La Corte Suprema ha puesto en pausa el dictamen de un tribunal inferior que ordenaba al Gobierno de Trump garantizar el regreso inmediato de un hombre con permiso de residencia legal en Estados Unidos que fue “erróneamente” enviado a El Salvador. Este fallo le da a la Corte Suprema más tiempo para deliberar sobre el caso, mientras Kilmar Abrego García, quien el 15 de marzo fue expulsado de Estados Unidos a pesar de tener estatus de protección, continúa languideciendo en condiciones peligrosas en una prisión salvadoreña de máxima seguridad. El Gobierno de Trump afirma que no tiene poder para llevarlo de regreso a Maryland, donde se encuentra su familia. “Han mantenido su obstinación en cada paso del proceso”, dice el abogado de Abrego García, Simon Sandoval-Moshenberg, acerca de la defensa judicial del Gobierno. “Es ridículo que este caso esté en la Corte Suprema”.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo y expulsó a Abrego García en el marco de la invocación que hizo Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, una autoridad a la que puede recurrir en tiempos de guerra, que había sido utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial. En otro fallo vinculado a este tema, la Corte Suprema aprobó la expulsión de inmigrantes venezolanos por parte del Gobierno de Trump, pero aclaró que se debe dar a los afectados la oportunidad de impugnar su expulsión. Hasta ahora, los inmigrantes expulsados a El Salvador han sido detenidos sin pruebas claras y, en gran medida, se les han negado sus derechos jurídicos. Además, están presos en “megacárceles” salvadoreñas donde, con el “estado de excepción” vigente en el país, se han incrementado las violaciones a los derechos humanos. “Según el derecho internacional, estas situaciones constituyen desapariciones forzadas”, señala Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, una organización de derechos humanos con presencia en varios países de Centroamérica.
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