazaba ese argumento y respaldaba la decisión de la jueza federal de distrito Paula Xinis, quien exigió al Gobierno de Trump “facilitar y efectuar” el regreso de Ábrego García. Sin embargo, el tribunal no fue claro sobre cómo se concretaría exactamente su regreso. García es uno de los al menos 278 hombres que han sido acusados de pertenecer a bandas criminales y trasladados por el Gobierno de Trump al CECOT sin el debido proceso. El Gobierno estadounidense ha basado en muchos casos sus acusaciones únicamente en el hecho de que los acusados tenían tatuajes.

Decenas de miles de personas han firmado una petición para boicotear a Avelo Airlines después de que la aerolínea de bajo costo firmara un acuerdo para realizar vuelos de deportación para el Gobierno de Trump. Esta semana, grupos de manifestantes se congregaron en el aeropuerto Tweed New Haven de Connecticut al tiempo que el fiscal general de dicho estado, William Tong, envió una carta a Avelo Airlines cuestionando su contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. En su carta, Tong dijo al respecto: “Avelo ha elegido libremente beneficiarse de estas atrocidades y facilitarlas. El estado de Connecticut tiene ahora la obligación de revisar esta decisión comercial”.

Una jueza federal del estado de Luisiana dictaminará este viernes si el Gobierno de Trump tiene motivos para deportar al activista propalestino graduado de la Universidad de Columbia Mahmoud Khalil, a quien el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas arrestó por ayudar a organizar las protestas a favor de Gaza que se llevaron a cabo en el campus de dicho centro educativo a pesar de poseer una tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos. Días antes del fallo de este viernes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, presentó un argumento escrito de dos páginas en el que reconoce que Khalil no tiene antecedentes penales y que Estados Unidos está tratando de deportarlo basándose únicamente en sus creencias.

En la Franja de Gaza, las fuerzas armadas israelíes mataron este viernes a al menos diez personas, incluidos siete menores de edad, en un ataque que se produjo cerca de la ciudad sureña de Jan Yunis. Por otra parte, al menos dos palestinos murieron en un ataque israelí contra Beit Lahia, en el norte de Gaza, donde se pudo ver a las fuerzas armadas terrestres de Israel haciendo estallar y demoliendo viviendas y negocios palestinos. Esto se produce al tiempo que el Ejército israelí está ampliando su llamada “zona de amortiguación”.

El asedio de Israel a la Franja de Gaza ha cumplido 40 días, después de que el Gobierno israelí rompiera el 2 de marzo el acuerdo de alto el fuego. La organización Médicos Sin Fronteras ha dicho que la situación actual de Gaza constituye una “muerte lenta” para los palestinos, quienes enfrentan una grave escasez de alimentos, agua y medicamentos.

Israel ha liberado a un prisionero palestino que estuvo detenido durante casi una década tras ser arrestado a los 13 años. En 2015, Ahmad Manasra fue arrestado y encarcelado después de haber tenido un altercado con dos israelíes cerca de un asentamiento ilegal de la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental. Los colonos sobrevivieron al ataque, Manasra fue brutalmente golpeado y atropellado por un conductor israelí, y su primo murió por disparos israelíes. Manasra fue declarado culpable de intento de asesinato a pesar de que en ese momento era un niño y no portaba ningún arma. Los familiares de Manasra esperan que este ahora pueda recibir tratamiento para los graves problemas de salud mental que desarrolló durante los nueve años y medio que estuvo en prisión.

Se han llevado a cabo nuevas protestas contra la guerra de Israel en Gaza. En el estado de California, doce personas fueron arrestadas el miércoles mientras bloqueaban el tráfico cerca de la base Travis de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Muchos vuelos que transportan armamento estadounidense a Israel han despegado de Travis, al igual que aviones que se utilizan para deportar a inmigrantes.

Mientras tanto, la policía británica arrestó al director de la filial de Greenpeace en el Reino Unido después de que activistas de dicha organización tiñeran de rojo un estanque de la Embajada de Estados Unidos en Londres para protestar contra dicho país por alimentar “una guerra indiscriminada en la que se han arrojado bombas sobre escuelas y hospitales, se han reducido barrios enteros a escombros, y se han destruido las vidas de decenas de miles de palestinos”.

Sudán presentó el jueves su caso de genocidio contra los Emiratos Árabes Unidos ante la Corte Internacional de Justicia.

Muawia Osman: “El apoyo logístico directo y de otro tipo que los Emiratos Árabes Unidos han brindado y continúan brindando a las Fuerzas de Apoyo Rápido y a los grupos armados afiliados a dicho grupo paramilitar ha sido y sigue siendo la principal fuerza impulsora de los actos de genocidio que se están llevando a cabo en la actualidad, que incluyen homicidios, violaciones, desplazamientos de población forzados, saqueos y la destrucción de propiedades públicas y privadas”.

Por su parte, los Emiratos Árabes Unidos han rechazado los cargos y han pedido al tribunal internacional que desestime el caso. La Corte Internacional de Justicia puede tardar años en emitir un fallo final en casos como este, pero puede dictar medidas de emergencia destinadas a evitar una mayor escalada.

