El gobierno de Bush interpuso lo que está siendo descrito como una afirmación sin precedentes de la autoridad de la Casa Blanca, en sus esfuerzos para evadir las investigaciones sobre la destitución de fiscales estadounidenses. El Washington Post informa que la Casa Blanca insiste en que el Departamento de Justicia nunca podrá dar curso a los cargos por desacato presentados por el Congreso una vez que el Presidente invoque el privilegio ejecutivo. Los demócratas preparan medidas contra funcionarios y ex funcionarios del gobierno por la negativa de la Casa Blanca a entregar documentos y a permitir hacer declaraciones. La ley federal exige que las citaciones por desacato sean autorizadas por el fiscal estadounidense del Distrito de Columbia, pero la Casa Blanca dice que el Congreso no tiene autoridad para obligar a un fiscal estadounidense a presentar los cargos si el Presidente decide que el privilegio ejecutivo abarca las declaraciones o los documentos. Un alto funcionario del gobierno afirmó que la postura de la Casa Blanca hará que cualquier citación de desacato emitida por el Congreso sea “inútil y meramente un acto político”. En respuesta, el Presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Henry Waxman, dijo: “[Esto] es una burla al ideal de que nadie está por encima de la ley… Supongo que el próximo paso será simplemente disolver el Departamento de Justicia”.
Altos funcionarios de las Fuerzas Armadas y del gobierno anunciaron que el Congreso no debería evaluar la guerra de Irak hasta noviembre. El jueves, el comandante de las operaciones diarias en Irak, el teniente general Raymond T. Odierno, dijo que el informe del Pentágono que estaba programado para septiembre debería ser postergado, ya que sería muy pronto para evaluar las condiciones reales en el territorio. El Presidente Bush y los líderes republicanos reiteraron varias veces que el informe se publicaría en septiembre en sus pedidos de que el Congreso rechazara la legislación que establecía una fecha para una retirada parcial. La medida fracasó esta semana, luego de que los demócratas no lograran superar un bloqueo republicano.
Mientras tanto, el embajador estadounidense en Irak, Ryan Crocker, exhortó a los legisladores a que le resten importancia a los objetivos que establecieron cuando deban juzgar la guerra. Crocker habló desde Bagdad, y dijo que en muchos casos estos objetivos “no sirven como forma fiable de medir todo lo que es importante”. Crocker también dio su evaluación sobre la situación en ese país.
Mientras tanto en la Cámara de Representantes, el comité Fuera de Irak —que se opone a la guerra— anunció que no votará a favor de ninguna medida para la financiación del conflicto armado a no ser que el dinero se invierta exclusivamente en retirar a los soldados estadounidenses de Irak. En una carta enviada al Presidente Bush el jueves, setenta miembros del Congreso escribieron: “Estamos de acuerdo con la clara y creciente mayoría de la población estadounidense que se opone a las continuas operaciones militares estadounidenses en Irak por tiempo indefinido, y creemos que es imprudente e inaceptable que usted continúe imponiendo unilateralmente estos costos sorprendentes y la creciente deuda a los estadounidenses de hoy y a las futuras generaciones”. El congresista de Texas Ron Paul fue el único republicano que firmó la carta.
Un juez federal desestimó la demanda presentada por Valerie Plame Wilson y Joseph Wilson contra el Vicepresidente Dick Cheney y otros altos funcionarios del gobierno. El jueves, el Juez de Distrito John Bates dictaminó que Cheney, Karl Rove —el principal asesor de la Casa Blanca— y Richard Armitage —el entonces Subsecretario de Estado— no pueden ser responsabilizados por el descubrimiento de la identidad de Plame llevado a cabo por el gobierno. La demanda acusaba a la Casa Blanca de revelar la identidad de Plame en forma deliberada como represalia porque su marido había criticado públicamente los motivos del gobierno para invadir Irak. En una declaración, Joseph Wilson dijo: “Presentamos esta demanda porque estamos convencidos de que politizar la Inteligencia en definitiva sólo sirve para disminuir la seguridad de nuestra nación. La decisión de hoy es sólo el primer paso de lo que siempre supimos que sería una larga batalla legal”.
Menos de un mes después de que renunció a su cargo de Primer Ministro británico, Tony Blair comenzó su nuevo trabajo como el principal enviado del Cuarteto de Medio Oriente, integrado por Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la ONU. La función de Blair se limitará a imponer reformas al gobierno palestino. El ex Primer Ministro habló el jueves, en una reunión en Portugal.
El gobierno de Bush ya anunció que Blair no intentará poner fin a los ataques de Israel contra la Franja de Gaza o detener el crecimiento de asentamientos en Cisjordania, ni tampoco intentará ejercer presión para llegar a un acuerdo de paz definitivo. El primer anuncio de Blair fue para reiterar que el Cuarteto no se vincularía con Hamas, la facción que ganó las elecciones palestinas el año pasado.
