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El Senado está cerca de aprobar la extensión de algunas medidas controvertidas, cuyos críticos consideran que permitirán vigilar los correos electrónicos y llamadas telefónicas de ciudadanos estadounidenses sin una orden judicial. El Comité Selecto de Inteligencia del Senado ha votado la prórroga de polémicas enmiendas a la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en Inglés) cuyo vencimiento estaba previsto para fines de este año. “Lo que estamos pidiendo es que detengan este proceso y antes de retomarlo, se pregunten: ¿Qué tipo de información se está recogiendo? ¿Cuántos estadounidenses están siendo afectados? ¿Qué está haciendo el gobierno con esa información?”, comenta Michelle Richardson, de la Union Estadounidense por las Libertades Civiles, que ha demandado al gobierno estadounidense por sus prácticas de vigilancia, argumentando que a través de las mismas las agencias gubernamentales estarían habilitadas a interceptar sus comunicaciones con clientes y fuentes en el extranjero. También nos acompaña William Binney, que trabajó en la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) durante casi 40 años, incluyendo un período en que se desempeñó como director técnico del Grupo de Análisis Geopolítico y Militar Mundial. Desde que se retiró de la NSA en 2001, Binney viene advirtiendo que el programa de recopilación de datos de la NSA ha llegado a ser tan amplio que podría “crear un Estado orwelliano”. “Esta es una continuación de la absurda legislación que nuestro Congreso ha estado promulgando sólo para justificar lo que han estado haciendo durante una década o más”, dice Binney. “En lugar de responder a sus deberes como funcionarios [y] defender la Constitución, han decidido violar las libertades civiles y los derechos de todos los ciudadanos de Estados Unidos”. El Senado también tiene estipulada próximamente la votación de la Ley de Intercambio y Protección de Información de Inteligencia Cibernética (CISPA, por sus siglas en inglés), un proyecto de ley que es rechazado por numerosas organizaciones de defensa de las libertades civiles y de la privacidad.