Titulares15 de abril de 2025

El Gobierno de Trump ha redoblado su desafío a un fallo emitido por la Corte Suprema de Estados Unidos que ordena el retorno de un padre de familia del estado de Maryland que fue expulsado del país y enviado a El Salvador por lo que funcionarios de Trump describieron como un “error administrativo”. Kilmar Abrego García fue trasladado de forma ilegal el 15 de marzo y posteriormente encarcelado sin el debido proceso dentro del Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT, una tristemente célebre megacárcel salvadoreña conocida por actos de tortura y otras violaciones contra los derechos humanos. El presidente Trump recibió el lunes en la Casa Blanca al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para agradecerle personalmente por haber aceptado en su país a unas 300 personas que fueron expulsadas de Estados Unidos desde mediados de marzo, entre ellas Abrego García. En declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, Bukele, quien se ha autodenominado “el dictador más 'cool' del mundo”, afirmó que no tiene el poder para liberar a Abrego García.

Presidente Nayib Bukele: “No tengo el poder para devolverlo a Estados Unidos”.

Periodista: “Pero podría dejarlo libre en El Salvador”.

Presidente Nayib Bukele: “Sí, pero no voy a liberar… Quiero decir, no nos gusta mucho dejar libres a terroristas en nuestro país. De ser la capital mundial de los asesinatos pasamos a ser el país más seguro del hemisferio occidental. ¿Y usted quiere que retrocedamos y liberemos a criminales para volver a ser la capital mundial de los asesinatos? Eso no va a suceder”.

Durante las conversaciones mantenidas con el presidente salvadoreño, Trump afirmó que quiere enviar a El Salvador a algunos criminales violentos que son ciudadanos estadounidenses, y que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, está “estudiando la ley” al respecto. En un micrófono abierto, se escuchó a Trump decirle a Bukele: “Nuestros criminales locales serán los siguientes”, y luego agregar: “Van a necesitar unos cinco lugares más”.


En el estado de Maryland, grupos de manifestantes marcharon el lunes por el centro de la ciudad de Baltimore.

Martha Taylor: “Esto le puede pasar a cualquiera. Tenemos que preocuparnos por [la situación de] Kilmar Abrego García. Si él puede terminar desaparecido en una prisión como ha sucedido, si puede ser arrestado en la calle por un error administrativo, eso le podría pasar también a cualquier ciudadano, a cualquier persona. Y el presidente Trump dirá simplemente 'No puedo hacer nada'. […] Por eso creo que el fascismo ya ha llegado a Estados Unidos. Creo que ya no existe el Estado de derecho y que todos deben despertar y salir a las calles”.

El presidente Trump ha ordenado a las fuerzas armadas estadounidenses asumir el control de una estrecha franja de la frontera de Estados Unidos con México, que se extiende a lo largo de unos 3.200 kilómetros no contiguos, desde el océano Pacífico hasta el estado de Nuevo México. Con esta transferencia de tierra, el Gobierno de Trump busca evadir la legislación federal que prohíbe emplear a militares estadounidenses en la aplicación de la ley nacional, que incluye las funciones propias de los agentes de inmigración.

La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles informa que el Gobierno de Trump está planeando ampliar de manera significativa la red de centros de detención para inmigrantes, lo que incluye la apertura de nuevas cárceles migratorias en diez estados del medio oeste y la costa oeste de Estados Unidos. Estos planes se hicieron públicos gracias a una solicitud efectuada en virtud de la Ley de Libertad de Información. En un comunicado, la organización advirtió que la ampliación “promoverá los planes distópicos del Gobierno de Trump de deportar a nuestros vecinos y seres queridos inmigrantes”. La semana pasada, el periódico The New York Times informó que el Servicio de Inmigración de Estados Unidos ha solicitado nuevos contratos por un valor de 45.000 millones de dólares para compañías penitenciarias privadas, entre ellas GEO Group y CoreCivic, para la construcción y operación de nuevos centros de detención.

Autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron el lunes al estudiante palestino de la Universidad de Columbia Mohsen Mahdawi. Mahdawi, que tiene una tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos, fue arrestado en el estado de Vermont cuando se presentó a lo que le dijeron que sería una entrevista para presentar su examen de naturalización. El estudiante había expresado anteriormente su temor de que esta cita, programada antes de lo usual en el proceso típico de los trámites de ciudadanía, pudiera tratarse de una emboscada, y se comunicó entonces con los tres representantes de Vermont en el Congreso de Estados Unidos para expresarles su preocupación. Los tres legisladores condenaron el lunes la detención de Mahdawi. Al igual que Mahmoud Khalil, Mahdawi encabezó protestas en el campus de la Universidad de Columbia contra el genocidio en Gaza. En diciembre de 2023, durante una entrevista en el programa “60 minutos” de la cadena CBS, Mahdawi expresó:

Mohsen Mahdawi: “[Acusarnos] de antisemitas es injusto. La lucha por la libertad de Palestina y la lucha contra el antisemitismo van de la mano, porque la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes”.

