Titulares14 de enero de 2010

No se conoce aún la cifra de víctimas fatales del devastador terremoto de Haití pero se teme que supere los cien mil fallecidos. Los cadáveres yacen en las calles en medio de edificios derruidos y se siguen escuchando los gritos de gente enterrada bajo los escombros. La situación es cada vez más grave, ya que hasta ahora no hay un plan coordinado de rescate y la ayuda llega en cuentagotas. Sigue la búsqueda desesperada de sobrevivientes, pero los rescatistas carecen de equipos y a menudo se valen de sus propias manos. Gran parte de Puerto Príncipe, la capital, ha sido arrasada, y decenas de miles de personas han quedado sin hogar. La infraestructura de la ciudad sufrió un golpe de incalculables proporciones en hospitales, escuelas, hoteles y mercados que se desmoronaron. La mañana siguiente al terremoto, el Presidente Barack Obama prometió lo que denominó apoyo “inquebrantable” de Estados Unidos.

El Presidente Obama declaró: “Ordené a mi gobierno que responda con un esfuerzo rápido, coordinado y agresivo para salvar vidas. El pueblo de Haití contará con el pleno respaldo en el esfuerzo urgente para rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros y entregar ayuda humanitaria, alimentos, agua y medicamentos que los haitianos necesitarán en los próximos días”.

La Cruz Roja afirma que aproximadamente tres millones de personas podrían estar necesitando socorro inmediato.

En Afganistán, las Naciones Unidas dicen que el año pasado fueron asesinados más civiles que en ningún otro período desde que comenzó la invasión liderada por Estados Unidos en 2001. Según la misión de la mencionada organización en ese país, más de 2.400 personas murieron en 2009, lo que significa un aumento del 14% con respecto a 2008. Los atentados vinculados con los talibanes son la causa de la “inmensa mayoría” de las muertes. El informe sale a luz luego de las cifras publicadas esta semana, según las cuales tres mil civiles murieron en ataques violentos en Pakistán el año pasado.

En el Congreso, cuatro altos ejecutivos de bancos comparecieron el miércoles ante un comité que investiga las causas de la debacle financiera. El Director Ejecutivo de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, dijo a la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera que “se había sentido confiado” en la supervivencia de Goldman durante los momentos más álgidos de la debacle y sugirió que el rescate financiero de miles de millones de dólares aportados por los contribuyentes quizá no había sido necesario. El Presidente de la Comisión, Philip Angelides, respondió: “Me inquieta su incapacidad para aceptar la probabilidad o certeza de que su compañía no hubiera podido sortear la tormenta si no fuera por el ‘gran despliegue de ayuda federal’”.

La Corte Suprema prohibió que un tribunal federal trasmitiera un controvertido juicio sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Este juicio evaluará la constitucionalidad de la Proposición 8, que prohíbe el matrimonio homosexual en California. Los opositores al matrimonio homosexual se manifestaron en contra de la trasmisión pública de este juicio, alegando que temían ser hostigados. La decisión de la corte fue de cinco votos contra cuatro, y la Jueza Sonia Sotomayor se unió al bloque liberal de la corte.

Activistas por la paz en Olympia, Washington, presentaron una demanda civil por el espionaje llevado a cabo por un informante de las Fuerzas Armadas estadounidenses que se infiltró en su grupo. Documentos desclasificados obtenidos por los grupos Students for a Democratic Society (Estudiantes para una Sociedad Democrática, en español) y Port Militarization Resistance (Resistencia contra la Militarización del Puerto, en español) revelaron que un hombre que todos conocían como “John Jacob” en realidad era John Towery, miembro del Force Protection Service (Servicio de Protección de las Fuerzas, en español) de Fort Lewis. Cuando DemocracyNow!military reveló esta noticia en julio del año pasado, uno de los activistas, Brendan Maslauskas Dunn, dijo que el mismo Towery había admitido el espionaje.