El primer día de Blair como enviado especial del cuarteto para Medio Oriente tuvo lugar al tiempo que documentos revelados recientemente demuestran que el magnate de los medios, Rupert Murdoch, tenía amplio acceso a él cuando era Primer Ministro, una información que se desconocía anteriormente. Según la oficina del gabinete británico, Blair mantuvo seis conversaciones telefónicas con Murdoch en un período de veinte meses, todas en momentos críticos de su época como Primer Ministro. Tres de las conversaciones tuvieron lugar durante la semana anterior a la invasión de Estados Unidos y Gran Bretaña a Irak en marzo de 2003, e incluso una de estas llamadas fue realizada un día antes del ataque. Blair fue quien telefoneó a Murdoch en todos los casos. Murdoch tiene acciones en varios periódicos y en la cadena de noticias Fox News, que han apoyado fuertemente a la guerra de Irak. En sus diarios, el entonces director de comunicaciones de Blair, Alastair Campbell, dijo que el entonces Primer Ministro temía que los medios se enteraran de la influencia de Murdoch. Campbell escribió: “Era obsceno que incluso tuviéramos que preocuparnos de lo que [Murdoch] pensaba”. Un asistente de Campbell llamó a Murdoch “el miembro 24 del gabinete [de Blair]”. El gobierno británico había resistido durante mucho tiempo la publicación de los documentos pero finalmente cedió el día posterior a la renuncia de Blair, que se efectuó el mes pasado.
Murdoch está actualmente involucrado en una controvertida oferta para comprar el Wall Street Journal. La junta de directores de la empresa matriz Dow Jones apoyó el acuerdo, que ahora espera la aprobación definitiva de los accionistas mayoritarios. El jueves, el miembro de la junta de directores de Dow, Dieter von Holtzbrinck, anunció su renuncia debido a que la junta aprobó la venta. En una declaración, von Holtzbrinck dijo: “Estoy muy preocupado porque los singulares valores periodísticos de Dow Jones sufrirán profundamente a largo plazo luego de la venta propuesta”.
Documentos recientemente publicados demuestran que funcionarios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) eliminaron advertencias internas acerca de los peligrosos niveles de químicos tóxicos en las casas rodantes habitadas por evacuados del huracán Katrina. Varios correos electrónicos demuestran que los trabajadores de campo de la FEMA advirtieron que los evacuados estaban viviendo en medio de niveles de gas formaldehído potencialmente cancerígeno, que superaban en 65 veces al nivel máximo recomendado para trabajadores de Estados Unidos. 120.000 familias vivían en las casas rodantes, y cientos se han quejado de los efectos sanitarios. No obstante, los correos electrónicos demuestran que a los funcionarios de la FEMA sólo les preocupaba evitar cualquier tipo de responsabilidad legal con respecto a problemas de salud que pudieran sufrir los evacuados. Tres meses después de que las quejas se hicieron públicas, un funcionario de la FEMA escribió que abogados del organismo les habían aconsejado que no realizaran exámenes debido a que hacerlo “implicaría que la FEMA es responsable del problema”. El 15 de junio de 2006, el abogado de la FEMA Patrick Preston escribió: “No inicien ningún análisis hasta que les demos la aprobación…Cuando obtengan los resultados y en caso de que éstos señalen algún problema, el tiempo corre para que cumplamos con nuestra obligación de responderles”. Once días más tarde, un evacuado que se había quejado de los químicos fue hallado sin vida en su casa rodante. En una conferencia de prensa realizada posteriormente, los abogados de la FEMA rechazaron los pedidos de una investigación independiente de su muerte y de exámenes más extensos de las casas.
En Darfur, un equipo de geólogos internacionales dice que descubrió los indicios de un gran lago subterráneo que podría ayudar a poner fin a la masacre en ese lugar. Los investigadores dicen que el llamado “megalago” es de tres veces el tamaño de Líbano. Farouk el-Baz, del Centro de Detección a Distancia de la Universidad de Boston, dijo que la potencial fuente de agua podría ser la clave para la paz.
400.000 personas han muerto en el conflicto entre las milicias apoyadas por Sudán y los grupos rebeldes. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicado el mes pasado indicaba que los problemas ambientales generalizados son la raíz de la violencia.
El Secretario de Seguridad Nacional Michael Chertoff anunció que el gobierno tiene programado comenzar a construir un controvertido muro en Texas a fines de este año. En una entrevista con el Houston Chronicle, Chertoff dijo que no descartará utilizar sus facultades de dominio eminente para confiscar tierras en aras de construir el muro a lo largo de la frontera con México. Los planes para erigir un muro han provocado fuerte oposición local. Funcionarios dicen que esperan haber construido al menos 240 kilómetros de muro para fines del año próximo.
Y para finalizar, informamos que la Cámara de Representantes votó para rechazar el plan del Presidente Bush de recortar más de 400 millones de dólares en fondos para la Corporación de Radiodifusión Pública. La votación final fue de 357 votos contra 72.