El 15 de abril se cumplen dos años desde que comenzó la devastadora guerra entre el Ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Todas las partes en conflicto han sido acusadas de haber cometido crímenes de guerra y graves violaciones contra los derechos humanos. Un nuevo informe de Amnistía Internacional detalla que los combatientes de las Fuerzas de Apoyo Rápido utilizan la violencia sexual como arma de guerra contra mujeres y niñas de tan solo 15 años de edad.

El ministro de Defensa del Reino Unido ha pedido a otros países aliados de Ucrania que establezcan una presencia armada conjunta en territorio ucraniano para garantizar que se implemente cualquier futuro acuerdo de paz con Rusia. La reunión de la autodenominada “coalición de los dispuestos” se produce al tiempo que Ucrania ha acusado a Rusia de retrasar un acuerdo de alto el fuego y de estar preparando una “importante ofensiva militar”. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, se unirá por videoconferencia a sus homólogos en la reunión que se llevará a cabo en la ciudad de Bruselas, en medio de la incertidumbre sobre el apoyo de Estados Unidos a los planes de dicha coalición. El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, se encuentra este viernes en Rusia para mantener conversaciones con el Kremlin. Mientras tanto, también se espera que este viernes comiencen las conversaciones entre funcionarios estadounidenses y ucranianos sobre un acuerdo para que Ucrania entregue minerales a Estados Unidos a cambio de garantías de seguridad.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría republicana, aprobó el jueves un proyecto de ley que exige que los votantes presenten una prueba de ciudadanía estadounidense al momento de registrarse para votar en las elecciones federales. Según la Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad del Votante Estadounidense (SAVE, por sus siglas en inglés), los votantes tendrían que presentar un pasaporte, un certificado de nacimiento o documentos que demuestren que son ciudadanos estadounidenses, un requisito que, según los críticos, “privaría del derecho al voto a millones de personas”. La medida pondría definitivamente fin al empadronamiento de votantes por correo y a través de internet. Es probable que cualquier persona que haya cambiado su apellido después de casarse o por otros motivos no pueda votar si sus documentos de ciudadanía no coinciden con su documento de identidad actual. Asimismo, los votantes de las zonas rurales y de bajos ingresos tienen menos probabilidades de tener acceso a estos documentos. Se espera que el proyecto de ley no obtenga los 60 votos que necesita del Senado para ser aprobado.

El presidente Trump ha ordenado al Departamento de Justicia que investigue a dos funcionarios de su primer mandato que rechazaron públicamente sus afirmaciones falsas sobre que existió fraude en las elecciones presidenciales de 2020. Trump acusó de traición a uno de los exfuncionarios, el ex jefe de gabinete del Departamento de Seguridad Nacional Miles Taylor. El otro exfuncionario que está en la mira del mandatario estadounidense es Chris Krebs, quien fue jefe de seguridad cibernética de Estados Unidos. Trump también revocó las autorizaciones de seguridad de Taylor y Krebs. En redes sociales, Miles Taylor escribió al respecto: “Disentir no es ilegal. Ciertamente no es traición. Estados Unidos se dirige a un camino oscuro”.

Un grupo de demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos está presionando para que Elon Musk abandone la Casa Blanca antes del 30 de mayo, fecha que marca el final del mandato legalmente permitido de 130 días para los “empleados especiales del Gobierno”. Estas fueron las palabras expresadas por el congresista del estado de Texas Greg Casar.

Congresista Greg Casar: “Trump y Musk se han aprovechado de la designación del magnate como empleado especial del Gobierno para permitirle a este recibir más de ocho millones de dólares al día en contratos y subsidios del Gobierno federal, al tiempo que ignora nuestras normas sobre conflictos de intereses y canaliza cada vez más dinero para sí mismo y sus empresas”.

Los demócratas dicen que no se debe permitir a Musk ocupar un cargo como empleado especial del Gobierno durante al menos un año y que, para ello, el magnate debe antes deshacerse de sus empresas, incluidas Tesla y SpaceX.

Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votaron el jueves a favor de una propuesta presupuestaria aprobada por el presidente Trump y el Senado estadounidense, lo que permite que se acelere un plan que tiene como finalidad implementar un recorte impositivo de cuatro billones de dólares para los más ricos, así como un recorte de gastos de 1.5 billones de dólares que afectará en gran medida a servicios esenciales como los programas de asistencia nutricional y Medicaid, un programa público de salud que ofrece cobertura de atención médica a personas de bajos ingresos residentes en Estados Unidos.

En la República Dominicana, el número de personas muertas por el derrumbe del techo de un club nocturno de la ciudad de Santo Domingo ocurrido el martes asciende a 221. Entre las víctimas de la catástrofe se encuentran el querido cantante de merengue Rubby Pérez y dos exjugadores de las Grandes Ligas de Béisbol de Estados Unidos: Octavio Dotel y Tony Blanco.

En Nueva Zelanda, un proyecto de ley muy controvertido que habría redefinido los derechos de los indígenas maoríes ha sido rechazado. La medida, que intentaba reinterpretar el Tratado de Waitangi, provocó protestas generalizadas, tanto en las calles como dentro del Parlamento, que fueron encabezadas por legisladores indígenas.