Titulares16 de noviembre de 2007

En Pakistán, la líder de la oposición y ex Primera Ministra Benazir Bhutto fue liberada luego de tres días de arresto domiciliario. Bhutto debió permanecer en su casa de Lahore a causa de la represión de las protestas contra el estado de emergencia liderada por el Presidente, el general Pervez Musharraf. Bhutto descartó cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo con Musharraf para compartir el poder y está convocando a una “revolución popular” para derrocar a su gobierno. Su liberación tuvo lugar horas antes de que Musharraf juramentara a un nuevo gabinete, luego de que su mandato terminara oficialmente.
Musharraf seguirá en el poder mientras espera el fallo de la Corte Suprema sobre la impugnación de su victoria en las elecciones del mes pasado. Se prevé que el general obtenga una victoria en el caso, ya que despidió a los jueces que habían demostrado independencia.

En Irak, la fuerza de la ocupación estadounidense alcanzó una cifra sin precedentes. El Washington Post informa que el contingente de soldados estadounidenses ahora es de 175.000, el número más alto desde que comenzó la invasión estadounidense, hace cuatro años y medio. Se prevé que esta cifra disminuirá en los próximos meses.

El Ministro de Petróleo de Irak prevé que este país demorará varios meses en aprobar una ley sobre petróleo muy esperada. La medida está paralizada en el Parlamento debido a los desacuerdos sobre la distribución regional y la participación de empresas extranjeras. Hussain al-Shahristani habló en la cumbre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en Arabia Saudita, donde dijo que esta ley dejaría sin efecto cualquier acuerdo existente sobre petróleo firmado por el gobierno regional kurdo en el norte de Irak.

El Ministro de Petróleo iraquí, Hussain al-Shahristani, dijo: “Esos contratos no tienen validez para el gobierno de Irak, y le hemos informado y advertido a las empresas que son responsables de todas las consecuencias asociadas a la firma de dichos contratos e Irak no permitirá que su petróleo sea exportado de tal procedencia”.

Al-Shahristani también dijo que la cooperación de petróleo con Irán está avanzando, y que hay planes de suministrarle a Irán cien mil barriles de petróleo por día mediante un oleoducto ubicado en el sur.

Un tribunal federal de apelaciones de California rechazó los estándares de economía de combustible del gobierno de Bush para las camionetas y los vehículos utilitarios deportivos (SUVs, por sus siglas en inglés). El jueves, un panel de tres jueces impugnó la normativa establecida hace un año por considerar que no es lo suficientemente estricta en lo que refiere a la limitación de las emisiones de agentes contaminantes de estos vehículos, que contribuyen al calentamiento global. El tribunal ordenó al Departamento de Transporte que establezca nuevas normas. Dicha normativa fue cuestionada por una coalición de grupos ambientalistas y trece estados y ciudades.

Un manual secreto de la prisión de la Bahía de Guantánamo que fue publicado recientemente, indica que el Pentágono estableció como política oficial que se les negara a los supervisores del Comité Internacional de la Cruz Roja el acceso a los prisioneros. El manual, escrito en el año 2003, tiene instrucciones explícitas que obligan a los guardias a prohibir que los prisioneros lean el Corán y que los miembros de la Cruz Roja visiten a los reclusos, para “explotar la desorientación y desorganización que sienten los detenidos recién llegados”. El documento también autoriza a los guardias a prohibir las visitas de la Cruz Roja, incluso a los reclusos detenidos por largos períodos de tiempo. Los expertos legales dicen que la política podría representar una violación grave de las leyes humanitarias internacionales. Este documento fue publicado primero por el sitio web Wikileaks. El Pentágono no cuestionó su autenticidad, pero dijo que ahora los prisioneros pueden recibir visitas de la Cruz Roja.

En Capitol Hill, tanto el plenario de la Cámara de Representantes como el Comité Judicial del Senado aprobaron proyectos de ley que rechazan la inmunidad general de las empresas de telecomunicaciones que cooperaron con el programa de espionaje sin órdenes judiciales del gobierno de Bush. Estas medidas enmiendan la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés) y dejan el camino libre para que los tribunales decidan si las empresas de telecomunicaciones violaron la ley. El gobierno de Bush amenazó con vetar estos proyectos de ley.

