Titulares22 de abril de 2009

Un informe explosivo del Congreso reveló nuevos detalles sobre el programa de torturas del gobierno de Bush para prisioneros extranjeros. Según el Comité de Inteligencia del Senado, funcionarios militares y de inteligencia comenzaron a desarrollar el programa de torturas en diciembre de 2001, mucho antes de que ningún sospechoso de alto nivel de Al Qaeda fuera capturado. Los funcionarios del gobierno de Bush han sostenido siempre que la aplicación de las denominadas “técnicas de interrogatorio incrementadas” estaba autorizada solamente en caso de que el interrogatorio común no lograra obtener información de inteligencia. El informe también muestra que el programa de torturas fue desarrollado mucho antes de que fuera aprobado legalmente en 2002 por los memorandos del Departamento de Justicia desclasificados la semana pasada. El informe identifica a altos funcionarios del gobierno de Bush relacionados con la tortura de prisioneros de Estados Unidos y afirma que “solicitaron información sobre el uso de técnicas agresivas” y “redefinieron la ley para crear la apariencia de su legalidad”.

El informe también documenta el papel de los psicólogos militares James Mitchell y Bruce Jessen en el desarrollo del programa de torturas. Un memorando redactado por Jessen en 2002 propone la creación de lo que denomina una “instalación de explotación” en la que los prisioneros serían sometidos a una serie de abusos prescriptos que incluían violencia física, privación del sueño y el submarino. Algunas de las técnicas se basaban en torturas utilizadas en cautivos estadounidenses durante la guerra de Corea. Jessen proponía que la instalación quedara fuera del acceso de observadores externos, incluida la Cruz Roja. Poco después de la redacción del memorando, Abu Zubaydah, sospechoso de pertenecer a Al Qaeda, fue enviado a una prisión de la CIA, donde fue sometido a intensas torturas. Hace mucho que los abogados de Zubaydah afirman que los memorandos del Departamento de Justicia fueron redactados en parte para autorizar en forma retroactiva las técnicas utilizadas en contra del prisionero.

Varios funcionarios del Ejército opusieron objeciones al desarrollo y enseñanza de técnicas de tortura. Y en una tendencia que se puede rastrear a la época de la campaña de la Casa Blanca para invadir Irak, un mayor del Ejército se quejaba de que los interrogatorios resultaban afectados por la insistencia en establecer un “vínculo entre Al Qaeda e Irak”.

En una declaración, el Presidente del Comité de Inteligencia del Senado Carl Levin afirmó que las nuevas pruebas señalan una línea directa entre altos funcionarios de Bush y los abusos en prisiones como la de Abu Ghraib. Levin declaró: “Altos funcionarios buscaron información sobre la utilización de técnicas abusivas aplicadas en los interrogatorios, estuvieron al tanto de ellas y las autorizaron… Tienen una gran responsabilidad en la creación de un marco jurídico y operativo para los abusos”.Levin solicitó al fiscal general Eric Holder que establezca una comisión de alto nivel para investigar a importantes funcionarios de Bush.

El informe se publicó horas después de que el Presidente Obama revirtiera el criterio relativo al procesamiento de los funcionarios del gobierno de Bush que redactaron los memorandos que autorizaban la utilización de torturas. La Casa Blanca previamente había afirmado que se oponía a toda acción legal en contra de los funcionarios que dieron cobertura legal a la tortura y a los interrogadores de la CIA que las llevaron a cabo. Pero el martes, Obama dijo que ahora no descartará las acciones legales contra los autores de los memorandos.

Presidente Obama: “En el caso de los que realizaron algunas de estas operaciones dentro del marco de las opiniones o asesoramiento legal proporcionados por la Casa Blanca, no creo que su procesamiento sea adecuado. En relación con los que adoptaron esas decisiones legales, diría que se trata más de una decisión del Fiscal General dentro del marco de varias leyes y no quiero prejuzgar al respecto. Creo que hay una gran cantidad de cuestiones muy complicadas en esto”.