En la ciudad de Nueva York, en la tercera noche de la Pascua judía, cientos de miembros de Voz Judía por la Paz y otras organizaciones se manifestaron el lunes frente a la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en protesta por la detención del estudiante palestino Mohsen Mahdawi.

Bridgette Bissonnette: “Mi nombre es Bridgette Bissonnette y tengo muchos familiares judíos que significan mucho para mí. Los principios del judaísmo están estrechamente relacionados con la lucha por la liberación de todas las personas; y esto constituye un movimiento. Este no es un movimiento que podamos deportar. Este no es un movimiento que implique odio. Este no es un movimiento que implique violencia. Entonces, la Pascua judía promueve la liberación de los pueblos. Y estamos aquí para que todos digamos: 'Nunca más; nunca más para nadie'”.

El Gobierno de Trump anunció que congelará 2.200 millones de dólares en subvenciones federales y 60 millones de dólares en contratos con la Universidad de Harvard. Esto ocurre después de que dicha universidad, miembro de la elitista agrupación de centros de estudios superiores Ivy League, desafiara la orden de Trump de eliminar todas las políticas de diversidad, equidad e inclusión y tomar medidas más enérgicas contra las protestas por los derechos del pueblo palestino, que incluyen reportar a estudiantes extranjeros ante las autoridades federales. En una carta enviada el lunes a la comunidad educativa, el rector de la Universidad de Harvard, Alan Garber, escribió: “La Universidad no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales. […] Ningún Gobierno, independientemente del partido que esté en el poder, debe dictar qué pueden enseñar las universidades privadas, a quiénes pueden admitir y contratar, ni qué áreas de estudio e investigación pueden seguir”.

En Gaza, las autoridades sanitarias palestinas afirman que, desde octubre de 2023, el número confirmado de muertes a causa de los ataques israelíes ha superado las 51.000. Asimismo, más de 10.000 personas están desaparecidas bajo los escombros y se presume que han muerto. En las últimas 24 horas, los ataques israelíes mataron al menos a 17 palestinos y dejaron heridos a otros 69. Entre las víctimas mortales se encuentran menores de edad y padres y madres desplazados que se refugiaban en tiendas de campaña situadas en la zona costera de al-Mawasi, cerca de Jan Yunis, cuando fueron bombardeados.

Bashir Al-Hamida: “Alrededor de la medianoche, un misil cayó sobre esta tienda de campaña donde se refugiaban mujeres y menores. Nos sorprendió el ataque. Hay varios mártires; niños y mujeres que estaban en las tiendas de campaña. Según las instrucciones del Ejército israelí, esta área era considerada una zona segura, pero nos sorprendió ver que no lo era. No hay ningún lugar seguro en la Franja de Gaza”.

Mientras tanto, en la mañana del martes, una delegación que está manteniendo negociaciones con Hamás afirmó que se está evaluando una propuesta de alto el fuego enviada por Israel a mediadores de Egipto y Catar, la cual incluye nuevas exigencias para que Hamás se desarme. Un portavoz de Hamás le dijo a la cadena Al Jazeera que esas exigencias “no merecían ni siquiera ser escuchadas”.

La ONU informa que ataques del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido en la región occidental sudanesa de Darfur mataron durante el fin de semana a al menos 300 personas que se encontraban en campamentos de refugiados. Entre las víctimas se encontraban menores de edad, así como diez trabajadores de ayuda humanitaria de la organización Relief International en Sudán. El domingo, las Fuerzas de Apoyo Rápido afirmaron haber tomado el control del campamento de refugiados de Zamzam. Se estima que otras 400.000 personas han sido desplazadas de la zona en los últimos días. Los alrededores de El Fasher se encuentran en medio de una situación de hambruna que afecta a cerca de 637.000 personas. Este martes se cumplen dos años desde que estalló la devastadora guerra civil entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido. Organizaciones de ayuda humanitaria advierten sobre la creciente crisis humanitaria que vive Sudán, que incluye el desplazamiento forzado de 13 millones de personas, numerosos informes de violencia sexual y por motivos étnicos, y una crisis alimentaria cada vez más grave. Estas fueron las palabras expresadas por Shaun Hughes, del Programa Mundial de Alimentos.

Shaun Hughes: “Todos estas dificultades se producen en un momento en que los recursos para la respuesta humanitaria a nivel mundial se están reduciendo. Sabemos que no es posible detener una hambruna solo con alimentos. También se necesita atención sanitaria. Se necesita agua. Se necesitan instalaciones de saneamiento. Por lo tanto, es necesario que la respuesta humanitaria cuente con un respaldo sólido para revertir esta situación y frenar la ola de hambruna”.

Los ministros de Relaciones Exteriores de varios países se reúnen este martes en Londres para discutir una vía diplomática destinada a lograr un alto el fuego en Sudán.