El gobierno canadiense ordenó que se reviera la utilización de las pistolas de electrochoque luego de que se publicara un video que mostraba cómo la policía había utilizado una pistola Taser contra un hombre desarmado el mes pasado. Este incidente resultó en la muerte de Robert Dziekanski, un hombre de 40 años de edad que había viajado desde Polonia para vivir con su madre. Dziekanski se inquietó tras haber esperado a su madre por horas en un área de seguridad del Aeropuerto Internacional de Vancouver. Ella le había dicho que la esperara junto al área donde se recoge el equipaje, cuando en realidad primero tendría que haber pasado por la aduana para verla. Luego de esperar durante diez horas, Dziekanski tomó una mesita de madera y comenzó a comportase de manera irracional. La policía le dio una descarga eléctrica, lo que minutos después provocó su muerte. Paul Pritchard es el viajero que grabó el incidente.

Paul Pritchard dijo: “Básicamente se encogió de hombros, levantó sus manos y de cierta manera se rindió, por así decirlo. Había estado golpeando cosas, parecía que estaba admitiendo que había roto algo; señaló la computadora que estaba a su lado. Está bien. Hagan lo que tengan que hacer, obviamente. Arréstenlo o algo. Él sólo quería ver a su madre. Es decir, habían pasado como diez horas. Y le dispararon con una pistola Taser. En ese momento utilizaron la pistola Taser”.

Además de la revisión del uso de las pistolas Taser, la policía canadiense dice que está llevando a cabo otra investigación.

El principal panel de expertos en medio ambiente del mundo se prepara para publicar un nuevo informe sobre el cambio climático provocado por la actividad humana este fin de semana. Se espera que el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) resuma sus tres informes previos de este año que han hecho lobby a favor de los cambios drásticos para evitar una catástrofe ambiental. Uno de los miembros del panel, Kirsty Hamilton, dice que ahora hay pruebas irrefutables de que la actividad humana contribuye al calentamiento global.

Kirsty Hamilton dijo: “El informe del IPCC es muy importante, es su cuarto Informe de Evaluación, y ya han pasado 17 años desde que publicó el primero, por lo tanto es toda una generación de conocimiento científico y cada vez tienen mayor seguridad respecto a las observaciones que comenzaron a hacer mucho tiempo atrás, en 1990. Sin duda es una confirmación sólida para los gobiernos y todas las personas del planeta sobre la urgencia de este asunto”.

La publicación del informe tiene lugar en medio de acusaciones de censura. Esta semana el World Wildlife Fund acusó a las principales naciones contaminantes de suavizar el informe sobre el cambio climático para evitar que se tomen medidas.

Mientras tanto, las acusaciones de censura de un informe de cambio climático alcanzaron los pasillos del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian Institute en Washington. El Washington Post informa que los directores del museo tomaron medidas para restarle importancia al calentamiento global en una exposición de la Antártida para evitar las consecuencias políticas. El director del museo Cristian Samper impuso cambios de último momento en el guión de la exposición que generaron “incertidumbres científicas” acerca del cambio climático. La decisión tuvo lugar luego de que Samper demoró el proyecto durante seis meses, ordenó exámenes por parte de otros organismos del gobierno y le restó importancia a una discusión sobre cambio climático de la exposición.

En otra noticia sobre el medio ambiente, nuevas imágenes satelitales de la Costa del Golfo de México demuestran que los huracanes Katrina y Rita provocaron el mayor desastre forestal en el país jamás registrado hasta el momento. Investigadores de la Universidad de Tulane dicen que los huracanes mataron o dañaron alrededor de 320 millones de árboles en Mississippi y Louisiana. Los científicos prevén que la destrucción tendrá efectos significativos en el medio ambiente. Los árboles en deterioro enviarán la misma cantidad de carbono a la atmósfera que la cantidad eliminada por el resto de los bosques del país en un año de fotosíntesis. La pérdida de tantos árboles a la vez ha dejado grandes extensiones de tierra expuestas a especies agresivas que reemplazarán a las especies autóctonas y beneficiosas para el medio ambiente. El Washington Post informa que los intentos de detener el daño fueron dificultados por un programa federal ineficaz que ha gastado tan sólo setenta millones de dólares hasta el momento. James Cummins, del grupo conservacionista Wildlife Mississippi, dijo: “Este es el peor desastre ambiental en Estados Unidos desde el accidente del Exxon Valdez… y la mayor destrucción forestal de nuestro tiempo”.

El gobierno mexicano está expresando gran preocupación por el medio ambiente a raíz de los planes del gobierno de Bush de construir un muro a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos. En un nuevo informe, México dice que el muro que Estados Unidos se propone construir en la frontera provocaría graves daños ambientales, amenazando la sobrevivencia de cientos de especies de plantas y animales. El informe dice que los planes de Estados Unidos son “medievales”. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional Michael Chertoff dice que tiene la aprobación del Congreso para burlar las leyes ambientales y continuar con la construcción del muro.

