El gobierno de Bush lanzó una nueva ofensiva para evitar más defecciones republicanas con relación a la guerra de Irak. El martes, varios funcionarios del gobierno de Bush —entre ellos el Secretario de Defensa Robert Gates y la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice— exhortaron a los legisladores a que esperen hasta septiembre para tomar decisiones sobre Irak. Al menos cuatro republicanos se distanciaron de la Casa Blanca en las últimas semanas. Esto tuvo lugar mientras el Senado abrió un debate sobre una serie de medidas, que incluyen establecer una nueva fecha para la retirada. El Presidente Bush habló en Ohio, y le pidió más tiempo a los legisladores.
Bush también reiteró la conexión que hace el gobierno entre los atentados del 11 de septiembre e Irak, alegando que la guerra en Irak es una lucha contra “las mismas personas que nos atacaron el 11 de septiembre”. Una de las opciones consideradas por el Senado exigiría que comience la retirada de los soldados en los próximos tres meses.
Se están suscitando preguntas sobre qué tan lejos podrán llegar algunas propuestas demócratas. El Líder de la Mayoría del Senado, Harry Reid, admitió el martes que su plan podría dejar a “decenas de miles de soldados en Irak”.
Una encuesta reciente de USA Today/Gallup indica que más de siete de cada diez estadounidenses quieren que todos los soldados se retiren antes de abril del año que viene. El 62% de los encuestados sostiene que enviar soldados a Irak fue un error, el porcentaje más alto hasta el momento.
Mientras tanto en Irak, tres personas —entre las que se encontraba un soldado estadounidense— murieron en un ataque contra la Zona Verde controlada por Estados Unidos en Bagdad. Se cree que fue el ataque con mortero más letal que se haya producido en la Zona Verde. Dieciocho personas resultaron heridas.
En Pakistán, el conflicto en la Mezquita Roja de Islamamad parece estar llegando a su fin, luego de que soldados pakistaníes llevaron a cabo un asalto letal en el que murieron al menos cincuenta personas. El clérigo rebelde Abdul Rashid Ghazi se encontraba entre las personas que fallecieron. Hoy temprano continuaron los enfrentamientos, pero se dice que los soldados pakistaníes controlan la mayor parte del complejo. El gobierno pakistaní afirma que dio la orden de asaltar la mezquita luego de que fracasaran las negociaciones para poner fin a la crisis, que comenzó hace una semana. Los críticos dicen que se podría haber evitado este baño de sangre con un poco más de tiempo. El gobierno de Bush apoyó el asalto.
En los Territorios Ocupados, Hamas niega las acusaciones del Presidente palestino Mahmoud Abbas de que permitió que grupos vinculados con Al Qaeda ingresaran a la Franja de Gaza. Abbas hizo esta acusación el lunes, en una entrevista con la televisión italiana.
Abbas también dijo que no se reuniría con los funcionarios de Hamas hasta que esta facción no acepte devolverle el control de la Franja de Gaza. El martes, el Primer Ministro palestino destituido, Ismail Haniyeh, rechazó la acusación contra Hamas, y exhortó a Abbas a que acepte negociar.
La familia de la activista por la paz que fue asesinada, Rachel Corrie, le está solicitando a un tribunal federal de apelaciones que reintroduzca la demanda contra Caterpillar Inc. Corrie murió aplastada por una topadora de sesenta toneladas de Caterpillar mientras intentaba impedir que un soldado israelí demoliera una casa palestina en la Franja de Gaza, en marzo de 2003. La demanda de la familia Corrie señala que Caterpillar le vendió las topadoras al gobierno israelí a pesar de saber que iban a ser utilizadas para violar los derechos humanos. Cuatro familias palestinas cuyos integrantes murieron o resultaron heridos durante la demolición de casas por parte de Israel se unieron a los Corrie en el caso. La demanda fue desestimada en 2005, luego de que un juez de distrito apoyara el argumento de Caterpillar de que no es responsable por lo que las Fuerzas Armadas israelíes hagan con las topadoras.
En Afganistán, el número de muertos a causa del atentado suicida del martes en una provincia sureña aumentó a por lo menos diecisiete. Entre las personas que murieron se encontraban al menos trece niños.
En Italia, el juicio en rebeldía del soldado estadounidense acusado de asesinar al agente de inteligencia italiano Nicola Calipari continúa en Roma. Mario Lozano es acusado de dispararle a Calipari mientras escoltaba hasta el aeropuerto a la periodista italiana Giuliana Sgrena, que había sido liberada momentos antes. Los expertos en balística italianos concluyeron que el auto se desplazaba a velocidad normal y que la unidad estadounidense no emitió ninguna advertencia antes de abrir fuego. El martes, el abogado defensor de Lozano, Alberto Biffani, dijo que el tribunal italiano no tenía derecho a juzgar a su cliente.