El funcionario del Departamento de Estado que supervisó el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha abandonado dicho departamento después de menos de tres meses en el cargo. Bajo la supervisión de Pete Marocco, más del 80% de los programas de la Agencia para el Desarrollo Internacional han sido cancelados y la mayor parte de su personal ha sido despedido. Los recortes ya han provocado muertes en algunos países, y los expertos en salud advierten que se esperan muchas más debido a los recortes en servicios esenciales, incluidas vacunas y otros servicios de atención médica preventiva. La semana pasada, el Programa Mundial de Alimentos calificó los recortes a la asistencia alimentaria de emergencia por parte de Estados Unidos como “una sentencia de muerte para millones de personas”.

La Casa Blanca ha solicitado al Congreso que recupere 9.300 millones de dólares de fondos previamente aprobados para la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la radiodifusión pública y otros programas. Eso incluye 1.100 millones de dólares en financiamiento federal para la Corporación para la Radiodifusión Pública, una empresa estadounidense sin fines de lucro financiada por los contribuyentes que proporciona fondos de contrapartida a medios de comunicación, incluidas la Radio Pública Nacional de Estados Unidos, la cadena de televisión PBS y las estaciones de radio y televisión comunitarias. En un comunicado, la Casa Blanca acusó a esos medios de comunicación de difundir “propaganda 'woke' radical disfrazada de 'noticias'”. Se espera que al regreso del receso de dos semanas del Congreso de Estados Unidos, los líderes republicanos retomen la petición de Trump de un proyecto de ley de rescisión para recuperar los fondos ya asignados, que solo necesita una mayoría simple para ser aprobado. El lunes, la Casa Blanca prohibió a los periodistas de la agencia de noticias Associated Press cubrir la reunión que Trump mantuvo con el presidente de El Salvador en el Despacho Oval, a pesar de que una orden judicial emitida la semana pasada prohibió al Gobierno de Trump castigar a la agencia por negarse a cambiar el nombre del golfo de México. Mientras tanto, Trump ha exigido que la Comisión Federal de Comunicaciones revoque la licencia de la cadena CBS y le imponga multas, luego de que el programa “60 minutos” de esta cadena emitiera reportes que criticaban a Trump.

En Nueva York, el lunes comenzó la selección del jurado en un nuevo juicio de un caso presentado por la exgobernadora del estado de Alaska Sarah Palin, quien demandó al periódico The New York Times y al exeditor de su página editorial por difamación. El periódico argumentó ante el tribunal que su editorial que vinculaba de manera errónea a Palin con un tiroteo masivo cometido en 2011 fue un error no intencional que se corrigió con rapidez.

Los empleados del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos se preparan para despidos masivos, ya que se espera que los planes de reducción de personal del Gobierno de Trump que afectarían a aproximadamente 100.000 trabajadores de esa agencia entren en vigor a finales de esta semana. El periódico The Washington Post informa que los recortes podrían eliminar casi una cuarta parte de la fuerza laboral de la agencia tributaria, incluida la eliminación de la Oficina de Derechos Civiles y Cumplimiento. Un análisis realizado por la organización humanitaria Oxfam Estados Unidos concluyó que los recortes al Servicio de Impuestos Internos podrían ayudar a los contribuyentes más ricos a evitar un promedio de 30 millones de dólares adicionales por día en impuestos. Este martes es la fecha límite para presentar la declaración de impuestos sobre la renta para ingresos personales. Un empleado del Servicio de Impuestos Internos declaró a la cadena de noticias CNN que “habrá un gran retraso en la atención, probablemente peor que durante la pandemia de COVID-19”.

Mark Zuckerberg testificó el lunes para defender el dominio de Meta en las redes sociales al tiempo que se iniciaba en Washington D.C. un juicio antimonopolio que ha generado gran expectación. El caso fue presentado por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, que alega que Meta, la empresa matriz de Facebook, creó un monopolio en las redes sociales cuando adquirió Instagram y WhatsApp. Si Meta pierde el juicio, podría verse obligada a vender esas plataformas. Meta ha estado bajo un nuevo escrutinio en las últimas semanas, ya que el libro de una exdirectora de políticas públicas de Facebook ha sido noticia internacional al exponer las prácticas de la empresa. Meta tomó medidas para impedir que la autora de “Careless people”, Sarah Wynn-Williams, promocionara su libro en Estados Unidos. Sin embargo, los esfuerzos de Meta para silenciar a Wynn-Williams no le impidieron testificar ante un panel del Senado la semana pasada. Entre otras cosas, Wynn-Williams reveló de qué forma Meta trabajaba con los anunciantes para dirigirse a los usuarios adolescentes, incluida la promoción de productos para perder peso y otros similares si los usuarios mostraban signos de inseguridad corporal. Wynn-Williams también detalló el uso de la censura por parte de Meta.

Sarah Wynn-Williams: “Vi a Meta trabajar mano a mano con el Partido Comunista Chino para construir y probar herramientas de censura personalizadas que silenciaban y censuraban a sus críticos. Cuando Pekín exigió que Facebook eliminara la cuenta de un destacado disidente chino que vivía en suelo estadounidense, lo hizo y luego mintió al Congreso cuando se le preguntó sobre el incidente en una audiencia del Senado”.