En Ginebra, delegados a la Conferencia contra el Racismo de las Naciones Unidas adoptaron una declaración final el martes sin el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos y varios países occidentales más boicotearon la conferencia por temor a que en ella se criticara al gobierno israelí. El presidente de la Conferencia, Amos Wako, criticó el boicot.

Amos Wako dijo: “Lo que decidimos muestra el resultado de permanecer involucrado en el proceso, muestra que los boicots no ayudan y que uno puede participar constructivamente y llegar a un consenso”.

Cediendo ante las preocupaciones estadounidenses e israelíes, la declaración evita toda referencia al sionismo. En su lugar, reafirma un texto de la conferencia de 2001 que reconoce el derecho palestino a la autodeterminación y reclama un estado palestino junto al de Israel. El texto también insta a los firmantes a combatir todas las formas de racismo y menciona especialmente al antisemitismo, al racismo en contra de los árabes y a la islamofobia.

La declaración se realizó al otro día de que casi dos docenas de diplomáticos se retiraran del salón donde el Presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad daba un discurso, luego de que dijera que Israel era un “régimen cruel y represivo”. Según varios informes, Ahmadinejad omitió realizar comentarios preparados en su discurso en los que se negaba la existencia del Holocausto. En cambio, pareció reconocerlo y se refirió al “abuso del Holocausto”. Ahmadinejad había negado previamente el Holocausto nazi y cuestionado la cantidad de víctimas judías.

El nuevo Ministro de Relaciones Exteriores de Israel afirma que el gobierno de Obama sólo buscará iniciativas de paz con los palestinos si Israel da su aprobación. En sus primeras declaraciones exhaustivas desde que asumió el cargo, Avigdor Lieberman dijo: “Créanme, Estados Unidos acepta todas nuestras decisiones”. El Washington Post informa que el gobierno israelí le está diciendo ahora a Estados Unidos que condicionará toda disposición a iniciar conversaciones de paz con los palestinos a la política estadounidense en relación con Irán. El gobierno israelí hace mucho que aboga por las acciones militares en contra de Irán.

Una nueva encuesta revela que la mayoría de los palestinos e israelíes apoyarían una solución de dos estados. Según el grupo “One Voice”, el 74% de los palestinos y el 78% de los israelíes dicen que aceptarían el establecimiento de un estado palestino en Cisjordania y Gaza, junto a Israel. Líderes palestinos, entre ellos integrantes de Hamas, han aceptado la solución de dos estados. Sucesivos gobiernos israelíes han rechazado devolver los territorios palestinos y, en cambio, han extendido los asentamientos israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania mientras mantienen el poder sobre la franja de Gaza.

El Washington Post informa que los fiscales están considerando la posibilidad de retirar los cargos contra dos ex lobbistas a favor del gobierno de Israel acusados de violar la Ley de Espionaje. Steven Rosen y Keith Weissman, ex miembros del Comité de Asuntos Públicos entre Estados Unidos e Israel, son acusados de conspirar para obtener y revelar a periodistas y al gobierno israelí información nacional de defensa clasificada. La revisión se produce después de una serie de fallos judiciales que según los fiscales dificultarían las perspectivas de ganar un juicio, entre ellas, las de permitir que la defensa utilice información clasificada y la de obligar al gobierno a probar que los acusados sabían que estarían perjudicando a Estados Unidos. Los fiscales dicen que la revisión no tiene relación alguna con la reciente controversia en torno a la Congresista Jane Harman. Esta semana se supo que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por su sigla en inglés) había realizado escuchas de conversaciones telefónicas de Harman con un supuesto agente israelí en las que ella prometía ejercer presión para reducir los cargos de espionaje a cambio del apoyo de AIPAC en su intento de presidir el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

Registros recientemente divulgados muestran que algunos de los principales beneficiarios del rescate financiero federal siguen gastando millones en hacer lobby político. Según el Washington Post, las principales empresas beneficiarias del rescate financiero gastaron más de 10 millones de dólares en los primeros tres meses de este año y 22 millones de dólares en los últimos seis meses. El lobby comprende intentos de bloquear iniciativas como la de los topes a las retribuciones de los ejecutivos y nuevas regulaciones financieras.