Lozano está siendo juzgado en rebeldía. Giuliana Sgrena acusó al grupo de abogados defensores de querer estancar el caso. La próxima sesión del tribunal está programada para fines de septiembre.
En México, una arquitecta puso fin a más de dos décadas de silencio, cuando reveló que descubrió tres cuerpos que podrían pertenecer a personas asesinadas en la masacre perpetrada por el gobierno durante una protesta estudiantil en 1968. Los grupos de derechos humanos calculan que unas trescientas personas murieron cuando las fuerzas del gobierno abrieron fuego contra los estudiantes reunidos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Rosa María Alvarado Martínez dice que se encontraba trabajando en la remodelación del hospital contiguo en 1981, cuando los obreros descubrieron tres cuerpos enterrados en el suelo. Alvarado dice que mantuvo esto en silencio luego de que la policía amenazó con asesinar a su hijo si hablaba. El Presidente mexicano Felipe Calderón suscitó críticas por cerrar la oficina del fiscal especial que investigaba la masacre. El martes, el fiscal, Ignacio Carrillo Prieto, dijo que los restos debían ser exhumados e identificados.
En China, el ex funcionario de más alto rango de regulación de alimentos y fármacos fue ejecutado el martes. Zheng Xiaoyu fue el director de la Administración Estatal de Alimentos y Fármacos de China desde 1998 hasta 2005. Se descubrió que había aceptado cientos de miles de dólares en sobornos de empresas farmacéuticas para permitir el ingreso de al menos seis fármacos falsos al mercado chino.
En Estados Unidos, el primer cirujano general designado por el Presidente Bush habló en contra de lo que denomina “interferencia política de la Casa Blanca”. El Dr. Richard Carmona, quien hasta el año pasado se desempeñó como el principal médico del país —- cargo que ocupó durante cuatro años— afirmó el martes que funcionarios del gobierno censuraron sus discursos y le impidieron hablar públicamente acerca de temas como la investigación con células madre, el uso de anticonceptivos, la asistencia de salud en las cárceles y la promoción por parte del gobierno de la abstinencia como único elemento de la educación sexual. Carmona dijo: “No hay nada peor que ignorar la ciencia o marginar la voz de la ciencia por motivos políticos. La tarea de un cirujano general es ser el doctor de la nación, no el doctor de un partido político”. Carmona realizó los comentarios en una declaración ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. La semana que viene, el Senado tiene planeado analizar la nominación efectuada por el Presidente del Dr. James Holsinger como su sucesor. Holsinger ya provocó polémica por realizar lo que muchos consideran comentarios homofóbicos a principios de los noventa.
Especialistas en privacidad están alertando acerca del nuevo programa del FBI, que le pagaría a empresas privadas para que conserven millones de registros telefónicos y de Internet que el FBI tiene prohibido poseer. Las empresas serían responsables durante al menos dos años de los registros de llamadas y de Internet. El programa permitiría que el FBI evada leyes que prohíben recopilar datos que no están directamente vinculados a una investigación penal o a un asunto de inteligencia. Las empresas propuestas son Verizon, MCI y AT&T.
Los senadores demócratas tomaron medidas para suspender el financiamiento de la oficina del Vicepresidente Dick Cheney, debido a que éste se negó a cumplir con las leyes que rigen el manejo de información clasificada. Cheney intentó evadir normas de revelación de seguridad nacional, argumentando que su oficina no forma parte del Poder Ejecutivo. También intentó cerrar la oficina de supervisión que le solicitaba que cumpliera. El martes, el Comité de Asignación de Fondos del Senado tomo medidas para congelar casi cinco millones de dólares de financiamiento de la oficina de Cheney, hasta que el Vicepresidente abandone su negativa.
Varios candidatos demócratas anunciaron que participarán en el primer foro presidencial que se centrará en temas de homosexuales y lesbianas. El evento se realizará el nueve de agosto, y será conducido por el presidente de Human Rights Campaign (Campaña de Derechos Humanos) Joe Solmonese y la música Melissa Etheridge.
En otra noticia electoral, hay incertidumbre con respecto a la campaña del senador republicano John McCain, tras la renuncia de cuatro de sus principales colaboradores. El martes, el director de la campaña, Terry Nelson, y el principal estratega, John Weaver, anunciaron su renuncia. Se informó que Nelson y Weaver decidieron abandonar la campaña luego de una acalorada discusión con McCain, que se produjo cuando este regresó de su reciente visita a Irak. También abandonaron la campaña de McCain el director político, Rob Jesmer, y el subdirector de la campaña, Reed Galen.
Está programado que la ex directora política de la Casa Blanca, Sara Taylor, declare ante el Comité Judicial del Senado en la actual investigación de los despidos de nueve fiscales de Estados Unidos. El Presidente Bush invocó su privilegio ejecutivo para evitar que Taylor respondiera a las preguntas. En una declaración realizada hoy, Taylor dijo que seguirá las directivas de Bush a menos que un tribunal le ordene lo contrario.