Brendan Maslauskas Dunn dijo: “Él admitió que sí nos había espiado. Que se había infiltrado entre nosotros. Admitió que le dio información a una red de inteligencia, que, como usted mencionó anteriormente, estaba integrada por docenas de agencias de seguridad, que comprendían agencias municipales, del condado, del Estado, regionales, y varias agencias federales, entre ellas la de Inmigración y Control de Aduanas, la Fuerza Conjunta contra el Terrorismo, el FBI, la Agencia de Seguridad Nacional y el Ejército en Fort Lewis”.

La revelación de este espionaje también dejó al descubierto la obtención y trasmisión de información sobre los activistas por parte de la Fuerza Aérea, la Policía federal del Capitolio, la Guardia Costera y la policía local y estatal. Además de acusar a Towery, la demanda incluye a varios funcionarios de la ciudad y de la policía de Olympia, así como también a un oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos.

Un alto negociador para asuntos climáticos de Estados Unidos afirmó que espera que las Naciones Unidas queden fuera de las futuras conversaciones sobre el calentamiento global. El miércoles, el Enviado Especial Adjunto de Estados Unidos para el Cambio Climático, Jonathan Pershing, dijo que la escala de las conversaciones sobre el clima hacía necesario reconsiderar el papel de las Naciones Unidas. Pershing se refirió a las objeciones del bloque del ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de nuestra América), que impidieron un acuerdo en Copenhague.

Jonathan Pershing declaró: “¿Dónde estaban? Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Cuba. Estos países son parte del ALBA. Un grupo que ve este proceso no tanto como una solución al cambio climático sino más bien como un mecanismo de redistribución de la riqueza mundial. Y no les gusta el hecho de que esto no hizo eso. No lo hizo, y se oponen a ese hecho. Bueno, sorpresa, el resto del mundo no lo quiere hacer así. Pero no pudieron alcanzar un acuerdo porque este grupo, este estrecho grupo, lo impidió”.

Pershing sostiene que las conversaciones futuras deberían centrarse en los mayores contaminadores del mundo en lugar de canalizarse a través del proceso de las Naciones Unidas. Declaró: “Es (…) imposible imaginarse una negociación de una enorme complejidad en una mesa donde hay 192 países participando en todos los detalles”.

En Israel y los Territorios Ocupados, dos destacados organizadores palestinos de las protestas en contra del muro de separación israelí en Cisjordania fueron liberados de prisión. Mohammad Othman estuvo detenido por Israel durante casi cuatro meses. Jamal Juma, quien ha liderado la Campaña “Stop the Wall” desde el año 2002, estuvo detenido sin cargos en su contra durante prácticamente un mes.

Mientras tanto, un periodista estadounidense podría ser deportado de Israel luego de que se le negó el ingreso al país. Este periodista, Jared Malsin, es el editor de lengua inglesa de la agencia de noticias palestina Maan. Fue detenido esta semana tras arribar en el aeropuerto de Ben Gurion, en Israel. En una declaración, el Comité para la Protección de los Periodistas dijo: “Israel no puede ocultarse detrás del pretexto de la seguridad para marginar a los periodistas que no han hecho nada más que mantener una línea editorial que a las autoridades no les agrada”.

Y un juez federal dictaminó que el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York discriminó intencionalmente a aspirantes afroestadounidenses al continuar utilizando pruebas que se sabe dejan a estos aspirantes en desventaja. El Juez federal de Distrito Nicholas Garaufis dictaminó en julio del año pasado que el uso de estas pruebas representaba una forma de discriminación racial. La Ciudad de Nueva York tiene el departamento de bomberos con menor diversidad de todas las grandes ciudades de Estados Unidos. Este departamento está integrado por aproximadamente un 90% de personas blancas, a pesar de que los afroestadounidenses y los latinos componen la mayoría de la población de la ciudad. Los expertos legales le dijeron al New York Times que este fallo es el primero en los últimos tiempos en responsabilizar a una ciudad por discriminar a un gran grupo de personas en el lugar de trabajo.