Una empresa de energía estadounidense mencionada en un nuevo informe de los peores contaminadores del mundo es además una de las principales donantes del Presidente Bush. Según el Centro de Desarrollo Mundial, Southern Company está entre las dos peores empresas de servicios que contaminan en Estados Unidos y es la sexta contaminadora en el mundo. Una planta de Southern en Juliette, Georgia, emite más dióxido de carbono al año que todo el sector energético de Brasil. Los registros financieros indican que empleados de Southern Company han donado más de seis millones de dólares a las campañas republicanas desde 1990, incluso más de 200.000 dólares para la elección del Presidente Bush.

El Departamento de Policía de Los Ángeles anunció que cancelará un amplio programa de mapeo para identificar enclaves musulmanes en la ciudad. El plan provocó la indignación de algunos grupos islámicos y de grupos de libertarios civiles.

Un soldado que combatió dos veces en Irak fue arrestado por abandonar el Ejército sin permiso cuando intentaba buscar ayuda para tratar un desorden de estrés postraumático. El sargento Brad Gaskins dice que abandonó la base en agosto de 2006 porque no estaba recibiendo tratamiento efectivo de las Fuerzas Armadas. A Gaskins le habían diagnosticado desorden de estrés postraumático y depresión severa. El sargento dijo: “Simplemente no cuentan con los recursos para lidiar con esto, pero eso no es culpa mía”. Un estudio de CBS News descubrió esta semana que más de seis mil veteranos estadounidenses se autoeliminaron en 2005, lo que representa un promedio de diecisiete por día.

Mientras tanto, se negó un pedido de estatus de refugiados a dos miembros de las Fuerzas Armadas que huyeron a Canadá para evitar combatir en Irak. El jueves, la Corte Suprema de Canadá se negó a escuchar una apelación de Jeremy Hinzman y Brandon Hughey. Ambos afrontan hasta cinco años en prisión si son deportados a Estados Unidos.

Nuevas cifras revelan que Estados Unidos se convirtió en un paraíso para personas acusadas de ser criminales de guerra de todo el mundo. Según el Departamento de Seguridad Nacional, más de mil personas acusadas de crímenes como violación, homicidio y genocidio en el extranjero viven en Estados Unidos. El senador demócrata Richard Durbin, de Illinois, dice que la tortura es actualmente la única violación grave a los derechos humanos cometida en el extranjero que puede provocar el procesamiento de una persona que no tenga nacionalidad estadounidense en suelo de ese país. Durbin encabeza un intento del Congreso de incluir más delitos en dicha ley.

Un grupo de trabajadores estadounidenses empleados por diplomáticos extranjeros que viven en Estados Unidos presentaron una solicitud ante una comisión internacional para denunciar explotación y maltrato. Los trabajadores dicen que fueron obligados a trabajar en condiciones de esclavitud en los hogares de los diplomáticos de países como Bolivia, Bangladesh y Kuwait. Sus denuncias incluyen violaciones graves de los salarios y las horas de trabajo; situaciones prácticamente de encarcelamiento en los hogares de sus empleadores y maltrato físico y emocional. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles dice que llevó el caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos debido a que los diplomáticos gozan de impunidad en virtud de las leyes estadounidenses. En la solicitud se acusa a Estados Unidos de violar los tratados al no asegurar que se prohíba a diplomáticos que gozan de impunidad violar los derechos humanos.

En Nueva York, un grupo de estudiantes de la Universidad de Columbia que realizaban una huelga de hambre lograron una victoria en su intento de ampliar los estudios étnicos en su facultad. El jueves, los administradores de Columbia acordaron invertir cincuenta millones de dólares en ampliar la Oficina de Asuntos Multiculturales y cambiar el modo en que se enseña el requisito de las culturas. Los estudiantes acamparon en el centro del campus durante la semana de protesta.

Y en Australia, un juez determinó que cinco periodistas australianos fueron asesinados en forma deliberada por soldados indonesios en Timor Oriental hace 32 años. El corresponsal de la televisión australiana Greg Shackleton y su equipo habían ido a Timor Oriental para informar sobre la invasión indonesia. Se ha sabido durante mucho tiempo que fueron asesinados bajo las órdenes de generales indonesios para impedir que mostraran los asesinatos masivos de timorenses a manos de las Fuerzas Armadas indonesias. No obstante, no se presentaron cargos contra los soldados o generales implicados. Fiscales australianos dicen que tres oficiales militares indonesios podrían ser acusados de crímenes de guerra.