Continúa la tensión en Bolivia, el país más pobre de América Latina, y algunos temen que la situación derive rápidamente en un derramamiento de sangre o en una guerra civil. El Congreso boliviano intentará hoy sesionar para decidir quién gobernará tras la renuncia del presidente Carlos Mesa a principios de esta semana. Mesa abandonó el poder en medio de protestas masivas dirigidas por grupos que representan a la mayoría de la población indígena del país. Las protestas bloquearon grandes zonas del territorio nacional, incluyendo su capital política. La situación allí es tan volátil que el Congreso no logró reunirse, por lo cual los legisladores se dirigen hoy hacia Sucre, la capital histórica, para realizar sesiones de emergencia. El presidente saliente advirtió que el país podría estar al borde de la guerra civil. En una maniobra inusual, Mesa pidió públicamente al presidente del Senado boliviano, de derecha, que renuncie a su derecho constitucional de sucederlo. El político, Hormando Vaca Diez, dejó en claro que no pretende hacerlo y advirtió que si los manifestantes se oponen, podría haber derramamiento de sangre. Vaca Diez sugirió además que podría decretar el estado de sitio. En una declaración que preocupó a los analistas bolivianos, expresó que “estoy absolutamente convencido de que las fuerzas armadas nos apoyarán”.
Mientras tanto, el experiente analista Jim Shultz del Centro para la Democracia de Cochabamba informó que la embajada estadounidense mantiene conversaciones con Vaca Diez, contribuyendo a allanar el camino para que asuma la presidencia. Por otra parte, informó que antes de la renuncia de Mesa, se reunió con el embajador de Estados Unidos. Shultz indicó que “Vaca Diez es un aliado cercano del criticado ex presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada. Proviene de Santa Cruz, una región cuya reivindicación de autonomía contribuyó a que se desate la crisis. Vaca Diez se opone a la nacionalización del gas y el petróleo. Ya exhortó a Mesa para que gobierne utilizando las fuerzas militares para reprimir las protestas”.
Mientras tanto, grupos indígenas, sindicatos, trabajadores agrícolas y otros grupos que se lanzaron a las calles de Bolivia, prometieron resistirse a Vaca Diez y oponer “resistencia civil” a la policía y el ejército, en caso que el gobierno imponga el estado de sitio. Escuchamos a uno de los principales líderes de la oposición, el congresista Evo Morales.
“Si Hormando Vaca Diez asume la presidencia, en lugar de rechazar la sucesión constitucional, convocaremos a la resistencia unida y organizada contra el gobierno de Hormando Vaca Diez que solamente servirá a los intereses de las trasnacionales. Llamaremos a la desobediencia civil para exigir el respeto hacia Bolivia.”
Escuchábamos al líder de la oposición de Bolivia, Evo Morales, quien ha pedido la realización de elecciones anticipadas. Mientras el futuro del país permanece en vilo, continúan las protestas. Unos 26 mineros resultaron heridos por disparos de la policía y el alcalde de La Paz, Juan de Granado, anunció ayer que comenzaría una huelga de hambre como medida de protesta contra Vaca Diez. El alcalde habló ayer con al prensa:
“Somos más de 20 representantes de organizaciones de La Paz que comenzamos una huelga de hambre y llamamos a los residentes de la capital a que se solidaricen con nosotros. Decimos que Hormando Vaca Diez no puede ser Presidente de la República, porque representa la vieja forma de pensar y los bolivianos exigimos un cambio, una renovación y una transformación.”
Escuchábamos al alcalde de La Paz, Juan del Granado. La actual crisis en Bolivia se desató a partir de la resistencia popular al control extranjero de los recursos energéticos del país. Según datos del Departamento de Energía de Estados Unidos, las reservas de gas natural en Bolivia ascienden a 1,4 billones de metros cúbicos, es decir la segunda mayor reserva en América del Sur después de Venezuela. Veintiséis compañías de gas y petróleo tienen 70 licencias para operar en Bolivia. Si bien el control de los recursos naturales es el eje de las protestas callejeras, no es el único tema. En el centro del debate están también los derechos de las comunidades indígenas, que reclaman no solo la nacionalización de los recursos, sino también una democratización del gobierno que ponga fin a su exclusión.
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