El Fondo Monetario Internacional estima que los bancos e instituciones financieras perdieron una cantidad estimada en 4,1 billones de dólares durante la crisis financiera. De las pérdidas, 2,7 billones de dólares se originan en Estados Unidos. Al testificar en el Congreso, el Secretario del Tesoro Timothy Geithner dijo que la gran cantidad de activos tóxicos bancarios está limitando su capacidad para otorgar y obtener préstamos.

El Secretario del Tesoro Timothy Geithner expresó: “El costo del crédito es todavía muy alto. Los informes sobre préstamos bancarios muestran disminuciones significativas en los préstamos al consumo y en préstamos comerciales e industriales, aunque el refinanciamiento de hipotecas se ha recuperado considerablemente. Es posible que tengamos que adaptarlos y expandirlos con el paso del tiempo, pero representan la base de cualquier estrategia creíble para garantizar que el sistema financiero esté contribuyendo, y no perjudicando, a la recuperación económica”.

El martes en Nueva Jersey, se presentaron ante un tribunal federal los argumentos de un caso en el que se busca declarar inconstitucional la invasión estadounidense de Irak. Un veterano de la guerra de Irak y las madres de dos soldados presentaron la demanda en mayo pasado. Sostienen que el entonces Presidente George W. Bush violó la constitución por no haber declarado la guerra formalmente y haber atacado un país que no amenazó a Estados Unidos.

En Colorado, la Cámara de Representantes de ese estado aprobó una medida para abolir la pena de muerte. La medida se aprobó el martes por un solo voto de diferencia. El proyecto pasará ahora al Senado de Colorado.

El único pirata somalí sobreviviente del secuestro de un capitán de un carguero estadounidense ocurrido este mes fue acusado el martes en un juzgado de Nueva York. El pirata Abduhl Wal-i-Musi, de 19 años, se rindió antes de que los francotiradores de la Marina de Estados Unidos ultimaran a sus tres cómplices a bordo de su barco. Musi será juzgado como un adulto, a pesar de que su familia sostiene que solo tiene 15 años. Pareció llorar durante su comparecencia ante el juez. La abogada defensora Deirdre Von Dornum describió a Musi como “joven y aterrorizado”.

Deirdre Von Dornum dijo: “Es posible que al Juez Peck le haya parecido que es mayor de edad, pero como pueden ver es extremadamente joven, está herido y aterrorizado. Nos satisface tener la protección de la Constitución de Estados Unidos, y que el gobierno haya optado por hacerlo comparecer en una audiencia pública y no en una prisión secreta o sujeto a cualquier otra forma de procedimiento no público”.

La Suprema Corte emitió un fallo que dificulta aún más a la policía la realización de requisas de autos sin orden judicial. El jueves, los jueces aprobaron por cinco votos contra cuatro que la policía debe obtener una orden judicial para registrar un auto si el sospechoso no se encuentra dentro del vehículo y no representa una amenaza para nadie.

Y hoy es el Día de la Tierra. Millones de personas en todo el mundo participarán en eventos a favor de la protección del medio ambiente. Un nuevo informe de la agencia de ayuda Oxfam advierte que los grupos de ayuda se verán desbordados en los próximos seis años por personas afectadas por desastres climáticos. Se espera que más de 375 millones de personas se vean afectadas cada año hasta 2015, lo que representa un aumento con respecto a las 250 millones de personas que lo son en la actualidad. Oxfam reclama más apoyo para los grupos de ayuda con el propósito de compensar los daños. Oxfam sostiene: “No hay nada inevitable en un futuro en el que más cantidad de personas morirán y se convertirán en indigentes por los desastres naturales y los conflictos”.