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En momentos en que la Cámara de Representantes tiene previsto votar la Ley de intercambio y protección de datos de inteligencia a través de Internet (CISPA), quienes se oponen a la misma sostienen que la ley permitiría a las empresas privadas de Internet, como Google, Facebook y Microsoft, entregar registros y comunicaciones confidenciales de los clientes a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), al FBI y al Departamento de Seguridad Nacional, legalizando de manera efectiva un programa secreto de vigilancia doméstica que en la práctica la NSA ya usa. Los partidarios de la medida afirman que la misma es necesaria para que las empresas privadas puedan tomar medidas enérgicas contra organizanismos extranjeros —incluidos los gobiernos de China y Rusia— que cometen actos de espionaje económico a través de Internet. El proyecto de ley tuvo una oposición generalizada desde sectores defensores de la privacidad en Internet e incluso del gobierno de Obama, que amenazó con vetarlo. ”CISPA va a crear una excepción de todas las leyes sobre privacidad que existen, de modo que las empresas puedan entregar información personal muy sensible directamente al gobierno y a organismos militares como la Agencia Nacional de Seguridad”, afirma Michelle Richardson, asesora legislativa de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU). “Una vez que el gobierno tenga esa información, podrá reutilizarla para muchas cosas, entre ellas para fines de seguridad nacional no definidos”.
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